Serie Coronavirus #16 | Un nuevo derrame de petróleo en la Amazonía

En medio de la crisis del COVID-19, un nuevo derrame de petróleo en la Amazonía*  

Las empresas Petroecuador (1) y OCP Ecuador (2), informaron del suceso y que había suspendido el bombeo de crudo, pero no alertaron del derrame de petróleo, por lo que las comunidades usuarias del agua del río Coca y del río Napo no tomaron las medidas preventivas necesarias para protegerse. Solo el viernes 10 de abril, el Ministro de Energía y Recursos Naturales No Renovables, se aventuró a calcular que el derrame de crudo fue de 4.000 barriles. Sin embargo, los moradores de las comunidades asentadas en las orillas del río Coca manifestaron que este derrame es el más grande que han visto.

Los impactos son enormes a lo largo del río Coca, que desemboca en el río Napo, afluente del Río Amazonas. Según la CONFENIAE el derrame estaría afectando al menos 120 comunidades indígenas y campesinas, con 97.000 personas (3). Ninguna medida de contención tomada por las autoridades pudo evitar que, para el 10 de abril, la mancha de crudo ya haya llegado hasta localidad de Cabo Pantoja en Perú. Además, la ruta del derrame está cercana o dentro de tres áreas protegidas el Parque Nacional Cayambe Coca y el Parque Nacional Sumaco Napo Galeras y el Parque Nacional Yasuní.
   
No hay todavía un pronunciamiento oficial sobre la causa del hundimiento de tierra que provocó la ruptura de los ductos. Sin embargo, es necesario recordar dos hechos.

1. Cuando en el año 2001 se anunció la construcción del Oleoducto de Crudos Pesados, ya se advirtió de los riesgos que tenía la ruta elegida, paralela a la del SOTE. En un país como Ecuador, atravesado por fallas sísmicas y con volcanes activos, es imposible encontrar una ruta segura. Se sumaba a esta preocupación, que hasta esa fecha ya se habían registrado 49 derrames de crudo del SOTE (4). Se documentó, además, que solo durante el período de construcción del OCP se produjeron 5 derrames de petróleo, incluido el derrame en la laguna de Papallacta debido a que maquinaria del OCP rompió el SOTE y dejó a Quito sin una de las fuentes de captación de agua potable (5). Actualmente, se habla de un total de 72 derrames ocurridos en la ruta de los oleoductos en Ecuador. Específicamente la parte de esta ruta donde se produjo el derrame el 7 de abril pasado, un trayecto de 30 Km, se consideraba zona de muy alto riesgo por su paso junto al volcán Reventador, por atravesar centros poblados, por recorrer los límites de las Reservas Ecológicas Cayambe Coca y Gran Sumaco y por pasar al lado de la cascada de San Rafael (6).

2. El segundo hecho está relacionado con la desaparición de la cascada de San Rafael (7).  Según fuentes del Ministerio del Ambiente, el 2 de febrero de 2020, la cascada sufrió una “implosión” que afectó su cauce natural y la dejó sin agua. Sin embargo, Emilio Cobo, coordinador del Programa de Agua de la UICN para América del Sur, mantenía la hipótesis de que la operación de la hidroeléctrica Coca Codo Sinclair, cuya presa de captación está a unos 15 a 20 Km aguas arriba de la cascada, estaría relacionada indirectamente con el colapso de la cascada San Rafael. El medio de comunicación Mongabay ha intentado conseguir información de las autoridades del MAE y del COE provincial de Sucumbíos sobre monitoreos previos, pero no ha tenido ninguna respuesta (8). También Jorge Celi, PhD en ecología y director del Laboratorio Nacional de Referencia del Agua de la Universidad Regional Amazónica Ikiam, cree que podrían existir relaciones entre la hidroeléctrica y el colapso de la cascada. Específicamente se refiere a la retención de sedimentos en la presa que “hizo que el río tratara de estabilizarse y buscara sedimentos en el fondo. Esto causó un hueco antes de la cascada e hizo que el río tomara otro rumbo”. Los científicos coinciden en que el riesgo es que el lecho del río, aguas arriba, se siga erosionando y se causen nuevos derrumbes. Cobo incluso cree que habrá impactos “supergraves” sobre las infraestructuras que están en el cauce del río Coca, entre la cascada y la presa de captación, donde precisamente ocurrió la ruptura de los oleoductos y el poliducto. pudiendo comprometer en un futuro a la misma presa, y también a obras como puentes y casas y que ello generaría costos que el Estado tendría que asumir, añade Mongabay.  

Como se puede ver, lo único que les faltó vaticinar a los técnicos es la afectación a los oleoductos. Lo cual vemos que finalmente ocurrió. Para tener una idea de lo que puede pasar con el actual derrame es necesario tomar en cuenta lo que pasó con dos derrames anteriores en esta zona, el uno provocado por el OCP el 25 de enero de 2009 y el otro por el SOTE el 31 de mayo de 2013.

