Monsanto da pelea por vender maíz transgénico en México

Según productores del cereal, se necesitan aproximadamente 80 mil semillas de maíz para cubrir una hectárea, y cada bolsa de 60 mil semillas de Monsanto cuesta 3 mil pesos. La utilización de esa simiente implica además el uso exclusivo del herbicida de la trasnacional Roundup. Así que el mercado mexicano es multimillonario para la compañía: un ciclo de siembra le daría –sólo por venta de semilla– 5 mil 520 millones de pesos.

Signo de la desesperación de Monsanto es el ataque jurídico que emprendió contra un juez que confirmó la decisión de frenar los permisos experimentales, piloto y comerciales de maíz transgénico en el país.

Hasta 2012 la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) sólo entregó licencias para sembrar granos transgénicos con fines experimentales en superficies de pocas hectáreas. Pero a partir del 7 de septiembre de ese año el Gobierno dio luz verde a las empresas de biotecnología para solicitar autorizaciones con fines comerciales.

En un año, entre el 7 de septiembre de 2012 y el 3 de septiembre de 2013, diferentes consorcios presentaron 14 peticiones de uso comercial de maíz transgénico, a distribuirse en 5 millones 973 mil hectáreas de Chihuahua, Tamaulipas, Coahuila, Durango, Sinaloa y Baja California Sur, de acuerdo con datos del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica).

La suspensión en la entrega de avales fue dictada por primera vez el pasado 17 de septiembre por el Juzgado XII en Materia Civil del Distrito Federal, en el juicio de demanda colectiva que interpusieron organizaciones civiles contra la Sagarpa, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y sociedades productoras de maíz transgénico.

En el texto de la demanda, cuya copia obtuvo Proceso, los demandantes exigieron al juez una medida precautoria con el argumento de que mediante la polinización los organismos genéticamente modificados (OGM) se escapan de las zonas donde los confina la ley, contaminan otras plantaciones y amenazan de esta manera la diversidad biológica de los maíces en el país. El juez concedió la medida solicitada.

El fondo de la denuncia, empero, aún se discute: los inconformes piden a la justicia reconocer claramente que, al expedir permisos comerciales de siembra de maíz transgénico, se viola la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados (LBOGM), instrumento que ordena proteger el grano nativo. En otras palabras, las organizaciones civiles reclaman la anulación definitiva de la entrega de autorizaciones.

Desde la resolución provisional, la Sagarpa, la Semarnat y las empresas productoras han tratado de cancelar la medida. No obstante, diversos fallos judiciales han frustrado sus intentos. Entre ellos se encuentra el que emitió el magistrado Jaime Manuel Marroquín Zaleta el pasado 20 de diciembre, al reconocer que la LBOGM protege al cereal nativo. Puntualizó que la suspensión sólo aplicará mientras dure el juicio.

Marroquín arguyó que la medida precautoria no constituyó un “acto privativo” contra los consorcios (que les quitara algún bien o derecho), ya que las empresas todavía no empezaban la venta de semillas. Señaló que no existen pruebas “que pongan en evidencia que alguna de las demandadas esté sufriendo una afectación ruinosa”. Explicó en su sentencia que cancelar la medida podría incitar a la Sagarpa y a la Semarnat a extender las licencias actualmente en trámite y así liberar el transgénico, sin que pudiera controlarse su expansión. Y agregó: “Se podrían ocasionar daños de difícil o imposible reparación”.

Esas declaraciones, según Monsanto, ilustran la falta de imparcialidad del magistrado. El pasado 28 de febrero la empresa interpuso un “incidente de recusación” contra Marroquín, en el que exigió sacarlo del juicio. El magistrado, según la empresa, “ha externado su opinión respecto de las pretensiones demandadas, así como de la procedencia y legalidad de la medida precautoria”.

En la recusación, Luis Miguel Velásquez Líbano –el abogado de Monsanto– defiende también a la Sagarpa y a la Semarnat, encargadas de otorgar los permisos: “No es justificable la actuación del juzgador cuando son ellas (las dependencias) y nadie más quienes por mandato legal les corresponde aplicar” (sic).

En su defensa, el magistrado Marroquín declaró, ante el juez encargado de decidir su suerte, “no tener interés personal alguno en el asunto”, por lo que “lo resuelto en las referidas resoluciones y en las que eventualmente pudiera llegar a dictar se apegará estrictamente a la ley”.

