"La Masacre de Napalpí fue un delito de lesa humanidad en el marco de un proceso genocida"

En el marco del Juicio por la Verdad de la Masacre de Napalpí, el Juzgado Federal N°1 de Resistencia sentenció que existió responsabilidad del Estado argentino en el asesinato de entre 400 y 500 personas de los Pueblos Qom y Moqoit. La matanza ocurrió el 19 de julio de 1924 en el entonces territorio nacional del Chaco. "La masacre fue un delito de lesa humanidad cometido en el marco de un proceso genocida de los pueblos indígenas", estableció la jueza Zunilda Niremperger en su fallo, que se conoció en la audiencia de este jueves, luego de la lectura de los alegatos. La sentencia reclamó al Estado Nacional medidas reparatorias para esos pueblos en materia de políticas de salud, de educación, de capacitación a las fuerzas de seguridad en diversidad cultural y de construcción de memoria sobre los hechos. No se aludió a la reparación en materia de restitución de tierras a las comunidades.

La magistrada sostuvo además que "la sentencia constituye en sí misma un acto de reparación". El fallo ordenó al Ministerio de Seguridad de la Nación y del Chaco a crear un módulo de capacitación sobre la Masacre de Napalpí y la perspectiva de respeto a la diversidad cultural. También conminó al Estado nacional a generar políticas públicas de reparación concreta y de erradicación del racismo, garantizando la perspectiva de los pueblos indígenas en materia de salud, cultura y educación con la debida consulta previa a los pueblos originarios. A su vez, estableció la creación de una instancia ejecutora que den seguimiento a las medidas establecidas en la sentencia.

Por otra parte, se solicitó al Equipo Argentino de Antropología Forense a continuar con las búsquedas de restos humanos en el lugar de la masacre, que el Estado nacional financie esos trabajos y que los restos sean restituidos a las comunidades. El fallo requirió además al Congreso de la Nación a crear el 19 de julio como el Día de Conmemoración de la Masacre de Napalpí.

El juzgado también resolvió reconocer como medidas de reparación el pedido de disculpas del gobernador de Chaco, Jorge Capitanich, en nombre del Estado provincial realizadas en 2008, el reconocimiento como lenguas oficiales de esa provincia al moqoit y qom, la Ley 7446/14 de Educación Intercultural en Chaco y norma provincial que establece la construcción del Espacio de Memoria Napalpí.

Además, el tribunal ordenó al Ministerio de Educación de la Nación que, en todos los niveles educativos, se incluya el contenido de los hechos probados en el juicio y que el Estado Nacional organice un acto de reconocimiento de su responsabilidad en los mismos. Por otra parte, el fallo ordena la construcción de un museo y sitio de memoria en Napalpí y de un reservorio y archivo digital conformado por la documentación existente sobre la masacre. El espacio deberá ser financiado por el Estado nacional. También se dio lugar a la medida solicitada por el Ministerio Público Fiscal sobre el cambio de nombre de la actual Colonia Aborigen por otro, a consultar con el Instituto del Aborigen Chaqueño (Idach).

El fallo dispuso otras medidas de reparación: ordenar la publicación de la sentencia por un año en los sitios web de las Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y de la Secretaría de Derechos Humanos y Género de Chaco, en ambos casos con su correspondiente traducción a las lenguas qom y moqoit. También que el contenido de la sentencia sea difundido a través del Boletín Oficial. Asimismo, se solicitó la transmisión del juicio por la Televisión Pública y la comunicación, a través de Cancillería, del resultado del proceso judicial a los organismos internacionales de derechos humanos.

Juicio por la Verdad

Durante las audiencias del  Juicio por la Verdad acerca de la Masacre de Napalpí se escuchó a sobrevivientes y descendientes de las víctimas y a investigadores sobre los crímenes perpetrados por el Estado en julio de 1924 contra integrantes de los originarios Qom y Moqoit, que contribuyeron a dar cuenta de las condiciones en que ocurrió la masacre y por qué se trata de un crimen de lesa humanidad. Es decir: imprescriptible.

