Prohibición de mil metros para las fumigaciones en Sastre

Organizarse, denunciar, visibilizar

En 2018, un grupo de personas se autoconvocó para plantear en el Concejo Municipal de Sastre las inquietudes respecto a las aplicaciones de glifosato en los campos cercanos al área urbana. Pedían, en concreto, una ordenanza que amplíe el marco de exclusión de las fumigaciones. “Ya era una lucha de unos 20 años con idas y venidas”, describe desde Sastre Ainalén Viñuela, integrante de la Unión Ciudadana por la Vida y el Ambiente. La mujer cuenta que nunca antes había militado.

“Hasta que hace tres años me tocó denunciar una fumigación ilegal a 400 metros de mi casa y dentro de los límites de prohibición que fijaba la ordenanza vigente de ese momento”, agrega. La normativa planteaba una exclusión de cien metros desde el límite del área urbana.

Pese a las denuncias de Viñuela, no hubo respuestas de la Municipalidad. “Ahí es donde ese grupo que existía hace años empieza a tomar fuerza de nuevo y ya con más ganas surge el grupo de Vecinos Autoconvocados”, relata la vecina.

El objetivo colectivo era que se dé marcha atrás con el artículo 9 de la Ordenanza Municipal 951/2004, que fijaba el límite de fumigación a solo cien metros a partir de la finalización del área urbana.

“En ese momento las denuncias de los vecinos tenían que ver con fumigaciones ilegales, que no respetaban esos cien metros”, relata Luis Blanco a Tierra Viva. Blanco es otro de los vecinos nucleados en la Unión Ciudadana por la Vida y el Ambiente. Ante las demandas, las y los concejales y la intendenta,, María del Carmen Amero de Brunazzo, hicieron oídos sordos. “Tomaban la inquietud pero no se sensibilizaban ante la problemática”, asegura Blanco.

En el verano de 2018 hubo diferentes episodios de vecinas y vecinos que convivían con los agrotóxicos. “Comenzamos a unirnos a partir de esas cuestiones y formamos lo que primero fue Vecinos Autoconvocados y luego comenzamos a llamar Unión Ciudadana por la Vida y el Ambiente”, recuerda Blanco.

Por el derecho humano a la salud

La comunidad organizada de Sastre hizo un relevamiento de los casos de cáncer en la localidad. Diseñaron un mapa donde confirman la existencia de más de 60 casos -sobre 6000 habitantes-, en una proporción de uno por mil. En 2017, la Universidad Nacional de Rosario montó uno de los Campamentos Sanitarios, a cargo del médico Damián Verzeñassi. La experiencia demostró que la tasa de cáncer superaba ampliamente los promedios de la Agencia de Investigación para el Cáncer de la Organización Mundial de la Salud. Sastre registró una tasa de 384 casos cada 100 mil personas, cuando la tasa bruta de incidencia es de 280,1 cada 100 mil personas.

Detrás de las cifras hay historias. Zoe Giraudo Gómez es una niña de dos años que fue diagnosticada y tratada por un linfoma lifoblástico, consistente en cáncer originado a partir de células de ganglios linfáticos, cuyas causas posibles responden a factores ambientales. Su casa está ubicada frente a campos fumigados.

Luego de una intervención quirúrgica, el médico indicó que Zoe no podía estar expuesta a fumigaciones con agrotóxicos. Sin embargo, las aspersiones continuaron: la situación devino posteriormente en una denuncia de su familia.

El reclamo se sumó a otros: olores químicos penetrantes, dificultades respiratorias, ardor en los ojos, dolores de cabeza. El Municipio, que no hizo cumplir la ordenanza vigente, propuso una reforma para ampliar los límites de exclusión de los químicos desde los 100 a los 300 metros. Aún quedaba 200 metros detrás de lo que la Ley Provincial 11.273 establece para las fumigaciones en el territorio santafesino.

Acción colectiva

Durante su primer año de existencia, la actividad de la Unión Ciudadana por la Vida y el Ambiente fue turnarse para presenciar las reuniones del Concejo Municipal, mandar notas y proponer a los ediles que se trabaje el tema. El activismo se convirtió en una demanda con número concretos: el pedido de prohibición de mil metros para realizar fumigaciones terrestres (y 1500 para las aéreas) desde la finalización de la planta urbana. “El municipio jamás nos recibió ni menos se preocupó por la salud de los vecinos, siempre estuvo directa e indirectamente del lado de los productores, velando por los intereses económicos, sin contar las represalias que tomaban hacia los vecinos, amenazas, despidos, y todo tipo de intimidaciones”, dice Viñuela.

Ante la demora en la sanción de una ordenanza que protegiera la vida de la comunidad, en 2018 las y los vecinos presentaron una demanda judicial contra el Municipio. Se basaron en la Constitución Nacional y en la Ley General del Ambiente para formular una demanda de acción colectiva ante la afectación de la salud y el ambiente. El amparo fue presentado ante la Procuración General de la Corte Suprema de Justicia Provincial.