Contactados por este semanario, representantes de la trasnacional aseveraron: “Monsanto reitera su respeto a las leyes mexicanas y el apego al derecho de sus autoridades para resolver conflictos de manera justa. (…) En este momento no estamos en una posición para informar o especular sobre la situación actual de los permisos”.

El pleito legal

El pasado viernes 4, la directora de la fundación Semillas A.C., y representante común de la acción colectiva, Adelita San Vicente Tello, entregó al III Tribunal Unitario en Materia Civil y Administrativa los argumentos de las organizaciones civiles contra las acusaciones de Monsanto.

El documento, del que este semanario también posee una copia, se refiere a una resolución que emitió el magistrado Walter Arellano Hobelsberger el pasado 30 de enero, en la que negó a la empresa un amparo contra la medida precautoria.

En la solicitud de ese amparo, la compañía aseveró que la medida viola la ley y “paraliza la actividad de la administración pública”. Por lo tanto, abundó, la medida “sería atentatoria del orden público e interés social”, así como de “la libertad de comercio”. Denunció también que el juez no otorgó el derecho de audiencia ni a las corporaciones ni a las secretarías —federales.

En su decisión, Arellano Hobelsberger reconoció que las aseveraciones de Monsanto eran “fundadas”, pero enseguida las calificó de “ineficaces”. Y usó prácticamente los mismos términos que Marroquín para mantener la medida precautoria: “La sola o mera posibilidad de que se afecte el medio ambiente es suficiente para mantener vigente la medida cautelar”.

Según René Sánchez Galindo, abogado de Colectivas A.C., y representante legal de las organizaciones civiles en la demanda colectiva, el argumento emitido por Arellano Hobelsberger –magistrado del V Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, de mayor jerarquía que Marroquín– comprueba que este último se apegó a la ley cuando confirmó la medida precautoria.

En el expediente que las organizaciones civiles entregaron para rechazar la revocación de Marroquín, se lee que “las comunidades locales y los movimientos sociales de todo el mundo oponen resistencia y rechazan a Monsanto y el modelo agroindustrial que representa”.

El documento evoca el juicio en contra de Mahyco-Monsanto “por el delito de biopiratería” que se efectúa en India. Agrega que en América Latina las protestas también han crecido, como en Perú, donde el gobierno aprobó una moratoria de 10 años a los transgénicos.

Asimismo, asevera que “Monsanto y otras empresas de biotecnología enfrentan demandas judiciales en Estados Unidos, entre ellas juicios con los que (el Gobierno) pretende evitar que los cultivos transgénicos se propaguen en refugios nacionales de vida silvestre”. Las organizaciones retoman dos decisiones de la justicia francesa, en las que condenó a Monsanto por publicidad engañosa. Los quejosos también plantean que a raíz de la expansión de las semillas modificadas y, por lo tanto, del Roundup, su famoso plaguicida, aparecieron “supermalezas” resistentes al glifosato, el principio activo del insecticida.

El juez Manuel Suárez Fragoso desechó la petición de Monsanto el lunes 21 y dio la razón a Marroquín. En su resolución, argumentó que Marroquín se apegó a la ley cuando confirmó la medida precautoria, ya que respetó el “buen derecho” y “el peligro de la demora”, y asentó que su decisión “no pone en peligro la seguridad o la economía nacionales”.

Resistencias

Del 5 de julio de 2013 –cuando las organizaciones civiles depositaron la demanda de acción colectiva– a la fecha, el juicio lleva 49 impugnaciones en cuatro diferentes tribunales. “El juicio apenas empieza”, señala a este semanario Adelita San Vicente Tello. Y el abogado Sánchez Galindo añade: “nos tratan de cansar”.

Hasta la fecha, las secretarías federales y las empresas de biotecnología interpusieron 11 amparos contra la medida cautelar –dos de ellos provenientes de la Sagarpa– y tres contra la demanda.

Las dependencias fueron las primeras en interponer recursos, el 9 y el 10 de octubre respectivamente. Como lo documentó Proceso, argumentaron la violación a su derecho de audiencia.

El pasado 14 de febrero, la Sagarpa solicitó un nuevo amparo contra la medida cautelar. Esta vez arguyó que se violaba su seguridad jurídica.

Fuente: El Diario