La jueza Zunilda Niremperger describió —al inicio de las audiencias— las características que posee el juicio. Aclaró que “tiene la finalidad de conocer la verdad de los acontecimientos, que según la teoría del caso habrían acaecido el 19 de julio de 1924 en Napalpí y que fue calificado por la fiscalía como delito de lesa humanidad, ejecutado por el Estado y civiles, con el fin de acallar la protesta de los pueblos indígenas por mejores condiciones de trabajo”. Por otra parte, remarcó que el debate no busca responsabilidades penales, sino hacer una determinación judicial de los hechos y conocer la verdad de lo acontecido.

De los distintos relatos se pudo conocer cómo ocurrieron los hechos, se destacó la persecución realizada por el Estado hacia los pueblos originarios, el reclamo laboral que los indígenas llevaron adelante y el rol que ocuparon los medios de la época. “La causa de la huelga era porque querían vivir mejor, más dignamente. Pedían una mejor paga. Ocurrió un crimen de lesa humanidad por la cantidad de hermanos, tíos y abuelos que dejaron la vida defendiendo la identidad. El único responsable fue el Estado”, sostuvo en las audiencias el investigador Marcelo Musante, en calidad de testigo.

En el debate intervino la Unidad Fiscal de Derechos Humanos de esa jurisdicción, integrada por los fiscales generales Federico Carniel y Carlos Amad, el fiscal federal Patricio Sabadini y el fiscal ad hoc Diego Vigay.

La memoria sostenida de generación en generación

Entre los testimonios se escucharon las voces de Ramona Pinay y Florencio Ruiz, familiares de sobrevivientes de la masacre. También se escuchó el registro del relato de hijos de las víctimas, hoy fallecidos, como Mario Irigoyen, Carmen Rosa Delgado y Felipa Laleqori, hijos de sobrevivientes. Además, se reprodujeron filmaciones de las entrevistas realizadas a las fallecidas Melitona Enríquez y Rosa Chara, quienes fueron testigos y sobrevivientes de la masacre. 

Melitona había afirmado: “Arrasaron con todo. Murieron ancianos, niños, mujeres embarazadas que querían trabajar y estar en paz”. Además, contó que vio sobrevolar aviones “buscando más aborígenes para exterminar” y que ella junto a los que lograron sobrevivir escaparon al monte, donde estuvieron dos días sin comer.

Durante las audiencias, su hijo Mario Irigoyen relató: “Según me contó mi madre, un avión recorría los días antes y estaba agrupado un ejército de policías que los amenazaba con que los iba a fusilar por el reclamo que estaban haciendo”. A su vez, señaló que ese 19 de julio, a las 8 de la mañana, llegaron las fuerzas policiales, que se colocaron a 300 metros de la toldería —el lugar de protesta—, y que a pesar de que uno de los caciques intentó hablar con el jefe policial, éste ordenó el ataque. “Le jugaron a mi pueblo”, leyó el Secretario del Juzgado en base a las declaraciones de Mario Irigoyen. En otro pasaje del mismo testimonio se agregó: “No les dejaron enterrar cristianamente a mis seres queridos. Bajaban los pájaros que se comían los cadáveres. Es algo muy triste esta historia, por eso no quiero casi ni hablar. A los caciques les sacaron los testículos, las orejas y los hicieron trofeo”.

“Mi madre nos contó mucho del caso. Ella tenía 12 años cuando ocurrió. En ese entonces, el trabajo que ellos hacían era de destronque bastante forzado, con mucho sacrificio. Estaban esclavizados. Comenzaban a trabajar ni bien aclaraba el día. Paraban al mediodía y luego continuaban hasta la puesta del sol. También cortaban leña para el funcionamiento de los trenes de carga”, describió Sabino Yrigoyen.

“Luego de unos días de la masacre, a la gente que sobrevivió le colocaron un trapo blanco en su brazo en señal de pacificadores y de conformidad con la forma de pago. Pero no era que estaban conformes con su sueldo sino que no había otra manera de sobrevivir”, agregó.

