¿Para quién va el agua del acueducto La Esperanza?
La empresa Refinería del Pacífico1 -RDP- presentó a la Fiscalía de Manabí denuncias en contra de varias familias campesinas y en contra de la comuna ancestral Bajos de la Palma, por tomar agua del acueducto La Esperanza para actividades agrícolas. Las personas demandadas fueron citadas a comparecer en este mes de febrero 2020.
El acueducto fue construido por la compañía brasileña ODEBRECHT entre el 2014 y 2016, para proveer de agua dulce a la industria petroquímica que se preveía instalar entre los cantones Manta y Montecristi. El acueducto tiene una longitud de 94 km. Inicia en el embalse La Esperanza y atraviesa zonas agrícolas de los cantones Bolívar, Junín, Tosagua, Rocafuerte, Portoviejo, Montecristi y Manta.
La construcción del acueducto trajo graves perjuicios para muchos pequeños agricultores puesto que la apertura del derecho de vía de 30 metros de ancho a cada lado de la tubería y a lo largo de toda la ruta, provocó la destrucción de cultivos perennes y de ciclo corto, además de la deforestación del bosque seco tropical, dando lugar a reclamos de los campesinos afectados por esta obra.
El embalse la Esperanza fue construido en 1995 para dotar principalmente de agua de riego a esta zona del país, gravemente afectada por sequías. Con este fin se implementó el sistema de distribución de agua Carrizal – Chone, que comprendió dos etapas con las que se pretendía regar alrededor de 13.450 Has desde el cantón Bolívar hasta el cantón Tosagua. Sin embargo, sólo se abasteció a unas 2.500 Has de la primera etapa; y en cuanto a la segunda etapa, se construyeron grandes tuberías de distribución que no cuentan con las conexiones secundarias, indispensables para los sistemas de riego.2
El acueducto es de grandes dimensiones, transporta un flujo total de 1.666 litros por segundo, de los cuales 553 litros por segundo son para dotar de agua a Manta, Montecristi, Jaramijó; y los restantes 1.111 litros por segundo estaban previstos para la industria petrolera. En vista de que no se construirá la Refinería del Pacífico, en la cual se han dilapidado alrededor de 1.500 millones de dólares, vale preguntarse ¿qué destino debe tener esta agua?
Manabí se caracteriza por ser una de las principales provincias agrícolas del país; cuenta con la mayor cantidad de familias campesinas, pertenecientes al pueblo montubio y a comunas ancestrales. En Manabí se produce maíz, cacao, café, banano, una variedad de frutales, arroz, y es muy importante la cría de animales menores así como la ganadería de leche y la elaboración de sus derivados. Esta producción se destina principalmente al mercado interno, lo que significa un aporte valioso a la soberanía alimentaria del país.
En la Constitución del Ecuador se reconocen derechos colectivos a las comunas ancestrales y al pueblo montubio (Art. 57) a la vez que establece que el “Estado brindará a los agricultores y a las comunidades rurales apoyo para la conservación y restauración de los suelos, así como para el desarrollo de prácticas agrícolas que los protejan y promuevan la soberanía alimentaria” (Art. 410). De igual forma, en la Constitución se determina que “El estado regulará el uso y manejo del agua de riego para la producción de alimentos, bajo los principios de equidad, eficiencia y sostenibilidad ambiental” (Art. 282), y que “La gestión del agua será exclusivamente pública o comunitaria” (Art.318). Según la Constitución la prelación en la gestión de los recursos hídricos prioriza el consumo humano, el riego que garantice la soberanía alimentaria, y el caudal ecológico por sobre otras actividades productivas.
Manabí ha sufrido constantemente de prolongadas sequías e impactos cada vez más fuertes del cambio climático. La agricultura campesina en el país ha sido históricamente subvalorada por el Estado ya que ha centrado su apoyo en la agroindustria y monocultivos de exportación. El Ministerio de Agricultura destina ínfimos recursos a la agricultura familiar y diseña políticas que la afectan gravemente. En los últimos 15 años la inversión para acceso al riego por parte de las familias campesinas ha sido prácticamente nula, provocando inequidad en el acceso al agua, que es aún mayor que en el acceso a la tierra.
El país requiere de una política agraria que posibilite que las familias campesinas y pueblos ancestrales permanezcan en sus espacios y territorios en condiciones de dignidad.
Tras las demandas penales de la empresa RDP se encuentra la grave situación de familias campesinas excluidas del acceso al agua de riego. Sería inaceptable que prevalezcan los grandes intereses de la agroindustria en acaparar el agua que provee el acueducto. El Estado debe redireccionar esta obra para favorecer principalmente a pequeños y medianos agricultores.
Las luchas sociales últimas mostraron que la población no está dispuesta a aceptar que sean pocos los que se beneficien y enriquezcan de la obra pública sino que ésta debe estar pensada en el bien común y el cuidado y defensa de la naturaleza.
Fuente: Acción Ecológica