El OCP derramó 14.000 barriles en la parroquia Santa Rosa. El consorcio OCP se había construido cinco años antes, en medio de ofrecimientos como: “Usaremos Tecnología de punta”, “No hay riesgo porque el tubo va enterrado”, “tenemos tecnología avanzada para detectar fugas” y “Todas las poblaciones de la ruta serán beneficiadas”. Sin embargo, el ducto se rompió y el derrame causó graves daños a la naturaleza contaminando los ríos Santa Rosa, Quijos y Coca provocando la muerte de miles de peces y afectando a las poblaciones aledañas, en su salud, causando la pérdida sus cultivos de tomate, naranjilla, pasto para el ganado y afectación a animales domésticos. Nuevamente se demostró que no existe tecnología segura, no se detectó a tiempo la fuga del oleoducto y la empresa no aplicó un plan de contingencia que se supone debía tener. Los afectados afirmaron que las autoridades no cumplieron a cabalidad su papel de control de los trabajos puesto que la contaminación dejó a la ciudad de Coca sin el servicio de agua potable por 45 días por lo que el Municipio de Orellana interpuso una demanda legal contra la empresa OCP por daños y perjuicios ocasionados por el derrame. La sentencia emitida en el 2017, ordenó a la empresa OCP indemnizar al Municipio de Francisco de Orellana con la cantidad de  12'500.000 dólares (9).  Las labores de reparación no fueron eficientes y el lecho y orillas del río siguen contaminados.

A su vez, el 31 de mayo del 2013, una ruptura del Sistema de Oleoducto Transecuatoriano SOTE produjo un derrame de 11.480 barriles de petróleo en el sector de El Reventador, provincia de Sucumbíos, causado por un deslave de grandes proporciones. El crudo contaminó varias vertientes, llegando hasta el río Coca. Moradores de la zona creen que la empresa hubiera podido prevenir que se rompa el oleoducto porque: “la loma iba bajando poco a poco, no fue de golpe, la loma les vino avisando, no bajó de una, si el tubo hubiera estado enterrado tal vez no se rompía, Petroecuador tiene los medios para proteger su tubo” (10). El derrame de crudo les dejó sin agua y sin alimentos. Algunas personas se dedicaban al turismo dan testimonio en la nota periodística de la Agencia Tegantai, de que esta actividad también se afectó. Nuevamente, el derrame impactó a todas las comunidades asentadas en las riberas de los ríos Coca y Napo, incluida la ciudad de Coca que otra vez vio afectada la captación del agua potable. Se calcula que aproximadamente unas 60.000 personas quedaron desabastecidas del líquido vital durante varios días (11). Al igual que con el último derrame, las aguas contaminadas de petróleo llegaron a Cabo Pantoja, Perú (12).

El río Coca es una importante fuente de captación de agua para muchas comunidades indígenas y mestizas que se asientan en su ribera y también para el agua potable de la ciudad de Coca. Cualquier percance que le suceda a este río afecta a todas las comunidades y habitantes de la capital de la Provincia de Orellana.

El derrame del 7 de abril de 2020, como todos los derrames de crudo, provocarán impactos irreversibles a los ecosistemas y las poblaciones aledañas, puesto que las sustancias que contiene el petróleo, hidrocarburos, metales pesados y minerales son sumamente tóxicas. La mayoría de estas sustancias tienen la propiedad de bioacumularse, es decir que se acumulan en los tejidos vivos y de esa manera llegan al ser humano.

Respecto a la reparación ambiental, se creó un comité, conformado por el MAE, el Ministerio de Energía, la Secretaría Técnica Territorial Amazónica, Petroecuador y OCP Ecuador (13), pero ya sabemos que un río afectado por un derrame de crudo pierde su capacidad de sostener flora y fauna acuática, muchas de las sustancias que contiene el crudo se depositan en los sedimentos y son de difícil degradación. No es aconsejable que después de un derrame de crudo en un cuerpo de agua, la población utilice esta agua sin antes hacer un monitoreo profundo que demuestre que ya no existen indicios de contaminación con metales pesados e hidrocarburos policíclicos aromáticos y para esto se necesita mucho tiempo. Ya que los impactos en la salud de la población no se manifiestan inmediatamente o a corto plazo, hay infinidad de estudios que sostienen que las sustancias contaminantes del petróleo afectan a la salud humana. El artículo 397 de la Constitución garantiza que, en caso de daños ambientales, el Estado actuará de manera inmediata y subsidiaria para garantizar la salud y la restauración de los ecosistemas. Además de la sanción correspondiente, el Estado repetirá contra el operador de la actividad que produjera el daño las obligaciones que conlleve la reparación integral, en las condiciones y con los procedimientos que la ley establezca.

En medio del COVID-19, con miles de contagiados y centenares de fallecidos, nuevamente se priorizan los intereses de la industria petrolera.  Esta nueva desgracia debe permitir al país mirar en otra dirección, y cambiar el modelo económico basado en el extractivismo petróleo y minero.

ACCIÓN ECOLÓGICA

*El artículo completo "Un nuevo derrame de petroleo y las viejas prácticas del estado" puede leerse aquí

Fuente: Acción Ecológica