La ONU propone transición agroecológica y "reducir el poder de las empresas" para frenar el hambre

El relator sobre el Derecho a la Alimentación de la ONU,  Michael Fakhri, elevó a la Asamblea General de Naciones Unidas, realizada a fines de septiembre, un crítico informe en el que denunció la responsabilidad del modelo agroindustrial sobre los índices de inseguridad alimentaria y realizó un llamado urgente a la cooperación internacional para evitar el hambre en el mundo. “La razón por la que el mundo sigue en crisis alimentaria no es solo por la pandemia. También se debe a que muchos gobiernos e instituciones internacionales no escucharon a las comunidades más vulnerables y decidieron, en cambio, permitir los negocios agroalimentarios y la especulación financiera”, sentenció Fakhri en el informe titulado “El derecho a la alimentación y la pandemia de enfermedad por coronavirus”.

El  informe de la Relatoría fue presentado ante la Asamblea General por el  secretario general Antonio Guterres, quien abrió el encuentro de alto nivel el 20 de septiembre. El informe señala ejes prioritarios de políticas necesarias para evitar el hambre en el mundo: la transición a la agroecología, el comercio justo de alimentos, el respeto del derecho a la tierra con una “auténtica reforma agraria” para asegurar la tenencia y medidas tendientes a la “reducción del poder de las empresas”. 

Según datos provistos por el organismo multilateral, el hambre viene aumentando desde 2015. En 2021 entre 702 y 828 millones de personas se vieron afectadas. Esto supone 103 millones de personas más que durante el período 2019–2020 y 46 millones más que en 2020. Después de  aumentar considerablemente en 2020, la prevalencia mundial de la inseguridad alimentaria moderada o grave se mantuvo prácticamente sin cambios en 2021, con alrededor de 2300 millones de personas en el mundo con inseguridad alimentaria moderada o grave.

El informe explicita que, desde la Revolución Verde en la década de 1950, los sistemas alimentarios del mundo se diseñaron cada vez más según líneas industriales, promoviendo cada vez más la dependencia de insumos para la producción. Al respecto, el relator especial de Derecho a la Alimentación afirma que “la productividad no se ha medido en términos de salud humana y medioambiental, sino exclusivamente en términos de producción de productos básicos y crecimiento económico”. A pesar de que la elaboración global de alimentos aumentó un 300 por ciento desde mediados de los 60, la malnutrición sigue siendo uno de los principales factores que contribuyen a reducir la esperanza de vida, añade.

El informe de la relatoría especial de la ONU coincidió con el presentado el 29 de septiembre por el  Mecanismo de la Sociedad Civil y los Pueblos Indígenas (MSCPI), en el que se afirma que "el sistema económico y alimentario dominante está provocando múltiples crisis que se ponen de manifiesto en las continuas y múltiples crisis alimentarias, el catastrófico cambio climático, las emergencias de salud pública y los niveles cada vez más altos de pobreza y desigualdad".

El informe, que sintetizó las propuestas y recomendaciones que surgieron de una consulta popular global de organismos de la sociedad civil ante el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (CSA) , coincidió también en que "la soberanía alimentaria basada en la agroecología proporciona la solución más sostenible a estas crisis", ya que garantiza el derecho a una alimentación sana y culturalmente apropiada, producida con métodos ecológicos y sostenibles.

Más hambre y más concentración de riqueza

Durante la pandemia crecieron la desigualdad entre las personas y la riqueza de las empresas multimillonarias, advierte el informe de la Derecho a la Alimentación. En el sector alimentario, ese factor aumentó en mil millones de dólares cada dos días. En 2021 Cargill, uno de los mayores comerciantes de alimentos del mundo, obtuvo casi 5000 millones de dólares de ingresos netos, el mayor beneficio en sus 156 años de historia.

Además, denuncia la ONU, las empresas agroalimentarias utilizaron la pandemia para lucrar y presionar a los gobiernos para justificar la paralización de la aplicación de medidas que promueven el derecho a la alimentación. Sobre este punto, se menciona como ejemplo el lobby de las empresas agroindustriales en contra de las medidas de etiquetado frontal en México, un  lobby que también se vivió en la Argentina hasta la sanción definitiva de la norma.

