Los de abajo
Algunos de los momentos de mayor agresión a las comunidades zapatistas en Chiapas durante casi 29 años han contado con el acompañamiento de observadores nacionales e internacionales cuya tarea ha sido registrar y denunciar las violaciones a los derechos humanos y los intentos de despojo a su territorio, protagonizados por organizaciones vinculadas a los gobiernos en turno emanados de cualquier partido político.
Los campamentos de observación en zonas de conflicto se han interrumpido no porque se acaben las agresiones contra las comunidades en resistencia, sino porque el nivel de violencia se extiende contra los observadores de tal manera que peligra su vida. Es el caso en Nuevo San Gregorio, del municipio autónomo Lucio Cabañas, donde se agrava el riesgo a la vida, seguridad e integridad de la población, así como de las personas integrantes de las Brigadas Civiles de Observación (Brico), quienes en las últimas semanas han sido el blanco de las amenazas, denunció el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas.
La directora del Frayba, Dora Lilia Roblero, informó que en lo que va del año 2022, los brigadistas documentaron 21 agresiones contra cinco familias de Nuevo San Gregorio, víctimas de intimidaciones, amenazas de muerte, violencia sexual y tortura, agresiones físicas, robo de ganado y destrucción de bienes; cortes de agua, vigilancia; obstaculización, control y cobro de libre tránsito, así como secuestro de personas”.
El Frayba advierte que unas 40 personas de localidades aledañas han despojado a la población zapatista de cerca de 155 hectáreas que forman parte del territorio colectivo del municipio Lucio Cabañas, recuperado en 1994 para la construcción de una vida digna.
Trabajar las tierras en común, otorgar una hectárea a cada invasor y repartirse en partes iguales las 155 hectáreas fue la propuesta de paz de los zapatistas, pero fue rechazada por los invasores, cuya intención es adueñarse de las tierras, pero no sólo. Se trata de hacerlo con la mayor violencia posible. La respuesta de la comunidad autónoma es clara: la tierra es para trabajarla, no para hacer negocio. Y la van a defender.
Fuente: La Jornada