México: Los de Abajo
Son grandes los intereses políticos y empresariales que están detrás del proyecto hidroeléctrico La Parota, en Guerrero. Como ejemplo basta la reciente declaración del fundador y líder moral del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, quien apenas dos días después de la arbitraria detención del vocero del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la presa La Parota (Cecop), Marco Antonio Suástegui Muñoz, declaró sin ambages que debe ser construida.
No le importaron al líder perredista los 11 años de lucha de 47 pueblos que serán afectados por la presa. Ante los empresarios agrupados en la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), en Acapulco, señaló que es una obra necesaria, afirmación con la que no coinciden los habitantes de los 13 poblados que serán desaparecidos, ni los 20 mil habitantes a los que se obligaría a abandonar sus hogares (de los cuales 76 por ciento se dedica a la actividad agrícola); ni las 14 mil 213 hectáreas de cultivo afectadas. Tampoco le incomoda a Cárdenas ni a su partido la desaparición de los mantos freáticos que abastecen de agua al puerto de Acapulco y el embalse de 13 mil 728 hectáreas de superficie.
Para Abel Barrera Hernández, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, la detención del vocero del Cecop y las declaraciones de Cuauhtémoc Cárdenas refieren que las autoridades municipales y estatales de cualquier partido político están alineadas para que se construya La Parota.
En este contexto se inscribe la detención de Suástegui Muñoz, recluido desde el 17 de junio en un penal de alta seguridad en Tepic, Nayarit, y a quien se le ha tratado como delincuente, mientras la persecución continúa en las comunidades que se oponen al megaproyecto: En el pueblo las fuerzas públicas están hostigando a la gente, requisándola y amedrentándola, ya no hay paz, denuncia Guillermina Suástegui, hermana de Marco Antonio”.
Los comuneros advierten: La presa no va: primero tienen que pasar sobre nosotros y nosotras. La detención y el traslado tan inmediato de Marco Antonio es algo meramente político; ellos piensan que sin él, el movimiento se debilitará, pero no será así. Y por eso se preparan para reactivar los plantones, hacer campañas de información, y fortalecer las redes de solidaridad.
En Guerrero, advierte el director de Tlachinollan, estamos ante una escalada represiva. La fabricación de delitos es la manera de disuadir y generar temor entre la población y las organizaciones. Ellos, los gobiernos, nos mandan el mensaje de que cualquier persona que se oponga a sus lineamientos es un candidato a cualquier tipo de represalias.
Fuente: La Jornada