Chile

Si no somos capaces de proteger el medioambiente ante la intervención humana, será la naturaleza la que se encargue de hacerlo. No obstante, esto no quiere ser comprendido por el gobierno y una parte del empresariado, que fragilizan y sobrecargan la de por sí ya débil institucionalidad ambiental chilena, para, en contextos de pandemia, viabilizar proyectos resistidos por las comunidades que habitan los territorios y por todas aquellas personas que creen en la importancia de los derechos humanos, indisolublemente ligados a los de la naturaleza.

Tras el daño provocado al humedal por el proyecto "Construcción de Costanera Sur de la Laguna Señoraza- Laja" finalmente la Corte de Concepción acogió la reposición y decreta la Orden de no Inovar (ONI), la cual ordena la paralización de las obras ejecutadas sobre el humedal por la empresa Manque Ltda. Esto luego de que abogados y abogadas, en conjunto con organizaciones socioambientales interpusieran una acción legal para paralizar la obra que daña el importante ecosistema.

Solo a metros de las viviendas de la comunidades Mapuche Williches de la costa de Isla Llanchid, en Hualaihue, se están instalando jaulas salmoneras de la empresa Caleta Bay, que además es acusada por las organizaciones locales de destruir el tejido social, dividir a la población y generar el gran temor de contaminación de los bancos naturales de mariscos, que son alimento clave para las familias.

A mediados de mayo se admitió la Reclamación en el Tercer tribunal ambiental de Valdivia contra el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) por la aprobación de un proyecto de piscicultura salmonera de La empresa Sociedad Comercial Agrícola y Forestal Nalcahue Ltda., que pretende ampliar sus instalaciones en el Río Chesque de la comuna de Villarrica, en medio del rechazo de diversas familias y comunidades del territorio.

La politóloga y coordinadora de política y regulación de Chile Sustentable, Pamela Poo, acusó este domingo la existencia de una «letra chica», en términos ambientales, en el denominado «acuerdo covid» alcanzado este domingo por el Gobierno de Piñera y algunos partidos de Oposición.

11 de Junio del 2020 | Desde el 1 de abril está vigente la Consulta pública del Servicio agrícola y ganadero (SAG) sobre la resolución exenta que «Establece normas para la importación, siembra confinada, permanencia y acondicionamiento de material de propagación genéticamente modificado», en otras palabras, busca el establecimiento de nuevos criterios para el cultivo de transgénicos en Chile.

Desde la Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas de Chile, RAP-Chile, hemos participado en la Consulta Pública del Servicio Agrícola y Ganadero, SAG, manifestando nuestro total rechazo a la nueva resolución sobre organismos genéticamente modificados, más conocidos como transgénicos. Asimismo, reiteramos nuestra solicitud a las autoridades para que establezcan la moratoria a la introducción de los cultivos transgénicos (OGM) destinados al mercado interno. 

Ante la aprobación de la conciliación entre el Consejo de Defensa del Estado (CDE) y Compañía Minera Nevada SpA (filial de la transnacional Barrick Gold) en juicio de reparación de daño ambiental por destrucción de vegas altoandinas y llaretas madrepóricas en la zona de construcción del proyecto minero binacional Pascua Lama, como comunidad organizada del Valle del Huasco, de manera enérgica y con preocupación, declaramos lo siguiente a la opinión pública: