Las transnacionales de los transgénicos dejan Europa

Según los últimos datos del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente de España, el país ibérico concentra actualmente alrededor del 90 por ciento de los cultivos de organismos genéticamente modificados de la Unión Europea (UE), con un total cercano a las 140.000 hectáreas sembradas, 19 por ciento más que en 2012.

El escaso resto se lo reparten casi en partes iguales -y no significativas- Portugal, República Checa, Eslovaquia y Rumanía.

El aumento de la superficie agrícola dedicada a la siembra de semillas genéticamente modificadas se da en paralelo con su retroceso en el resto de los países de UE, es decir en casi todos. Allí, las transnacionales del sector “biotecnológico” están francamente en retirada.

Semanas atrás, Monsanto, la principal productora de transgénicos del planeta, anunció que retiraba sus cinco pedidos de autorización de nuevas producciones genéticamente modificadas (de remolacha azucarera, de maíz, y de soja) elevados a la UE en años anteriores y que habían permanecido sin respuesta de parte de las autoridades de Bruselas.

Algo similar decidió a comienzos de 2012 la alemana BASF, que se llevó su producción a Estados Unidos, donde sí tiene campo orégano para operar. Y antes aún otra de las grandes transnacionales del agronegocio, Syngenta, había dejado de operar en Europa.

Las tres corporaciones adujeron el mismo motivo para hacer las valijas: la “falta de perspectivas comerciales” de su producción “no tradicional”.

“No gastaremos más dinero para convencer a la gente para cultivar plantas transgénicas”, dijo en junio Brandon Mitchener, responsable de Asuntos Públicos de Monsanto para Europa y Medio Oriente en una entrevista concedida a la revista danesa Investigative Reporting. Poco después la firma estadounidense oficializaba su retiro de la región.

En realidad, lo que las motivó a las tres abandonar el grueso de la UE, además de los vetos interpuestos por países como Francia y Alemania, los dos “grandes” de la Unión, y otros más pequeños como Grecia, Bulgaria, Austria y Hungría, a la producción de transgénicos, es el muy escaso eco que han tenido en las sociedades europeas, en especial entre los agricultores, a pesar la millonada de dólares que destinaron a publicidad a lo largo de dos décadas para intentar demostrar la inocuidad de su oferta.

Transgénicos, con mala fama

La concreción de la partida de Monsanto se produjo muy poco después de que centenas de miles de personas (dos millones, según fuentes de organizaciones de consumidores y agricultores) manifestaran en todo el mundo, fundamentalmente en Europa, su rechazo a la producción transgénica.

Un estudio regional de evaluación de aceptación de la producción transgénica, el Eurobarómetro sobre Biotecnología, concluyó en 2010 que más del 53 por ciento de la población europea es adversa a este tipo de cultivos. Se trata de la última medición de ese tipo realizada hasta ahora.

“El rechazo de productores agrarios y consumidores a los organismos modificados genéticamente debido a sus nocivos impactos sobre la biodiversidad, el ambiente y la salud a corto plazo y sus aún impredecibles efectos a largo plazo ha llevado a la transnacional a involucrarse en ingentes inversiones en campañas de marketing, implantación, procesos judiciales y acciones de lobby para conseguir la aceptación de sus productos.

Su retirada supone un triunfo para todos los que han informado y luchado contra su expansión”, comentaron voceros de la organización ecologista Amigos de la Tierra.

Monsanto mantendrá de todas maneras la producción de su maíz genéticamente modificado MON 810, el único OGM autorizado por la UE pero cuya licencia expiró en 2008 y aún no ha sido renovada.

Si la Comisión Europea no volviera a autorizar el cultivo ya no habría agricultura transgénica en Europa. Ni siquiera en aquellos países, como España y Portugal, muy especialmente el primero, cuyos gobiernos respaldan institucionalmente a la industria biotecnológica.

En 2010, el portal informativo Wikileaks, especializado en la filtración de documentos secretos principalmente de Estados Unidos, revelaba comunicaciones del Departamento de Estado que dejaban en claro la alianza entre Madrid y Washington para promover el sector de la “biotecnología”.

Esa alianza se hizo una vez más evidente las últimas semanas a través de declaraciones de directivos de la Asociación Española de Bioempresas, la cámara de las compañías dedicadas a la producción y comercialización de transgénicos, que calificaron de “ilegal” la prohibición a los OGM decidida por algunos países de la UE y de “amistosa” y “cooperativa” la relación que han trabado con autoridades de otros, como Estados Unidos.

Fuente: Rel-UITA