Señaló que su madre le pidió que no le contaran a nadie sobre estos hechos porque tenía miedo de que la fueran a buscar. “Esto nos contaba a la noche antes de ir a dormir. Lo tenía muy presente, no se podía contener y empezaba a llorar. Ella se escondía de las autoridades policiales pensando que la iban a ir a buscar”, recuerda.

En el juicio también declararon Cristian Fernando Enríquez y Guillermo Ortega, nietos de sobrevivientes de la masacre. “Mi abuelita tenía mucho miedo porque pensaba que si hablaba la iban a venir a matar. Ella tenía 11 años cuando ocurrió la masacre”, resaltó Enríquez. El hombre puntualizó que le hubiera gustado aprender el idioma qom pero que su familia no quiso enseñárselo por miedo a que supieran que su abuela era una sobreviviente.

Ortega declaró que su abuela, que en ese entonces tenía entre 8 y 9 años, sobrevivió a la masacre porque se escondió en el monte. “Ella decía que veía a la policía con su armamento y que directamente largaban proyectiles y mataban a las familias”, señaló.

El docente indígena Gustavo Gómez señaló que las consecuencias que dejó la masacre fue lo que lo llevó a investigar qué fue lo que pasó: “Yo pertenezco a la comunidad Qom y mis padres no me enseñaron la lengua. A través de las investigaciones vi cómo se contradecía la historia con lo que aparecía en los libros y lo que nos contaron nuestras familias”.

El contexto de la Masacre de Napalpí

Durante la etapa testimonial se requirió la reproducción de una entrevista al  historiador Juan Chico (fallecido en 2021). Se trata del principal historiador indígena de la Masacre de Napalpí que participó activamente en todo el proceso de reconstrucción histórica de la comunidad y fue autor de los libros “La Voz de la Sangre” y “Las Voces de Napalpí”, ambas investigaciones sobre la matanza.

También declararon quienes trabajaron junto a Juan Chico: David García y Analia Noriega. “Mi interés es que se haga el juicio para tener veracidad de la verdad, que el Estado se haga cargo y quitarles la culpabilidad a los indígenas”, manifestó García. Noriega, por su parte, contó que había —cuando ocurrieron los hechos— una situación de reclamo por hambrunas y que por eso los líderes de la comunidad iniciaron una protesta. Durante su testimonio, agregó que “en nombre de mis compañeros de equipo pedimos que se haga justicia, que se escuche las voces de los indígenas, y que no nos olvidemos que el Estado se conformó en base a un genocidio invisibilizado”.

El escritor Neri Romero destacó la apropiación de la tierra chaqueña como fenómeno sustancial para entender el contexto de desigualdad en el que se sucedió la masacre: “Millones hectáreas de las actuales provincias de Chaco y Formosa se entregaron a 112 adjudicatarios particulares donde prevalecen apellidos franco británicos”. Destacó que la reducción de Napalpi fue producto de ese proceso, al que lo calificó como campo de disciplinamiento forzado de la mano de obra semi esclava y como un campo de concentración.

En las audiencias también declaró la antropóloga Lena Dávila da Rosa, quien destacó en su declaración que en 1920 los algodonales empezaron a competir vorazmente con los ingenios azucareros por la fuerza de trabajo indígena. “Los indígenas del gran Chaco solían migrar a la zafra dejando sin mano de obra a los algodonales de la región. Como resultado de la presión de los propietarios de los algodonales de los territorios nacionales de Chaco y Formosa se prohibió la contratación de los indígenas fuera de estos territorios”, explicó. 

Esta prohibición de migrar como fuerza de trabajo en búsqueda de mejores condiciones laborales afectó a los indígenas de la región, incluyendo a los pobladores de Napalpí. Pero además, —contó Dávila da Rosa— la administración de Napalpí les exigía a los indígenas que les entregaran lo producido de la cosecha de algodón y les prohibían terminantemente venderlo a otras personas (limitación que no pesaba sobre blancos y mestizos). A esto se le sumó una quita del 15 por ciento de la  producción cosechada por los trabajadores indígenas, también decidida por la administración, con motivo de financiar las herramientas de labranza y del mantenimiento del propio establecimiento.

