Pese a las denuncias de contaminación, PRONACA pretende seguir recibiendo fondos del Banco Mundial

Pese a las denuncias de contaminación en Santo Domingo de los Tsáchilas, PRONACA pretende
seguir recibiendo fondos del Banco Mundial

Con más de 30 granjas industriales, de cerdos y aves, construidas en la provincia de Santo Domingo de Tsáchilas, y con 115 operaciones en 10 provincia del Ecuador (1), la corporación PRONACA ha sido denunciada por las comunidades aledañas, debido a la contaminación de los ríos con bacterias coliformes, provenientes de los desechos de los animales. Esta situación ha generado graves afectaciones a la salud humana.

El proyecto presentado ante el Banco Mundial se llama PRONACA – COVID, lo que además consideramos es una utilización oportunista de la empresa, frente a la realidad que vivimos los ecuatorianos por la pandemia. Ya desde 2004, el IFC ha entregado a la compañía ecuatoriana PRONACA al menos 120 millones de dólares en préstamos (2). Solo ese primer año, la empresa recibió un crédito de 20 millones.

En 2010, comunidades locales presentaron una denuncia formal contra PRONACA (3) ante la Compliance Advisor Ombudsman (CAO), el Mecanismo de Responsabilidad Independiente para IFC, por la contaminación provocada por la empresa a fuentes de agua, por las afectaciones provocadas en los suelos y la calidad del agua, y por el impacto ambiental negativo en un bosque protegido. Lamentablemente, la denuncia fue cerrada sin una investigación pertinente y sin alcanzar un acuerdo con las comunidades impactadas. Más adelante, sin importar la falta de permisos ambientales, en 2013 el IFC financió nuevamente a PRONACA.

El posible nuevo financiamiento de IFC a esta compañía es una nueva amenaza para la naturaleza y los pueblos, así como para el bienestar de decenas de miles de animales y para los derechos de las comunidades donde se prevé establecer las nuevas plantas de crianza y procesamiento de cerdos y aves. La afectación a la salud humana y a los ecosistemas está latente con este pedido de financiamiento al IFC, mientras las autoridades continúan evadiendo la responsabilidad de controlar de forma efectiva el cumplimiento de las normas ambientales y de bienestar animal.

La contaminación producida por esta empresa, según las denuncias de los pobladores, pone en evidencia la debilidad institucional en materia de control de delitos ambientales, algunos de los cuales llevan más de 10 años. Esto provocó una demanda en Corte Constitucional, la misma que ordenó, mediante resolución No. 0567-08-RA (4) del 16 de julio del 2009, que se conforme una comisión interinstitucional liderada por la Defensoría del Pueblo, con la participación de SENAGUA, el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Salud, el Consejo Provincial, entre otras instituciones públicas. El objetivo de dicha comisión fue el de monitorear la actividad productiva de PRONACA, en lo concerniente al consumo de agua, desechos orgánicos e inorgánicos que se descargan a las fuentes de agua, con el fin de precautelar los derechos de los pobladores.

Lamentablemente esta comisión no logró siquiera realizar análisis de agua en las fuentes afectadas, tales como los ríos Toachi, Lelia, Peripa, Blanco, Esmeraldas, Bolo, entre otros afectados por los desechos permanentes de PRONACA. Se dice que fue por falta de fondos, lo que equivale a decir que no cumplió con su responsabilidad por falta de voluntad política.

Gracias a la altísima permisividad de parte de las autoridades, que conocen desde hace muchos años del grave problema ambiental, PRONACA ha podido llevar a cabo con éxito el modelo de encadenamiento a miles de familias campesinas para que produzcan maíz para ella -a un precio casi siempre en conflicto- con el cual producen millones de pollos y miles de chanchos por mes.

Varias investigaciones realizadas en Santo Domingo de los Tsáchilas documentan y refuerzan lo denunciado por los pobladores, tales como: El agronegocio en Ecuador: El caso de PRONACA (5), Impactos de la agroindustria intensiva de crianza de animales en Santo Domingo de los Tsáchilas (6). También los documentales Pig Business, Caso Ecuador (7) y Detrás de la Carne (8), dan cuenta de esta situación.

Pese a todas las denuncias del “Comité Agua Limpia Sin PRONACA” y todas las evidencias, ha primado la falta de voluntad política y la inacción de al menos cinco instituciones públicas que han hecho posible que permanezcan casi ocultas las instalaciones industriales, aun ocupando un gran espacio las zonas de Valle Hermoso, Alluriquin, Puerto Limón, Peripa, y otras, donde se encuentra la mayor concentración agroindustrial de producción avícola y porcina en el país.

La expansión de las granjas industriales de producción animal pone en riesgo los derechos de las comunidades, de la naturaleza y de los animales, por esta razón se debe dejar de financiar a este tipo de empresas. El proyecto de ampliación de las granjas de PRONACA apoya a consolidar su monopolio en el negocio de la carne de aves y cerdos en el país (9). Los recursos provenientes de instituciones internacionales podrían invertirse más bien en proyectos para la soberanía alimentaria y la agroecología de las poblaciones de la zona, en el marco de una economía social, solidaria, y ecológica.

Fuente: Acción Ecológica