Paraguay debe producir para garantizar la alimentación y la salud de su población
Hoy se estudia el impuesto a granos de soja, trigo y maíz de exportación en la Cámara de Senadores. Uno de los puntos de la agenda legislativa de hoy (22-6) en Paraguay es el estudio del proyecto de ley “Que establece nuevas disposiciones impositivas para la exportación de granos en estado natural”.
El proyecto fue presentado en 2014 por el Frente Guasu y anduvo recorriendo múltiples comisiones y sufriendo varios congelamientos, hasta este momento en que la agenda política hace posible el debate de la iniciativa en el Senado, y dispara polémicas públicas por la resistencia del sector agro-exportador.
El proyecto establece un impuesto del 15% sobre la ganancia total de exportación de granos en estado natural de soja, trigo y maíz, y todo lo recaudado, de promulgarse, será destinado directamente a programas de la reforma agraria, salud e infraestructura y mantenimiento vial.
En Paraguay el sector agro-exportador está entre los de mayor ganancia, pero solamente aporta un 4% de todo lo que recauda el fisco, explica el investigador Jorge Villalba en su artículo “¿Cuánto pagan efectivamente?”.
“El aporte total del sector agropecuario en 2014 a las recaudaciones tributarias fue de 110 millones de dólares como máximo. Ese año mantener el Estado tuvo un costo de 37 millones de dólares/día, por lo que el aporte de todo el sector agropecuario sólo fue suficiente para mantener el Estado funcionando por tres días”, explica Villalba en su escrito.
Esta matriz productiva no solo genera riquezas y paga bajos impuestos, sino que acapara tierras y amenaza el derecho a la alimentación de la población local, dejando sólo el 6% de las tierras productivas para la producción de alimentos en el país, como señalara a Paraguay la relatora de las Naciones Unidas para el derecho a la alimentación, Hilal Elver, tras su misión en el país en 2016.
Una de sus recomendaciones al Estado paraguayo fue, justamente, la de crear impuestos a la exportación de granos, junto con otras prioridades como el desarrollo de mecanismos contra desalojos, revisar y pensar una redistribución de la tierra, priorizar las inversiones en la agricultura familiar, promulgar una ley marco del derecho a la alimentación adecuada y otra ley de semillas nativas y criollas, crear bancos de semillas como reservas…
En el aspecto de la salud, en el país se liberaron un total de 22 cultivos transgénicos, que demandan alrededor de 1.200 kilos anuales de agro-químicos de acuerdo a datos de la zafra 2015/2016, incluyendo químicos catalogados como potencialmente cancerígenos por la Organización Mundial de la Salud (OMS).
La misma relatora mencionada, Hilal Elver, acaba de difundir un informe que analiza la colisión entre los derechos humanos y el uso de plaguicidas en todo el mundo, con información que confirma lo que ya denunciaban colectivos sociales en todo el mundo.
El dossier afirma que cada año mueren en el mundo 200 mil personas por intoxicaciones agudas con agroquímicos y que “la exposición a plaguicidas puede tener repercusiones graves en el disfrute de los derechos humanos, en particular el derecho a una alimentación adecuada y derecho a la salud” y recuerda que son los estados quienes deben garantizar el goce de derechos de las personas.
El documento resume varias investigaciones y experiencias donde hay indicios para vincular la aplicación de agroquímicos con afecciones como el cáncer, Alzheimer, Parkinson trastornos hormonales, de esterilidad y desarrollo, efectos neurológicos, asmas, alergias e hipersensibilidad y que entre los grupos más vulnerables están los agricultores, embarazadas, niños y niñas.
En Paraguay el modelo agroexportador y su matriz productiva convive conflictivamente con otros modelos que pelean por seguir recreando los resultados que vienen teniendo desde hace miles de años, como la agricultura campesina e indígena.
Fuente: BASE IS