Graciela Bergallo, antropóloga y autora del libro “Danza en el Viento, Memoria y Resistencia Qom”, expresó que la movilización de distintos pueblos indígenas a Napalpi generó en el gobernador de Chaco el temor de que haya una rebelión indígena. Y que hubo un pedido de los empresarios para tenerlos a disposición como mano de obra barata.

¿Cómo funcionaban las reducciones?

El sociólogo, docente e investigador de la Universidad de Buenos Aires y de la Red de Investigadorxs sobre Genocidio y Política Indígena en Argentina, Marcelo Musante, basó su exposición en explicar cómo funcionaban las reducciones como en la que se llevó adelante la matanza indígena de 1924. “La masacre de Napalpí se llevó a cabo en una sistema de reducciones para indígenas. Napalpí que formó parte de un sistema que se implementó en el Estado Argentino entre 1911 y 1956. Fue un sistema que llegó a contar con cuatro reducciones. Napalpí se tiene que entender en este sistema de concentración y disciplinamiento de las comunidades indígenas de la región. Fue un sistema copiado de Estados Unidos que ya contaba con muchas críticas. Y tiene una particularidad que es la especificidad étnica de las personas que están reducidas”, comenzó Musante. El investigador detalló que llegaron a haber 7000 personas en reducciones. 

Musante marcó dos ejes: el afuera y el adentro de las reducciones. Con respecto al afuera, recordó que entre 1911 y 1956 toda la región de Chaco y Formosa eran aún territorios militarizados. “Esto es importante porque explica por qué las comunidades indígenas aceptaban ir a la reducción. Porque en el afuera eran sujetas a ser detenidas y asesinadas todavía en el marco de las Campañas al Desierto”, explicó. También dio cuenta de las condiciones de vigilancia y violencia que había al interior de las reducciones.

Y continuó: “Lo que les pagaban era un precio muy bajo. No les alcanzaba para nada. Entonces decidieron hacer un reclamo para que haya un aumento de salarios. Cuando empezaron a reclamarlo la gente que supervisaba a los obreros no estuvo de acuerdo. Les decían que se conformaran y que siguieran trabajando. Al pasar los días, los supervisores estaban molestos entonces se comunicaron con las autoridades. El mensaje era que si ellos no dejaban de protestar iban a tener una consecuencia grave. Pero la gente no dejó de reclamar”.

Detalló cómo operaba el concepto de la deuda. “Cuando los indígenas ingresaban a la reducción se le entregaban instrumentos de labranza, ropa y automáticamente eso les generaba una deuda con el almacén y con la administración que generaba una gran presión sobre las familias indígenas. Todo lo que producían se lo entregaban al administrador. También se les descontaba la comida. Solamente podían gastar en el almacén de la reducción”.

¿Por qué la Masacre de Napalpí es un hecho de lesa humanidad?

La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación mostró en el juicio documentos oficiales, entre los que se destacan los informes de los comisarios Roberto Sáenz Sosa y Jose Machado. Alejandro Jasinsky, representante del organismo nacional, dividió en tres momentos la responsabilidad estatal: cuando se da el accionar represivo, el momento del aparato político —cuando llega la denuncia al Congreso— y la etapa judicial, que concluye sobreseyendo a los responsables.

María Barrios, magister en políticas sociales y trabajadora del Instituto de Cultura de Chaco también aportó documentos oficiales de la Policía de Chaco, referidos al día de la masacre. Allí se describe el listado de los 35 gendarmes que participaron, el tipo de equipo que tenían y la cantidad de disparos, que en total fueron 2400. Se trata de la fuerza de seguridad que, junto a la policía territorial, llevó adelante la represión. “La masacre fue un hecho planificado”, añadió Musante.

Fuente: Agencia Tierra Viva