¿Las corporaciones del agronegocio gobiernan en América Latina?

En el ámbito de las políticas agrícolas -y específicamente en el terreno de la aprobación de los Organismos Genéticamente Modificados- esta ingerencia ha sido brutal y en varios A Contrapelo hemos descripto y analizado estas prácticas (1, 2).

Sin embargo, no cabe duda de que este rol no podría ser jugado sin la mediación agente, cómplice y/o negligente de los gobiernos, quienes tienen el deber de actuar –desde los ámbitos ejecutivo, legislativo y judicial- en defensa de los intereses de la comunidad.

En este A Contrapelo, a partir de una serie de acontecimientos que han tenido lugar en América Latina, identificamos la forma en que desde la esfera gubernamental se ha actuado favoreciendo intereses de las corporaciones del agronegocio y en absoluto desmedro de la agricultura campesina y la soberanía alimentaria.

Brasil y la aprobación del maíz Bt

El 16 de mayo pasado Brasil vivió un capítulo más de esta tragedia que ha significado la imposición de los transgénicos en el país que más resistencia ofreció a los mismos a nivel planetario. Esta vez, el turno fue para el maíz transgénico de Bayer tolerante al herbicida glufosinato de amonio - Maíz Liberty Link - evento T25 (3) que fue aprobado por la CTNBio (Comisión Técnica Nacional de Bioseguridad) en medio de una polémica de alcance nacional que puso en el centro de la discusión la independencia de los órganos de control establecidos.

Es importante remarcar que la aprobación no se hubiese producido sino fuera porque el gobierno de Lula modificó recientemente las normas de funcionamiento de la CTNBio (4), disminuyendo de 18 a 14 la cantidad de votos necesarios para aprobar un transgénico. No casualmente el resultado de la votación en relación al maíz fue de 17 votos a favor ante 5 en contra (es decir, con los requerimientos anteriores este maíz no hubiese podido ser aprobado).

Esta modificación en la legislación se hizo a la medida de los intereses de la empresa Bayer y fue ratificada por el Poder Ejecutivo haciendo caso omiso de la carta presentada por 88 organizaciones de la sociedad civil que exigían su veto, ya que había existido un acuerdo previo con el Ministerio de Medio Ambiente para que este punto no fuera modificado.

Lo escandaloso de la aprobación no solamente provocó la reacción de la sociedad civil, sino la de una integrante de la CTNBio; la Profesora Dra. Lia Giraldo da Silva Augusto presentó su renuncia denunciando la arbitrariedad y las graves fallas en el funcionamiento de la Comisión.

La carta de renuncia, que no tiene desperdicio y aconsejamos leer en su totalidad, plantea con claridad los problemas que presenta la CTNBio a partir de su estructura misma, por la composición que posee, la visión que prima en sus integrantes y el error que supuso la modificación arbitraria y amañada de sus normas de funcionamiento.

Algunos párrafos que nos parece merecen ser destacados afirman:

“La CTNBio está constituida por personas con título de doctorado, la mayoría especialistas en biotecnología e interesados directamente en su desarrollo. Hay pocos especialistas en bioseguridad, capaces de evaluar riesgos para la salud y para el medio ambiente. Los miembros de la CTNBio tienen un mandato temporario y no están vinculados directamente al poder público con una función específica, no pudiendo responder a largo plazo por problemas que resulten de la aprobación o rechazo de OGMs”.

La falta de independencia necesaria para poder evaluar los riesgos que pueden significar los transgénicos y las debilidades institucionales en cuanto a la responsabilidad que debería tener un ente son puestas aquí de manifiesto.

“Lo que vemos en la práctica cotidiana de la CTNBio son votos preconcebidos y una serie de artimañas oscurantistas en el sentido de considerar las cuestiones de bioseguridad como dificultades al avance de la biotecnología. La razón colocada en juego en la CTNBio es la racionalidad del mercado y que está protegida por una racionalidad científica de certeza cartesiana, donde la fragmentación del conocimiento dominado por diversos técnicos con título de doctor, impide la priorización de la bioseguridad y la perspectiva de la tecnología en favor de la calidad de vida, de la salud y del medio ambiente.”

En otro párrafo y en relación a esta misma visión la Dra Giraldo expone que: “El comportamiento de la mayoría de sus miembros es el de la creencia en una ciencia de la monocausalidad. Mientras tanto, estamos tratando cuestiones complejas, con muchas incertidumbres y con consecuencias sobre las cuales no tenemos control, especialmente cuando se trata de liberaciones de OGMs al ambiente. Ni siquiera el mismo Principio de la Incertidumbre, que concedió el Premio Nobel a Werner Heisenberg (1927), es considerado por la mayoría de los denominados científicos que componen la CTNBio. Asi, también en la práctica de la mayoría, no se tiene en consideración el Principio de Precaución, uno de los pilares mas importantes del Protocolo de Bioseguridad de Cartagena que debe orientar las acciones políticas y administrativas de los gobiernos signatarios”.

