Bolivia

En Bolivia, el gobierno de Evo Morales está decidido a revertir las tierras que no sean explotadas además de implementar el control social en el proceso de saneamiento

En julio de 2004, más del 89% del la ciudadanía apoyó la nacionalización de los hidrocarburos mediante referéndum. El gobierno de Mesa miró a otro lado y la decisión no se aplicó nunca. En mayo de 2005, una nueva ley subió los diferentes impuestos a las empresas privadas, del 18% de antes al 50% y no en todos los campos. Esta postura resultó insuficiente para la sociedad civil

La “nacionalización de la tierra” en Bolivia amenaza con reactivar la ofensiva autonomista del rico oriente boliviano. Los cruceños reclaman que sea su departamento el que defina la política de tenencia de la tierra. Entre once y catorce millones de hectáreas cultivables son susceptibles de ser redistribuidas

"Nuestros derechos están siendo olvidados, desconocidos, ignorados, violados por los gobiernos y por particulares. Nuestras culturas están siendo sometidas, discriminadas y excluidas. Nuestras comunidades y territorios siguen siendo avasalladas, saqueadas y destruidas, por grandes empresas que invierten mucho dinero y se llevan mucho más"

¡Manifiesto de redes, campañas, movimientos sociales y organizaciones brasileñas en apoyo al pueblo boliviano! Los movimientos sociales, organizaciones, redes y más entidades, reconocen el derecho del pueblo boliviano de controlar sus riquezas naturales y de iniciar, con el gobierno Evo Morales, la reconstrucción de su identidad nacional y popular ¡La soberanía no se discute, se respeta!

Luego de nacionalizar los hidrocarburos. La tierra improductiva que no cumpla una función social y económica será expropiada y redistribuida a los indígenas y campesinos. De esta manera el presidente boliviano cumple otra promesa de campaña

La ilegal empresa EBX pretende destruir este ecosistema y empobrecer más a sus habitantes, con la complicidad de autoridades locales

El empresario brasileño Eike Batista dueño de la empresa EBX, principal accionista de la Termo Pantanal y socio de la Río Tinto en el Polo Siderúrgico de Corumbá se encuentra en el centro de atención por la presión que ejerce para obtener la licencia ambiental de los hornos de procesamiento de hierro en base a carbón vegetal que ilegalmente ha construído en la frontera con Brasil