México: en Ostula la defensa del territorio cuesta la vida

El 29 de junio de 2009 los 2 mil comuneros de la comunidad nahua de Santa María Ostula recuperaron más de mil hectáreas de un paraje conocido como La Canaguancera, en el litoral michoacano, municipio de Aquila, e iniciaron la construcción del poblado de Xayacalan en el territorio de 29 mil hectáreas que mantiene en posesión Ostula y sus 22 poblados anexos.

La lucha por estas tierras inició hace más de cuarenta años, cuando un grupo del vecino poblado de La Placita invadió estas tierras comunales, no sólo para la siembra de papayas, mangos y tamarindos, sino para venderla al mejor postor.

La recuperación del territorio en el que ahora se desarrolla un proceso autonómico de gran envergadura trajo como respuesta la represión abierta.

En tan sólo siete meses (de agosto a la fecha) han sido asesinados impunemente ocho comuneros. La agresión más reciente es la desaparición forzada de Javier Robles Martínez y Gerardo Vera Orcino, secuestrados el 23 de febrero en el centro de Aquila por un grupo paramilitar, según información del Comité de Defensa del Pueblo Nahua de la Costa-Sierra de Michoacán.

El Comité denuncia que ambos comuneros “fueron secuestrados por su participación en la lucha social”, como parte de “una ofensiva paramilitar orquestada en contra de la comunidad de Santa María Ostula por supuestos pequeños propietarios y narcotraficantes de La Placita, y seguramente protegidos por funcionarios del municipio de Aquila y otros niveles de gobierno”, pues la detención-desaparición ocurrió “a plena luz del día”.

La comunidad organizada de Ostula informó también que el pasado primero de marzo otros tres comuneros “fueron amagados y perseguidos por cuatro sujetos fuertemente armados, quienes intentaron ‘levantarlos’ en El Ranchito”, acción que se suma a numerosas amenazas armadas que se han reportado en las últimas semanas.

El Comité de Defensa del Pueblo Nahua involucra directamente a “un conocido sicario de La Placita que responde al nombre de Artemio Chávez Huerta”, y en la denuncia pública reiteran que permanecen impunes “el salvaje homicidio del profesor Diego Ramírez Domínguez el 26 de julio de 2008 y el asesinato no aclarado de ocho comuneros de Ostula y El Coire”.

La situación en Ostula es alarmante. Se temen nuevas provocaciones. Advierten los comuneros que diversos medios de comunicación han difundido que ellos “pretenden tomar carreteras, quemar gasolineras y enfrentar con armas a los pobladores de La Placita”.

Aclaran que “se trata de informaciones falsas que buscan provocar un baño de sangre, así como la desorganización y derrota de la comunidad”.

El pasado 2 de marzo en asamblea general los nahuas de Ostula acordaron fortalecer “la explotación colectiva de las tierras recuperadas y retirar de su pliego de exigencias el reconocimiento de Xayacalan por parte del gobierno municipal de Aquila, pues los indígenas observamos que nada tenemos que esperar de dicho gobierno”.

Sus exigencias actuales son: presentación con vida de Javier Martínez y Gerardo Vera; esclarecimiento del asesinato del profesor Diego Ramírez Domínguez y el castigo a los autores intelectuales y materiales de su muerte; investigación de los asesinatos de otros ocho comuneros; respeto a la posesión de las tierras recuperadas; inmediata creación de mecanismos de los gobiernos del estado y federal que garanticen en forma definitiva la tenencia jurídica de dichas tierras a favor de Ostula; desarticulación de los grupos narco-paramilitares que actúan coordinados con supuestos pequeños propietarios de La Placita; castigo a los funcionarios de gobierno que los protegen, y otorgamiento de garantías por parte de los gobiernos federal y estatal para el funcionamiento de las policías comunitarias y su guardia comunal.

Por Gloria Muñoz Ramírez

Nuevos hostigamientos en Virikuta

El 22 de febrero en el paraje Tanque Valentín, ejido Las Margaritas, municipio de Catorce, San Luis Potosí, cuatro patrullas de la policía estatal, portando armas largas, interrumpieron con insultos la milenaria ceremonia que celebraba un numeroso contingente de comuneros wixaritari de Tuapurie [Santa Catarina Cuexcomatitlán], Jalisco. Según las informaciones, la policía manipuló las ofrendas sagradas, insultó a la gente y a los maraakate y comenzó a contar las cabezas de jícuri [peyote] que traían los peregrinos “argumentando la existencia de un acuerdo firmado por instituciones de gobierno en el que se reglamenta la peregrinación”. La policía se fue y regresó en la madrugada siguiente, con cámaras de video y foto, decomisando jícuri y hostigando a los presentes.

Éste es el más reciente hostigamiento de una larguísima historia de atropellos a todas las comunidades del pueblo wixárika (no sólo los de Tuapurie) que durante más de 3 mil años han peregrinado al desierto de Virikuta. Viola el Convenio 169 de la oit y el Convenio de Viena que protege el derecho ancestral de los huicholes a colectar e ingerir jícuri sin ser molestados, y sirve para reforzar el control de los intereses de narcotraficantes, bioprospectores, mineros y agroindustriales.

Hay que recordar que tras declararse una Reserva Ecológica en Virikuta en 1994, en 1997 (al aprobarse un plan piloto de conservación en manos campesinas) los ejidatarios del desierto (de linaje huachichil) y las comunidades wixárika, de manera autogestionaria, arribaron a directrices de cuidado y conservación del desierto, del jícuri y en general de la biodiversidad de la región “ante el creciente número de saqueadores, solapados por las autoridades”, y a un sistema de vigilancia que funcionaba controlando la situación de manera respetuosa.

Pero conforme la bioprospección aumentó, las maquilas se aposentaron, la minería cobró peso de nuevo en la región y el narcotráfico instaló laboratorios para elaborar éxtasis y otras sustancias ilegales, el sistema autogestonario fue desmantelado porque “afectó los intereses de traficantes y autoridades que los amenazaron y difamaron” (ver “Voracidad neoliberal contra los espacios sagrados”, Ojarasca 90, octubre de 2004).

Desde junio de 2004 el gobierno de San Luis Potosí, y los intereses regionales promovieron “una reunión interestatal” en Estación Catorce, de la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indios, la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental de San Luis Potosí, la Coordinación Estatal para la Atención a los Pueblos Indígenas-slp, la Comisión para Asuntos Indígenas del Congreso potosino y la Procuraduría para Asuntos Indígenas de Jalisco”. Los representantes huicholes y ejidatarios que exigían reconocimiento al sistema de vigilancia autogestionario fueron excluidos.

Desde entonces se comenzó a instrumentar eso que ahora se invoca como pretexto para hostigar a los huicholes: una reglamentación con calendario de visitas de las peregrinaciones, los recorridos, el número de personas que viajan, y que “tengan una identificación o carta de sus autoridades que los acrediten como peregrinos, que especifique a cuántos representan para designar la cantidad de peyote, las actividades a realizar en el viaje y la vigencia del permiso” con “una cuota de extracción personal provisional de 100 cabezas de peyote como máximo” y que “la extracción definitiva anual se haga saber a las autoridades municipales, estatales y de seguridad”.

Desde siempre, el derecho y la exigencia de los wixaritari es no ser molestados por ninguna autoridad civil, policiaca o militar en el ejercicio de sus tradiciones con respeto irrestricto a su autonomía fundamental.

Por Ramón Vera Herrera

Fuente: Suplemento Ojarasca, La Jornada