Bolivia

El cultivo de la quinua, que ancestralmente ha resistido las condiciones extremas del Altiplano Sur y ha sostenido la economía de los habitantes de esta agreste región, está ante un riesgo inminente debido a dinámicas productivas orientadas a la exportación.

La revisión del itinerario y el contexto –sobre todo de comercio exterior agroalimentario- hacia la libre importación agroalimentaria en Bolivia, permite analizar la actual política de soberanía alimentaria en el país.

El modelo soyero, principal responsable de la extranjerización de la tierra y de la dependencia productiva y comercial campesina continúa en expansión. Más del 70% de la superficie cultivada está en manos de propietarios extranjeros –principalmente brasileros– y sólo el 30% es de productores bolivianos.

La corporación suiza Glencore, una de las mayores comerciantes de minerales, petróleo y granos a escala mundial, se ha buscado un adversario infrecuente: Bolivia. El pasado 22 de junio el Gobierno boliviano les nacionalizó la mina de zinc y estaño de Colquiri.

Se está desarrollando la Consulta “previa” en el TIPNIS, y el instrumento operativo para la misma - el Protocolo de la Consulta – recién es dado a conocer de manera “oficial” aunque restringida a ciertos círculos de confianza del gobierno y a potenciales veedores del proceso que lleva adelante.

Los proyectos de ley sobre minería a debate en Bolivia dejan en evidencia que el oficialismo no toma en cuenta las propuestas de los pueblos indígenas al tratar cuestiones que los afectan, advirtió el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (Conamaq).

"El gobierno debería tomar la iniciativa y acabar con el conflicto del TIPNIS de un plumazo: declarando la suspensión indefinida del proceso de consulta, hasta que se den las condiciones para el mismo, tal y como estableció el propio Tribunal Constitucional Plurinacional."

La IX Marcha Indígena propone conformar un Consejo Nacional de Defensa del TIPNIS y convoca a todo el pueblo boliviano a unificar esfuerzos para nutrir y plantear una iniciativa Legislativa Popular para dejar sin efecto la Ley N. 222 y otras normas que violentan los derechos individuales y colectivos y las demandas históricas de los pueblos indígenas.