Perú: Si el indígena no existe, la consulta tampoco
En el reciente debate sobre la Consulta Previa a los pueblos indígenas, se han puesto en evidencia no sólo las tensiones que existen al interior del Estado peruano sobre a quiénes les corresponde este derecho, sino además la persistencia de imágenes que, a inicios de la segunda década del siglo XXI, ya deberían estar sepultadas por sus connotaciones discriminatorias y homogenizadoras.
Así, al igual que en otros momentos de nuestra historia vuelve a aparecer la imagen del mestizaje como una suerte de feliz fusión que nos muestra como ciudadanos y ciudadanas de una República de iguales, en la cual el conflicto es considerado un producto de la suma infinita de intereses particulares –supuestamente manipulados por oscuros personajes– que buscan sacar el mejor provecho del inasible “banquete” del crecimiento.
Para confirmar que el mestizaje –esa fantasía republicana– es una realidad, empresarios, autoridades y liberales de diverso cuño apelan a todo recurso. Puede ser una frase de Arguedas, la gastronomía, el uso masivo de celulares en el campo, el Internet o la mayor penetración del mercado. Todo es válido para justificar y anunciar que lo indígena es solo una ilusión de quienes viven anclados en el pasado.
En estas interpretaciones, hay una mirada evolucionista en la que la modernización avanza en un solo sentido, transformando al campesino indígena en un emprendedor sin otra identidad que la del consumidor de bienes y servicios que pueden ser proveídos por el mercado, el Estado o la empresa minera que explota los recursos que se encuentran en el subsuelo de sus tierras comunales. Y en esa lectura de la realidad, resulta absurdo imaginar que existan identidades diversas, o una diferencia cultural que haga necesario el reconocimiento de la existencia de un pueblo indígena ubicado en los Andes.
Pero dichas lecturas caen en un error monumental de interpretación de la realidad, al considerar que el mestizaje, la ciudadanía universal o el desarrollo del mercado bastan para que las identidades étnicas desaparezcan. Existe suficiente evidencia histórica pasada y reciente que demuestra que nuevos contextos generan nuevas maneras de expresarlas, y que mucho menos se eliminan –o se crean– por decreto, como se intentó hacer por ejemplo en el gobierno de Juan Velasco Alvarado, cuando se cambió la denominación de las comunidades, suprimiendo el término “indígena” por considerarlo ofensivo y discriminatorio, tal como sigue siéndolo en nuestros días.
Resulta paradójico que los más acérrimos defensores de la gran inversión minera en el Perú, terminen otorgándole el derecho de la paternidad sobre la existencia de las comunidades campesinas a la reforma agraria velasquista, que siempre consideraron como el origen de “todos los males”, solo para evitar que el Estado peruano construya una presencia distinta en las zonas mineras, iniciando los procesos de Consulta Previa a las comunidades campesinas. Y es que cuando se trata de defender sus intereses, todo vale para los sectores más conservadores de la minería peruana, que siguen pensando que el único rol legítimo del Estado en sus zonas de influencia, es el de ser el gendarme que cuide sus inversiones, sin importarle su obligación de hacer respetar y garantizar los derechos de pueblos y comunidades.
Fuente: Servindi