Ley de Reparación Histórica de la Agricultura Familiar: “No nos brinda herramientas para enfrentar escenarios adversos”

El gobierno nacional reglamentó, luego de nueve años de ser sancionada, la Ley de Reparación Histórica de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (N°27.118). La forma de hacerlo, inconsulta con las organizaciones del sector y con la mayor parte de los artículos sin reglamentar, amerita consideraciones importantes.

No hay precisiones sobre el presupuesto para implementar políticas y sobre la participación real que pueda tener el sector en la toma de decisiones. De esta forma, se ha dejado sin valorar el trabajo de los miles de compañeros que, a lo largo y ancho del país, estuvieron poniendo letra para la Ley.

La reglamentación de una ley que militamos, a nueve años de su sanción, es un logro, pero aquí no se está respetando el espíritu de la ley original. No reglamentar la norma en forma integral es no valorar el esfuerzo de todos nosotros y en definitiva es no reconocer a la agricultura familiar como un sistema productivo. Es necesario advertir que las organizaciones campesinas que integran la Mesa Agroalimentaria no fuimos convocadas en la confección del decreto que puso en marcha esta Ley.

¿Y por qué decimos que esta reglamentación no tiene el espíritu de la ley que sí apoyamos? Si bien la reglamentación nos permite pensar en un “banco de tierras” y en el Centro de Producción de Semillas Nativas (Ceprosena), hay puntos que quedaron afuera y son importantes. El artículo 33 de la norma, por ejemplo, indica que “los recursos que demande la implementación de la presente ley serán asignados por la adecuación presupuestaria que el Poder Ejecutivo nacional disponga”. Pero ese artículo es uno de los que figura “sin reglamentar”. Motivo por el cual no tenemos precisiones del presupuesto disponible para aplicar las políticas.

Además, el Consejo de la Agricultura Familiar tiene un carácter consultivo y no resolutivo. Lo cual le quita peso a las organizaciones del sector para definir las políticas públicas necesarias para mejorar sus realidades en los territorios. Nada nos garantiza la participación de las organizaciones campesinas en la toma de decisiones, como lo expresaba la ley original.

Foto: Prensa UTT

Si bien nos parece positivo que se reglamente el Banco de Tierras, todavía no nos queda claro cómo va a ser la distribución. Porque además de distribuir la tierra lo que hay que instalar es que el agricultor familiar, como lo prevé la ley, sea un sujeto de producción que produce alimento para su familia y comparte el excedente. Si no se considera este punto, la ley queda a mitad de camino.

Lamentablemente, desde el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner (momento en el que se gestó y aprobó la ley) hasta el día de hoy, habiendo pasado dos procesos gubernamentales, esta ley no está puesta en funcionamiento, y ahora deja artículos importantes afuera.

En muchos casos, en estos años en que la ley no estuvo reglamentada, el Poder Judicial resolvió desalojar campesinos, cuando la ley establecía que se suspendían los desalojos. Ese es un tema urgente porque esos agricultores familiares fueron expulsados de la tierra donde vivieron y trabajaron todas sus vidas.

Los productores somos protectores de alimento. Generamos ocupación, generamos producción sustentable y mantenemos los conocimientos empíricos de la producción. Con poner en funcionamiento ciertos puntos de la norma no alcanza. Sentimos que no se puso en práctica la ley. Destacamos la urgencia de reglamentar la ley para proteger a los agricultores familiares que han sido desalojados de sus tierras.

Hay que pensar hacia adelante que las políticas para la agricultura familiar no deben esperar más. El Estado tiene que entender esto y asumirlo con mucha responsabilidad. En pleno año electoral y ante la incertidumbre del futuro de nuestro país a nivel político, la reglamentación de esta ley se queda a mitad de camino. No nos brinda las herramientas para que los espacios que integramos la Mesa podamos defender nuestros logros y disputar —en un escenario adverso— los derechos que faltan.

*La Mesa Agroalimentaria Argentina está conformado por la Federación de Cooperativas Federadas ( Fecofe), la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra (UTT), del Movimiento Nacional Campesino-Somos Tierra (MNCI-ST), Bases Federadas y la Federación de Organizaciones Nucleadas de la Agricultura Familiar (Fonaf).