El fallo

El juez Daniel Zoso de la localidad de San Jorge estableció -a fines de 2018- una medida cautelar de 400 metros para las fumigaciones en Sastre. Sin embargo, durante el verano de 2019 -en plena feria judicial- la jueza Beatriz Forno de Piedrabuena hizo caer la medida y declaró nulo el expediente tras una presentación realizada por el Municipio y los productores que utilizaban los herbicidas. La causa pasó luego al Juzgado de Rafaela y -en febrero de 2020- el juez Francisco Hail formuló una nueva cautelar, que aumentaba la distancia a 800 metros.

Pese a que durante el proceso judicial la Provincia y la Municipalidad esgrimieron argumentos en contra de la presentación judicial de las y los vecinos, el 28 de septiembre de 2020 el juez Hail hizo lugar a la denuncia de los vecinos. Estableció “un perímetro de exclusión o reserva de 1000 metros a contar desde el límite de la planta urbana de la localidad de Sastre y Ortiz, dentro del cual quedan prohibidas las fumigaciones terrestres con todo tipo de agroquímicos”.

También declaró inconstitucional a la ordenanza vigente entonces, que daba permiso para fumigar a partir de los 300 metros. La sentencia solicitó al Concejo Municipal sastrense una reforma de la normativa.

“Lo del fallo fue una emoción muy grande. Si bien sabíamos que pedíamos algo justo y coherente, no es muy común que fallen a favor de la salud de la gente”, celebra Viñuela. “A veces los intereses económicos de unos pocos tienen mas fuerza que una lucha tan justa”, añade. La Municipalidad, en conjunto con los empresarios agrícolas, apelaron la sentencia judicial de septiembre.

Finalmente, a principios de diciembre de 2020, la misma fue confirmada por la Cámara de Apelación Civil, Comercial y Laboral de Rafaela, con los votos afirmativos de la jueza Beatriz Abele y del juez Alejandro Román. La tercera camarista implicada, María Eugenia Chapero, se abstuvo. La organización de las y los vecinos celebró el fallo de segunda instancia. Se trata de una sentencia emblemática porque es la primera que protege a una ciudad completa de las fumigaciones con agrotóxicos.

Hacia la ley

El proceso judicial tuvo como telón de fondo el debate en la legislatura provincial por una nueva ley que regule el uso de herbicidas en los campos santafesinos. Las organizaciones socioambientales tomaron la buena noticia como un impulso para mostrar las limitaciones de la vigente Ley 11.273, del año 1995, llamada “de fitosanitarios”.

Desde hace años, el movimiento social en defensa del ambiente reclama una nueva legislación, que choca una y otra vez contra el lobby empresarial. El último avance fue a finales de 2019, cuando la reforma logró media sanción en Diputados y rebotó en el Senado. El proyecto de ley que promueven actualmente las organizaciones ambientalistas propone ampliar de 500 a 1500 metros la zona de resguardo de las fumigaciones. La iniciativa se encuentra actualmente en la Comisión de Ambiente de la Cámara Baja.

“Para nosotros el fallo del juez Hail es muy importante porque justifica nuestra lucha. Lo que venimos sosteniendo hace mucho tiempo está plasmado en el fallo de un juez y confirmado por una Cámara”, dijo a Tierra Viva Carlos Manessi, de la Multisectorial Paren de Fumigarnos de Santa Fe. “Es una reafirmación de que no estamos errados en nuestros pronósticos y nuestros pedidos en relación al impacto en la salud y el ambiente de los agrotóxicos. El fallo es aleccionador”, consideró el activista y resaltó que los legisladores tendrán que tomar como referencia el fallo judicial.

Para Manessi, “la situación de los pueblos fumigados en Santa Fe es dramática”. “Nos llegan muchas denuncias de vecinos que viven fumigaciones frente a sus casas”, cuenta. En este sentido, afirma que la modificación de la normativa actual resulta urgente.

Agroecología

Luis Blanco dice que Sastre es un pueblo dividido por este problema. “Hubo mucha persecución, gente que se quedó sin trabajo por denunciar. Hubo apriete estatal y privado”, cuenta. “Ahora llegó el momento de celebrar, pero en verdad esta es una problemática triste: nunca tendríamos que haber llegado a la Justicia”, agrega.

Pero Blanco redobla la apuesta: “Esto es solo el comienzo. Estamos comprometidos con que las personas que ya no pueden fumigar en ese perímetro puedan acceder al conocimiento de otras formas de producción”.

El deseo compartido es que la zona de exclusión sirva como una escuela para mostrar que hay otras formas de agricultura. “Hay que recuperar la ética en la producción de alimentos”, piensa Blanco y aclara: “No se puede producir con venenos. Si tiene venenos, no es alimento”.

Fuente: Agencia Tierra Viva