Perú: comunidad, territorio, TLC y minería

Las comunidades campesinas son la sucesión de lo que en otrora fueron los Ayllus, organizaciones ancestrales anteriores a la presencia de la formación del estado colonial y por ende de la República, las cuales actúan de acuerdo al derecho consuetudinario, aceptado en la legislación del Perú, como válida donde no hay presencia de los organismos gubernamentales o estatales. Nuestras comunidades campesinas, indígenas u originarias no son sólo una agrupación de personas sino parte de un territorio que abarca una cultura, costumbres, recursos naturales como el agua, el suelo, el subsuelo, el aire, el bosque y su interrelación que desde hace milenios viene ocupando un área específica en nuestro país.

En el caso de los Guayacundos, confederación integrada por los Ayahuacas (hoy Ayavaca), Caxas (Pacaipampa y norte de Huancabamba) y Calvas (sur de Loja-Ecuador) ocuparon este territorio integrándose a su formación exclusiva del norte del Perú entre Bosques Secos, Bosques de Neblina y Páramos, estos ecosistemas integrados en un todo, es decir, influyendo cada piso en su respectiva complementariedad, al grado que las expresiones naturales y culturales que se encuentran en las lagunas y los Apus como Altares, Huacas y Pacarinas nos expresan ese agradecimiento e identificación con la naturaleza, respetándola, conviviendo con ella y, por que no decirlo, hasta venerándola por ser dadora de la vida a través del Agua, Aire y Tierra.

La reproducción de sus vidas siempre estuvo ligada al agro, la ganadería y artesanías en un acto trascendental indisoluble hombre - naturaleza y en una cosmovisión propia de las grandes culturas andinas, todas ligadas a los movimientos cósmicos tutelares del universo.

Con la llegada de los invasores europeos y la ayuda de los felipillos locales, todo este conocimiento ancestral se desconoce y más aún, se prohíbe bajo argumentos inconsistentes de “herejía” y “actividades demoníacas” imponiéndonos concepciones de “avasallamiento” y “obediencia eterna” (léase requerimiento) para así saquear nuestros recursos principalmente el oro y la plata base de la economía mercantilista de la edad moderna (siglo XVI al XVIII).
Es así que durante el virreinato la presencia de los chapetones no significó más que tribulaciones para nuestros pueblos indígenas, que a la vez fueron respondidas por sendas rebeliones contra el poder colonial.

Con la República no hubo ningún cambio sustancial para nuestras comunidades, más aún se ensañaron con los territorios de nuestros pueblos indígenas, creándose así las haciendas de los nuevos señores que habían accedido al poder, son muchos los casos de expropiación que hicieron de estos territorios por supuestas “deudas” a la naciente república, argumentando de que habían colaborado para la independencia.
Así nacieron las grandes haciendas azucareras y algodoneras de la costa y las grandes exportadoras de lana de oveja, alpaca y vicuña de la sierra con los famosos “rescatadores” que no fueron más que grandes asaltantes convertidos en grandes comerciantes.

El siglo XX fue otra odisea para nuestros pueblos indígenas u originarios, en nombre del “desarrollo” y de la “exportación de nuestros recursos naturales”, los despojaron de sus territorios para saquear el caucho, petróleo y minerales (cobre, plomo, carbón, etc.) que necesitaban los países industrializados de Europa y América del norte, mientras nos volvíamos cada vez más dependientes de estas potencias mundiales.

A finales de los años 60, debido a la convulsión social en la que se encontraba principalmente la sierra peruana por la sobreexplotación de nuestros indígenas, y a merced de los dictámenes aprobados en Punta del Este, en el marco de la política de Alianza para el progreso dirigida desde Estados Unidos, se entregan las tierras a los agricultores, pero no se asiste técnica ni económicamente para desarrollarlas, porque el movimiento económico estaba en el comercio, la agroindustria de exportación y en la pesca, además se denominan a partir de esta reforma a nuestros pueblos indígenas como “comunidades campesinas” denominación que no hizo ningún favor a nuestros pueblos, sino más bien contrarrestó los derechos que tenemos como pueblos originarios.

