Nuevo desalojo muestra el recrudecimiento de la represión

Más de 200 personas, entre mujeres, varones, ancianos, niñas y niños habitan el Asentamiento Cristo Rey, ubicado en Guayaibi, Departamento de San Pedro. Éste es el segundo desalojo que sufren en menos de un año, y desde la fundación del asentamiento, más de 12 años atrás, es la sexta vez que son quitados de sus tierras.

El desalojo se efectuó sin orden de un juez competente y fue utilizado un mandamiento de la fiscal Lilian Ruíz que había ordenado la detención de personas que se encuentren en el lugar. Cerca de 400 policías fueron parte del procedimiento que concluyó con la quema de las viviendas, cultivos y enseres de las familias campesinas, tal cual había ocurrido en octubre del 2021. Las familias de Cristo Rey habían retornado sus tierras tras varios meses de soportar penosas situaciones, viviendo al costado de caminos vecinales de la zona. En el asentamiento se dedican a la producción de alimentos saludables que abastecen a las comunidades aledañas.

El caso del Asentamiento Cristo Rey se suma a otros hechos ocurridos que marcan una nueva escalada en el conflicto por la tierra. El desalojo del Asentamiento 1 de mayo en Itapúa, con el saldo de un joven campesino fallecido, el desalojo en Tembiaporã, que dejó heridos y diez personas detenidas, además de constantes ataques y amedrentamientos contra comunidades campesinas e indígenas, son indicadores relevantes de esta realidad.

Al respecto, la  Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (CODEHUPY) señaló hoy en un comunicado que observa “con creciente preocupación el recrudecimiento de la política de desalojos forzosos y criminalización de la lucha por la tierra impulsada por el gobierno, que ya en el año 2021 alcanzó niveles de violencia significativos que hicieron de esta práctica violatoria de un conjunto amplio de derechos humanos, objeto de un escrutinio internacional que tiene en la mira al Estado de Paraguay”. En el pronunciamiento, la CODEHUPY señala que el enfoque del gobierno respecto al conflicto por la tierra es criminalizador y no aborda el conflicto de fondo, relacionado a la tenencia y distribución de la tierra en el país.

Tanto organizaciones de derechos humanos, como organizaciones campesinas han realizado un llamado a poner un freno a los desalojos forzosos, liberar a las personas detenidas por reclamar tierras y esclarecer el crimen cometido contra el joven campesino Edgar Centurión, presuntamente asesinado por la policía durante el desalojo ejecutado en Edelira.

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Fuente: BASE-IS