Mientras tanto, como consecuencia de los estrictos confinamientos, muchas personas no pudieron trabajar y perdieron los ingresos necesarios para acceder a una alimentación y nutrición adecuadas. Asimismo, las condiciones climáticas del período 2020–2021 provocaron inundaciones o sequías en muchas partes del mundo, complejizando aún más la situación.

La relatoría especial de Naciones Unidas describe que en el Sur Global los gobiernos a menudo forzaron el cierre de los mercados informales mientras permitían que los centros comerciales “formales” permanecieran abiertos, lo que repercutió injustamente en los medios de vida de gran parte de la población pobre urbana.

La deuda externa como barrera para solucionar el hambre

Según estimaciones del informe de la ONU, los Estados parte deberían gastar en promedio 14 mil millones de dólares adicionales al año hasta 2030 para acabar con el hambre, duplicar los ingresos de 545 millones de pequeños agricultores y  limitar las emisiones agrícolas en línea con el Acuerdo de París sobre el cambio climático. Esto supondría duplicar aproximadamente la cantidad de ayuda asignada a la seguridad alimentaria y a la nutrición cada año.

Pero los Estados, sostiene el relator Fakhri, enfrentan varias limitaciones estructurales que hacen “improbable” cualquier gasto adicional en un futuro próximo. Al respecto, el informe resalta que “el servicio de la deuda provoca más hambre y malnutrición”, porque los países deben decidir entre tomar medidas para su población o pagar la deuda. Y agrega que “el actual  sistema internacional de financiación obstaculiza decididamente la capacidad de los gobiernos para cumplir sus obligaciones con respecto al derecho a la alimentación”.

En este sentido llama a establecer un mecanismo de alivio de la deuda internacional que incluya la condonación formal de la deuda y la cancelación del saldo de la deuda con los acreedores soberanos y privados.

La ONU advierte la relación entre hambre y concentración empresaria

El informe de la ONU señala de forma clara que el hambre es el resultado de decisiones humanas desacertadas y no un problema de productividad de alimentos. Al respecto, alerta sobre la concentración que hay en ese mercado y explicita que el “ABCD” de los gigantes del comercio de cereales —Archer Daniels Midland, Bunge, Cargill y Louis Dreyfus Company— representan entre el 70 por ciento y el 90 por ciento del comercio mundial de cereales. También dice que cuatro compañías agroquímicas controlan el 60 por ciento del mercado de semillas y el 75 por ciento del mercado de plaguicidas a nivel mundial. “Merced a esta gran concentración de poder empresarial, un grupo de personas relativamente reducido puede orientar los mercados y la innovación hacia el objetivo final de maximizar los ingresos netos de los accionistas y no el bien público”, afirma.

La relatoría sobre el Derecho a la Alimentación sostiene que  este modelo hiperconcetrado es responsable de la pandemia. Fakhri refleja en el informe cómo las plantas de envasado de carne habían fomentado la pandemia, propagando el virus a las comunidades cercanas debido a las malas condiciones de trabajo y los abusos ambientales. “Lo que ha dificultado la superación del problema es el hecho de que las empresas gozan de un profundo grado de poder pero no se les hace responsables de los daños que causan a la salud humana y al medio ambiente”, observa.

Por este motivo, el relator recomienda a los Estados parte a construir nuevas políticas para establecer mercados justos y estables. Esto incluye el aumento de la capacidad de producción nacional; la creación de reservas públicas nacionales y regionales; el desarrollo de un sistema de comercio internacional que aumente la transparencia de las existencias alimentarias públicas y privadas y la coordinación de las existencias internacionales.

También prescribe que se evite el acaparamiento de la producción. Según la ONU, “los países con grandes reservas de alimentos deben apoyar a los países necesitados. Además se deberá exigir a las empresas comerciales que revelen la naturaleza y el importe de sus existencias”.

Fuente: Agencia Tierra Viva