Un proyecto de ley para prohibir el trigo transgénico en Santa Fe

Se presentó un proyecto de ley para prohibir el cultivo del trigo transgénico HB4 en Santa Fe. Su autora, la diputada provincial Matilde Bruera (Partido Justicialista), afirma que “es central para la política” debatir este organismo genéticamente modificado (OGM). La iniciativa, que ingresó a la Cámara Baja de la Legislatura provincial el 25 de agosto, se fundamenta en argumentos científicos sobre la afectación a la salud, al ambiente y convoca a promover la agroecología. Desde la Multisectorial Paren de Fumigarnos sostienen que sería un hito que Santa Fe ponga un freno al trigo transgénico,  evento que está judicializado en Buenos Aires.

El trigo HB4 fue creado por la científica Raquel Chan de la Universidad Nacional del Litoral y del Conicet. Es comercializado por la empresa Bioceres/Indear, radicada en Rosario, y promocionado como resistente a la sequía. Lo que no dicen sus impulsores es que esta semilla es además resistente al glufosinato de amonio, un agrotóxico más potente y cuestionado que el glifosato. "Es una lástima que se utilice al Conicet y a la Universidad Nacional del Litoral para intereses privados, porque esto es lo que ha hecho Bioceres", sostiene la diputada Bruera.

Según  un informe del Ministerio de Agricultura y de Indear, en 2021 se cultivaron en Santa Fe 4023 hectáreas y se cosecharon 8320 toneladas de trigo transgénico. Sin embargo, la empresa aún no informó dónde se radican esos campos.

Bruera agrega que “la utilización de este trigo significa un paso atrás en materia de restricción del uso de los agrotóxicos. Eso es grave porque no solo no se ha restringido el uso de agrotóxicos ni se propicia la agroecología sino que estaríamos incorporando una toxicidad mayor”. 

La iniciativa presentada por la legisladora fue redactada en conjunto con organizaciones socioambientales de la provincia, entre ellas la Multisectorial Paren de Fumigarnos. Carlos Manessi, integrante de ese espacio, se mostró conforme con la presentación: “Impulsaremos este proyecto porque es en beneficio de todos”.

En los próximos días el proyecto será tratado en la Comisión de Medioambiente y Recursos Naturales. Su presidenta es la diputada Érica Hynes (Partido Socialista). Su posicionamiento al respecto es conocido: en 2020 celebró públicamente la aprobación del trigo HB4 por parte de la Nación.

Un modelo sin grietas y una deuda pendiente

Para Manessi, respecto al modelo agroindustrial, no hay grietas: "La política es la misma, gobierne el Frente de Todos o Juntos por el Cambio, y Santa Fe está dentro de ese marco. Durante el gobierno del Frente Progresista hubo promoción de la agroecología, pero cuando entró (el gobernador Omar) Perotti desarmó todo eso”.

El integrante de Paren de Fumigarnos destaca la importancia de la producción santafesina en términos agrícolas. Por eso, considera, si como provincia se tuviera una política de preservar la salud y el ambiente, tendría un gran impacto. "Sería muy importante que tengamos una nueva ley de agroquímicos o una ley que prohíba la siembra del HB4, marcaría un rumbo para la producción agrícola en Argentina”, afirma. 

Este nuevo debate se enmarca en una deuda que el Poder Legislativo de Santa Fe tiene desde hace años: la reforma de la  Ley 11.273, que regula el uso de agroquímicos. La misma se sancionó en 1995, un año antes de que se aprobara la soja RR en Argentina, con el consiguiente aumento del uso de plaguicidas. El proyecto de reforma se presentó en seis oportunidades;  en 2019 logró la media sanción de Diputados pero fue cajoneado por el Senado. “Hay una resistencia a restringir el uso de los agrotóxicos, pese a los graves problemas en la salud que manifiestan las personas afectadas. Hoy hay experiencias exitosas, incluso económicamente, en relación a la agroecología. O sea que se podría limitar el uso de agrotóxicos y avanzar en ese tipo de producción que es más aceptable para la salud de las personas y para el ambiente”, sostiene Bruera. 

—¿Por qué no prospera la reforma?

—Por los intereses económicos de quienes no quieren resignar este tipo de producción extractivista. 

—¿Qué expectativas tiene respecto al tratamiento y la aprobación de la prohibición del trigo HB4?

—La expectativa es que se trate. Es un tema central de la política: la no destrucción del medioambiente y de la salud de las personas. Es importante que se apruebe, pero sobre todo el proceso de debate en relación a esto. Por supuesto que va a haber voces en contra, como las hay con los agrotóxicos. Pero es trascendente poner el tema en debate. Seguramente, como en todos los proyectos que tocan interese, habrá resistencias.

Para Carlos Manessi “el panorama es complicado” porque existe un lobby muy fuerte del agronegocio y de las corporaciones que producen agrotóxicos, que es un negocio millonario. “Hay un desconocimiento general de la dirigencia política respecto a estos temas”, señala Manessi.

—¿Desconocimiento o connivencia?

—Las dos cosas. Hemos hablado con diputados que no tenían idea, porque no les interesa el tema. Y también hay connivencia. Para las corporaciones las legislaturas son un lugar estratégico. Saben que son las leyes las que les permiten hacer lo que hacen, entonces buscan que las leyes los beneficien.

Los argumentos del proyecto

La diputada Bruera tiene en cuenta  las autorizaciones nacionales para la comercialización del trigo transgénico, pero argumenta en su proyecto que la Constitución Nacional establece que las provincias tienen el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio y, en ese sentido, pueden dictar regulaciones propias en la materia.

Destaca que en Argentina se consumen, en promedio, 85 kilos de trigo por persona por año y que el trigo resistente al glufosinato de amonio implica “un riesgo significativo a la alimentación de la población ya que estará expuesta directamente a panes, harinas, y pastas con residuos de este agroquímico, que opera en el organismo humano como un disruptor endocrino”. Cita trabajos científicos sobre los perjuicios que este agrotóxico genera en el sistema endocrino y nervioso de las personas, como así también los riesgos de contraer enfermedades como el cáncer. Resalta la vigencia del  principio precautorio de la  Ley General del Ambiente que prohíbe la utilización de tecnologías cuando haya peligro de daño grave para la salud o el ambiente.

El proyecto de ley recuerda que a comienzos de los años 90 se usaban en Argentina menos de 50 millones de litros de agroquímicos por año. Cifra escaló en 2018 a 500 millones, según datos de la organización Naturaleza de Derechos. Y explica que la autorización de eventos transgénicos resistentes a los agroquímicos provocó este enorme crecimiento, por la aparición de nuevas resistencias de especies vegetales consideradas ‘malezas’. También alerta sobre la posibilidad de que el trigo transgénico implique la expansión de la frontera agrícola hacia zonas extrapampeanas, favoreciendo procesos de deforestación y destrucción de los ecosistemas originales. En Santa Fe ese riesgo se evidencia en el norte provincial, que integra las ecorregiones del Chaco Húmedo y del Chaco Seco.

La iniciativa también destaca que “la prohibición de este evento transgénico no iría en contra de la producción de alimentos ya que tanto en el país como en Santa Fe abundan ejemplos de producción exitosa de trigo bajo el modelo agroecológico”. 

Fuente: Agencia Tierra Viva