En este caso el cuestionamiento apunta al corazón de los criterios que deberían ser el eje de funcionamiento de cualquier órgano que trabaje por la bioseguridad y que, en este caso, brillan por su ausencia.

Argentina y la prohibición del maíz resistente al glifosato

En Argentina los transgénicos no cuentan con ninguna legislación que los autorice y la Comisión que los regula (CONABIA) siempre ha actuado “en línea” con los intereses corporativos. Las arbitrariedades han estado siempre a la orden del día y la Secretaría de Agricultura ha manejado durante 15 años la aprobación de los transgénicos a gusto y placer de las corporaciones.

La única precaución (Comercial) que el Estado Argentino había tenido hasta el año 2005 había sido la de mantener una “política espejo” con la Unión Europea vinculada a no aprobar OGMs que no hubiesen sido aprobados allí. De esta manera, se buscaba preservar la apertura del mercado europeo; mucho más teniendo en cuenta que en Argentina la segregación de los transgénicos es absolutamente inexistente y, por lo tanto, la amenaza de que aparezcan en algún punto de la cadena comercial, más que posible.

Sin embargo, y una vez más bajo el influjo de los intereses del agronegocio, en agosto de 2005 Argentina autorizó el maíz GA 21 de la empresa Syngenta (resistente al glifosato) a pesar de que el mismo estaba autorizado en la UE solamente para consumo animal. Posteriormente, y yendo aún más allá, en el año 2006 se emitió la Resolución 71/2006 que exceptuó de la aplicación de las normas previstas para la aprobación de nuevos productos transgénicos y por un plazo de 90 días a todos aquellas empresas que produjeran o comercializaran los materiales correspondientes a las variedades de híbridos de maíz que contuvieran el gen GA 21 (5). En este caso las beneficiadas fueron algunas empresas nacionales (Plusagro y Atar) que de manera muy poco clara habían accedido a semillas que contenían el gen GA 21.

El escándalo fue mayúsculo y el entonces Secretario de Agricultura Miguel Campos vio tambalear su sillón. Sin embargo, la medida permaneció firme y el maíz resistente al glifosato siguió ampliando sus fronteras.

Por supuesto que los problemas no tardaron en aparecer y recientemente una partida de maíz procedente de Argentina fue retenida en el puerto de Huelva por contener granos de maíz GA 21. La reacción del gobierno argentino no se hizo esperar: inmediatamente prohibió el maíz GA 21 en una muestra más de su carencia absoluta de un rumbo propio en materia agrícola.

El tema es que el maíz GA 21 ya se encuentra ampliamente distribuido en los campos (algunas estimaciones indican que representa el 8 % de la superficie cultivada de maíz) y por lo tanto su prohibición resulta absolutamente virtual e inaplicable en la práctica.

Una vez más las beneficiadas resultaron las corporaciones. El avance de los transgénicos con sus nefastas consecuencias parece no detenerse en el Cono Sur.

Aprendizajes y caminos por recorrer

Cada día resulta más evidente que los gobiernos de toda la región no poseen la capacidad ni la decisión política de frenar los avances de las grandes corporaciones del agronegocio y muy por el contrario actúan en complicidad con sus intereses y estrategias.

Frente a esta realidad, las organizaciones de la sociedad civil encuentran como única alternativa la resistencia y la denuncia al tiempo que exploran nuevas formas de articulación para la construcción de otro modelo de sociedad donde la prioridad sea la defensa de la vida y la naturaleza y no el mercado como centro de toda la existencia.

El recién concluido V Congreso del Movimiento de los Trabajadores Rurales sin Tierra (MST), que contó con la participación de más de 17000 campesinos de todo Brasil, fue enfático al plantear que uno de sus compromisos principales es: “Combatir las empresas transnacionales que quieren controlar las semillas, la producción y el comercio agrícola brasileño, como la Monsanto, Syngenta, Cargill, Bunge, ADM, Nestlé, Basf, Bayer, Aracruz, Stora Enso, entre otras. Impedir que continúen explorando nuestra naturaleza, nuestra fuerza de trabajo y nuestro país”.

Pero al mismo tiempo se proponen “Articular con todos los sectores sociales y sus formas de organización para construir un proyecto popular que enfrente el neoliberalismo, el imperialismo y las causas estructurales de los problemas que afectan al pueblo brasileño”.

Sin lugar a dudas, los desafíos no son pocos. Pero hoy como pocas veces en la historia, se ve con claridad el agotamiento de un modelo al mismo tiempo que las raíces de una nueva sociedad se afianzan en la tierra de manera sólida y profunda.

Notas

1 - Monsanto y las regalías semilleras en Argentina
 2 - ¿Monsanto prepara el desembarco final sobre las semillas en América Latina?
 3 - Campanha Por um Brasil Livre de Transgênicos, Boletim 345 - 18 de maio de 2007
 4 - Campanha Por um Brasil Livre de Transgênicos, Boletim 332 - 09 de fevereiro de 2007
 5 - Polémica por la prohibición del uso de semillas de maíz transgénico en Argentina

Fuente: GRAIN