Reordenando el mundo para las transnacionales. La década del 90 fue el inicio de la total devastación del poco territorio que dejaron para los pueblos indígenas, debido a las “Reformas Estructurales de Primera Generación” que se dictaba desde el Consenso de Washington del año 1989 mediante el cual se exigía a los países dependientes de EE. UU. A modificar las legislaciones nacionales para favorecer a las transnacionales.

Fiel obediente a la orden de los amos del norte, con el Gobierno de Fujimori, en el Perú se inicio la desregulación de la inversión extranjera: el 29 de agosto de 1991 se emitió la “Ley de Fomento a la Inversión Extranjera” y la “Ley Marco para el Crecimiento de la Inversión Privada” y el 14 de noviembre de 1991 se dicta el D. L. Nº 708 “Ley de Promoción de la Inversión Minera” merced a la cual se firmaron convenios bilaterales de Promoción y Protección de Inversiones Extranjeras con 29 países.

Todas estas leyes facilitaron la intromisión de las inversiones extranjeras en nuestro país, acaparando nuestra economía que empezó a ser de beneficio de estas empresas; el extremo fue cuando en 1993 se simplificó el trámite para la suscripción y aprobación de los convenios bilaterales de la “Promoción y Protección de Inversiones Extranjeras” (APPI) mediante la cual el ejecutivo podía dictar decretos de concesiones con cargo a dar cuenta posteriormente al legislativo de las acciones tomadas.

Es desde aquí en adelante que se desatan en todo los territorios comunales las concesiones mineras como Yanacocha (Cajamarca) Newcreast, Gitannes, Cori pacha, Río Blanco, Newmont (Ayavaca) Doe Run (la Oroya) entre otras muchas más.

Mientras se promocionaba y protegía las inversiones extranjeras, inversamente proporcional se desprotegía y entregaba los territorios comunales de nuestros pueblos indígenas, ahondando así más la pobreza de nuestros pueblos como el caso de Cajamarca, de que ocupaba el cuarto lugar de pobreza antes de la llegada de la Yanacocha hoy como primer exportador de oro de Sudamérica ocupa el segundo lugar en pobreza, gracias a las facilidades que cuenta por parte de los gobernantes peruanos coludidos con los grandes capitales extranjeros y todo en nombre del “desarrollo” “crecimiento económico”, la “democracia” y la “globalización”.

La estocada final: el TLC. Todo pareciera que está finiquitado para el saqueo, pero aun hay más, no contentos con las leyes favorables con las que cuentan las transnacionales quieren rematar estas facilidades con el Tratado de Libre Comercio -que lejos de ser un simple intercambio comercial de mercaderías- en su capítulo X sobre inversiones extranjeras, del cual no se discute o publica a nivel nacional, estipulan 3 grandes temas que acabarían con la soberanía y dignidad de los territorios de los pueblos indígenas, los cuales son:

“Expropiación Indirecta” mediante la cual si la empresa extranjera supone que van a ser afectadas sus ganancias futuras, puede denunciar al estado en cualquiera de sus niveles local, regional o nacional y cobrar las ganancias proyectadas en su explotación programada, es decir si la empresa contamina como los casos que se vienen dando en las comunidades donde están explotando, el estado no pude decirles nada bajo riesgo de que sea denunciado por interferir en sus ganancias futuras.

“Solución de controversias Inversionista-Estado” es decir si el problema persiste la empresa llevará a tribunales internacionales el caso, porque está prohibido de ser juzgadas en el país anfitrión, además sólo las empresa pueden denunciar ante estas instancias y no así el estado.

“Prohibición de los Llamados Requisitos de Desempeño” si antes a la empresa extranjera se le condicionaba en que invierta en algo para las comunidades o país donde realizará sus actividades con esta prohibición ya no es indispensable hacerlo y correrá a voluntad de la empresa si quiere o no realizar alguna obra que crea conveniente.

Con tratados como estos seremos una vez más avasallados por los nuevos conquistadores, así perderemos la soberanía y dignidad de nuestros territorios ancestrales, pues si el estado no nos defiende, los auténticos dueños, asumiremos la defensa que corresponde cueste lo que cueste. (Prensa Indígena, 9 de mayo de 2006)

Fuente: Servindi.org