Miradas que ponen en el centro la sostenibilidad de la vida y la justicia
REDES-AT realizó un foro público en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, celebrado el 5 de junio. La actividad contó con la participación de diversas organizaciones sociales. En la primera parte de esta nota, podrás conocer la perspectiva de REDES-AT, Mundo Afro, el Consejo de la Nación Charrúa y del colectivo eco feminista Dafnias.
En esta segunda entrega profundizaremos sobre las miradas de la Secretaría de Salud Laboral y Medio Ambiente del PIT-CNT, la Asamblea por el Agua del Río Santa Lucia, la Red Nacional de Semillas Nativas y Criollas, el nodo Acá el Neptuno No y la Agrupación de Funcionarios de UTE (AUTE).
Mostrar el vínculo entre ambiente y salud es un camino para tomar conciencia y cuidar la vida dijo Patricia Costa del PIT-CNT y agregó, “cada vez más trabajadores/as empezamos a pensar sobre temas ambientales, aunque nos desafíen y nos enfrenten a muchas contradicciones”.
Sin modelos de desarrollo justos no hay justicia ambiental
Pablo Galeano, de REDES-AT, abrió la segunda mesa de intercambio con una presentación sobre los cambios en el uso de los suelos en Uruguay desde 1990 al presente, y sus consecuencias. Un ejemplo claro es el aumento de la forestación. En 1990 Uruguay tenía 190.000 hectáreas forestadas, en el 2020 la forestación alcanzaba 1.292.000 hectáreas.
Históricamente nuestro país tiene una economía primarizada, sus principales productos de exportación son: carne, soja, celulosa y lácteos, pero en casos como el de la actividad celulósica se realiza 100% en zonas francas. Entonces Galeano dijo “Uruguay no produce celulosa, produce troncos”.
El modelo agropecuario y de uso del territorio está directamente vinculado a la suba de precios de la tierra y sus procesos de concentración. “Hay 63 empresas que tienen más de 2.000.000 de hectáreas (la misma superficie de Canelones, San José y Soriano)”, contó el integrante de REDES.
Otro factor determinante es el aumento de uso de agrotóxicos como herbicidas. El uso del glifosato pasó de 1,5 millones en el año 2000 a casi 15 millones en 2014. “Se habla de cuánto aumentan las exportaciones de soja, pero no del aumento del uso del herbicida, que afecta directamente a la población, sobre todo a la del campo”.
Para finalizar Galeano mencionó el caso de un productor en Paysandú que gracias al cuidado intergeneracional de las semillas conserva maíz criollo. Pero los cultivos transgénicos cercanos lo contaminaron. Lo más grave, dijo Galeano, “es la pérdida de identidad; además en este caso hay un signo claro de la prepotencia tecnológica con la que nos imponen los modelos supuestamente exitosos de desarrollo”.
Sin participación social no hay justicia ambiental
“Vemos un sistema que democratiza los costos, pero concentra las riquezas”. Desde la Asamblea del Agua por el Río Santa Lucía reivindican los múltiples usos del territorio, entre ellos el uso recreativo, que también es indispensable para la vida. Andrés Seré y Álvaro Briano pusieron sobre la mesa las distintas dimensiones de la crisis: “no es solo una crisis hídrica, es una crisis del agua y los territorios, es una crisis política”.
Los defensores del Santa Lucía contaron que están trabajado sobre un plan de transformación agroecológica del margen del río, un proyecto de recuperación de las orillas para revertir algunos impactos y con el objetivo de filtrar para mejorar la calidad del agua y además contenerla en época de inundaciones.
Florencia Cesilia, del nodo Acá el Neptuno No, una articulación de organizaciones contra el proyecto Neptuno que se pretende instalar en el balneario Arazatí, departamento de San José, destacó que esa zona tiene mucho valor cultural, patrimonial y científico, sobre todo para disciplinas como la geología, arqueología y paleontología.
Es un área en la que se han encontrado diversos fósiles animales con distintas edades geológicas, lo que permite reconstruir cómo ha sido la evolución de la biodiversidad en el territorio uruguayo. Sin embargo, esto no ha sido tenido en cuenta a la hora de instalar un megaproyecto.
La activista contó sobre una acción de comunicación que están llevando adelante, que se llama Miremos Arazatí, y recomendamos seguirla.
Sin transición justa no hay justicia ambiental
Por su parte, Jhony Saldivia de AUTE destacó que la energía es un derecho humano fundamental, y que para que eso sea una realidad debe enmarcarse en la gestión pública y lejos del lucro corporativo. “Hoy tenemos una empresa pública, pero con parte del servicio privatizado”. Según el sindicalista, Uruguay está más cerca de la energía como mercancía que como derecho.
En el 2000 se inició el cambio de matriz energética introduciendo las energías renovables, con predominio de la eólica. Hoy en Uruguay la mayoría de los parques eólicos están en manos de empresas privadas. “Esto afecta muchísimo la distribución”, señaló Saldivia. El gran capital, a la vez que invierte en energía, es su gran consumidor. El mercado eléctrico permite que comercialicen entre las empresas y dejan afuera del negocio a UTE.
Esta lógica desfinancia a la empresa estatal, encargada de garantizar el acceso y distribución justa de la energía. En esta línea argumentativa se abre la misma discusión para los nuevos proyectos de “hidrógeno verde” en nuestro territorio.
Desde AUTE sostienen que, en los últimos 20 años, la evolución de las tarifas ha sido muy desigual para hogares y empresas, en perjuicio de los hogares. Por eso llevan adelante la campaña La tarifa es injusta.
Sin acceso a tierras no hay justicia ambiental
“La forma que tenemos de defender los territorios es estando en ellos”, dijo Juan Pablo Carbone, de la Red Nacional de Semillas Nativas y Criollas de Uruguay. La organización reivindica el acceso a la tierra mediante el Instituto Nacional de Colonización y trabaja incansablemente hace muchos años por un Plan Nacional de Agroecología, que actualmente sufre un gran “lavado verde”, según las organizaciones sociales que lo impulsaron.
Eva Carrara, también integrante de la Red de Semillas, contó sobre la organización y su alcance nacional, con bases en casi todos los departamentos del país. Además compartieron su experiencia de articulación, ya que junto a la Red de Huertas, la Red de Mujeres Rurales y la Red de Agroecología desarrollaron el proyecto Más Agroecología y Biodiversidad, presentado el 17 de julio.
El video completo de la transmisión en vivo del Foro Público “La Justicia ambiental y sus múltiples dimensiones” puede verse aquí: