México: el pueblo wixárika no será cómplice de las mineras

Encubiertos bajo cualquier identidad se internan en la sierra huichola, actúan como delincuentes, sin decir exactamente sus intenciones, y se dedican a recabar información, casi casa por casa, sobre los minerales que hay en el territorio de la comunidad wixárika de San Sebastían Teponahuaxtlan y Tuxpan de Bolaños, perteneciente a los municipios de Mezquitic y Bolaños, en la mera frontera entre Jalisco y Nayarit.

Así llegan los empleados de las empresas mineras que pretenden instalarse en estos parajes. Son ellos el primer eslabón del trabajo sucio para empezar a marcar el terreno. El engaño o la compra de información abierta es su método para que los pobladores ancestrales de estas tierras les ofrezcan muestras y les indiquen rutas de exploración. Es por esto que en su asamblea trimestral, los mil 636 wixaritari concentrados en la localidad de Mesa del Tirador, acordaron “sancionar a miembros de la comunidad que promuevan o faciliten dichas incursiones mineras; conforme al propio sistema normativo y formas tradicionales de toma de decisiones”.

La amenaza minera es tan grave que la asamblea decidió que “en caso de reincidencia de estos actos”, los comuneros serás despojados de sus derechos agrarios de forma definitiva, es decir, se les retirará el predio que poseen.

El acuerdo principal es contundente: “La asamblea general de comuneros rechaza tajantemente cualquier tipo de actividad minera, se cual sea la modalidad o etapa de la misma”. Y a partir de este punto se desglosan los demás acuerdos.

La asamblea se realiza los días 7, 8 y 9 de septiembre y hasta aquí llegan pobladores de las 36 localidades que conforman San Sebastían Teponahuaxtlan. Se destaca la presencia de cientos de jóvenes que llegan en grupo o con sus familias y se instalan en los lugares destinados por los anfitriones.

Se trata de una reunión como las que se sostienen cada tres meses para tratar desde asuntos financieros hasta conflictos agrarios. En esta ocasión los puntos nodales son la amenaza de las mineras y la presentación del Estatuto Comunal, que justo servirá para normar los principios que habrán de regir para salvaguardar su cultura.

Desde Mesa del Tirador, uno de los pueblos de la comunidad Waut+a (conocida en castellano como San Sebastián Teponahuaxtlan), se vislumbran las 28 mil hectáreas que estos pueblos recuperaron entre el 2001 y 2005, y que conforman las más de 240 mil que Pedro de Haro, autoridad moral de los huicholes, logró que se les reconocieran como tierras comunales en 1954, pues estaban invadidas por los mestizos de Huajimic y de Puente de Comatlan. Aún con el reconocimiento permanecieron invadidas hasta que en los setenta don Trinidad Carrillo se fue a buscar a wixarikas que desde la revolución se habían ido a vivir a las orillas del río Santiago. Los convenció de regresar a ocupar sus tierras y fundaron entonces Mesa del Tirador.

Ahora, tan solo sobre el territorio recuperado de San Sebastián, pesan tres concesiones mineras para explotación de oro, plata y manganeso, por lo que, para defender sus tierra y su cultura, la asamblea decidió “que es obligación de los comuneros, comisarías tradicionales, autoridades tradicionales y agrarias, vigilar y hacer del conocimiento al órgano de representación comunal de cualquier indicio o anomalía detectada referente a la minería”.

“Se trata de que en esta asamblea se vean los problemas rezagados en nuestra comunidad. Todos tenemos la libertad de hablar, con las mismas obligaciones y los mismos derechos, pues la asamblea es de todos, no sólo de las autoridades, y es la oportunidad de sacar nuestras inconformidades”, dice uno de los oradores en el inicio de una de las tantas reuniones con las que se organizan estos pueblos para sacar sus acuerdos, señala al inicio el comisario Octaviano Díaz.

La asamblea dictamina también sanciones para los que vienen de afuera, como señala uno de los comuneros, pues “son ellos los que traen la división a la comunidad”. Por eso, acordaron sancionar a cualquier organización civil o institución gubernamental “que promueva o facilite dichas incursiones mineras; conforme al propio sistema normativo y formas tradicionales de toma de decisiones, así mismo será desconocido de manera definitiva por la comunidad”.

“Me preocupa que algunos wixárika sean cómplices de las mineras. No podemos permitirlo”, dice otro de los comuneros, al tiempo que relata que un empresario intentó comprarlo ofreciéndole la bicoca de 200 pesos por las muestras de minerales que le entregara, o para servirle de guía. “Pero yo lo rechacé y lo turné a la autoridad”, señala.

No todos los ofrecimientos son tan magros. Trascendió que una empresa canadiense ofreció 30 millones de pesos a la asamblea y 10 millones más al comisariado de bienes comunales por permitir la exploración del territorio y el establecimiento de minas.

El derecho a ser consultados es el principal argumento en su defensa, pues, advierten, es una “obligación inamovible de todas las autoridades mexicanas, consultar de manera libre previa e informada, y en su caso la obtención del consentimiento de las comunidades, sobre el uso y/o explotación de cualquier recurso natural dentro de los territorios comunales”.

Fuente: Desinformémonos