Evaluación de maíz transgénico con amplios cuestionamientos

El pasado 21 de abril culminó la consulta pública realizada por la Comisión para la Gestión del Riesgo (CGR) sobre varios “eventos” de maíz (GA21;GA21xBt11; Bt11xMIR162xGA21 y TC1507), a los efectos de considerar las solicitudes de autorización para producción y uso comercial para consumo directo o procesamiento de los mismos.

En respuesta a esta consulta pública, nuestra organización manifestó una gran preocupación sobre estos maíces y planteó que si solo se tomasen en cuenta los aportes dados por diferentes instituciones del Comité de Articulación Institucional (CAI) que se compilaron por la instancia de Evaluación del Riesgo en Bioseguridad (ERB), estos nuevos maíces transgénicos no deberían de ser autorizados bajo ningún concepto.

De acuerdo a lo manifestado por la Universidad de la República, (UdelaR), ésta concluye que “de acuerdo a las opiniones relevadas dentro del equipo técnico de la UdelaR, consideramos que no se cuenta con elementos suficientes para la aprobación de estos eventos para la liberación comercial señalando como las principales limitantes información aun faltante, carencia de algunos especialistas en el país, y contar con más tiempo real para realizar un análisis adecuado de dicha información y para el diseño de un necesario sistema de evaluación local y monitoreo del material analizado”.

Por su parte, el Ministerio de Salud Pública manifiesta que: “El equipo solicita información adicional sobre estudios de patogenicidad en mamíferos, la empresa brinda la información adecuada que cumple con los consensos internacionales, pero no responde a las interrogantes planteadas. Agrega que, es necesario estudios de patogenicidad, mutagenicidad, carcinogenicidad e histopatológicos en mamíferos con consumo mínimo de 1 año del evento estudiado”.

El MSP continua diciendo que “el documento que muestra la composición nutricional respecto al contenido de rafinosa (referencia de tabla 9: Metabolitos secundarios) presenta datos que no coinciden dado que en el documento este antinutriente supera los valores de referencia establecidos; el resto de los antinutrientes no presentan valores comparativos de referencia”.

Además, el Ministerio de Salud Pública enfatiza que, “no es posible realizar la evaluación de toxicidad y alerginicidad hasta no disponer del técnico específico (toxicólogo y alergista)”.

Comenta (al igual que la UdelaR) que es importante destacar la necesidad de tiempo de los técnicos para poder realizar un análisis adecuado de la información.

Finalmente dice que, “respecto al evento BT11xGA21xMIR162, no se ha recibido la información adicional solicitada”.

A su vez, el Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU) considera que “para tomar posición desde nuestra institución debemos contar con la opinión de los expertos en cada área acerca de si la nueva información recibida colma las inquietudes planteadas por los entendidos en dichas áreas, de las cuales en éste documento solo detallamos algunas. Por éste motivo nos sentimos imposibilitados de emitir una posición.”

La Dirección Nacional de Medio Ambiente (DINAMA), coincide con la necesidad de contar con más tiempo para el estudio de antecedentes y análisis de la información y por lo tanto ésta no está en condiciones de hacer análisis. Agrega que antes de autorizar nuevos maíces se debe de readecuar el procedimiento de control y medidas de coexistencia. Optimizar la fiscalización de amortiguación y refugio, que actualmente son realizadas en forma separadas por este organismo y por el Instituto Nacional de Semilla (INASE).

También dice que: se deben de tomar medidas para garantizar la coexistencia. Contar con un registro de productores que necesitan proteger sus cultivos de contaminación por flujo genético, (grano orgánico o convencional y semilla).

Se debe de contar con estudios locales en tamaño y distribución de zonas de amortiguación, barreras y estudios de viabilidad de polen para garantizar la coexistencia.

Existe riesgo de contaminación ambiental y deterioro de la integridad de los ecosistemas naturales y los recursos hídricos, resultantes del paquete tecnológico, que está asociado a cada evento.

Se deben de tomar en cuenta las regulaciones de protección de las aéreas naturales del sistema nacional de áreas protegidas, a los efectos que la liberación de estos maíces no afecta a las mismas.

Finalmente la DINAMA agrega que como criterio se deberá tener en cuentas la presencia de áreas geográficas y espacios próximos a áreas agrícolas destinadas a la producción orgánica pues no se considera que sea adecuada la coexistencia con OMG de la misma especie.

De acuerdo a los análisis presentados por los organismos mencionados anteriormente, queda claro que la información utilizada para la evaluación y análisis de estos maíces ha sido presentada por la empresa, situación que a simple vista no puede o no debería de suceder.

Por otro lado el país no cuenta con expertos para realizar análisis o evaluaciones a nivel de impactos en el medio ambiente, salud o socio-ambientales.

La evaluación presentada por el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA), Instituto Nacional de Semillas (INASE) y el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) se centró en el nivel económico y agronómico, sin abordar los posibles impactos de los maíces transgénicos en evaluación. Esta postura no llama la atención, ya que el MGAP se enfoca principalmente en la productividad agrícola, el INIA es un organismo estatal con fuerte injerencia del sector privado, en tanto que INASE no es estatal y tiene como cometido promover y contribuir al desarrollo de la actividad semillerista, en coordinación con el MGAP.

La modificación genética de estos maíces transgénicos es con genes apilados ya que tienen más de una transgénesis en un mismo maíz. Esto implicará un mayor uso de herbicidas por contar con una tolerancia apilada a glufosinato de amonio y glifosato.

Estudios realizados por técnicos de INIA Uruguay han demostrado la aparición de malezas resistentes al glifosato; por lo tanto, un aumento del uso de este herbicida combinado con el glufosinato de amonio podrían hacer aparecer malezas que se hagan resistentes a estos dos herbicidas, generando así un uso aún mayor de otros herbicidas aún más potentes.

A eso se agrega que la evaluación de estos maíces fue realizada en ambientes confinados y controlados, situación que puede cambiar sustancialmente al momento de ser sembrados en aéreas abiertas.

Desde la introducción del maíz transgénico a nuestro país (Mon 810 en 2003 y BT11 en 2004) no se ha realizado una evaluación de cuales han sido los impactos de estos maíces. Sin embargo, un estudio ha demostrado que ha habido una contaminación genética. Por otro lado no se ha dado importancia a los maíces criollos que existen en distintos puntos del país, ni menos aún a los productores que desean conservar esas semillas. Durante el 2010, nuestra organización llevó a cabo un Estudio sobre la Biodiversidad, Erosión y Contaminación Genética del Maíz Criollo en Uruguay, (de próxima publicación). En ese estudio se da a conocer la importancia que el maíz criollo ha tenido a lo largo de la historia de nuestro país y como en el siglo XX Uruguay llegó a ser catalogado como país elite por su rica diversidad en materia de maíces. Sin embargo, toda esa riqueza no fue tomada en cuenta al momento de introducir el maíz transgénico, ya que el mismo pondrá en riesgo de contaminación al maíz criollo, en un proceso de degradación que puede llegar a ser irreversible.

Por todo lo manifestado, tanto por las instituciones pertenecientes al Comité de Articulación Institucional como por nuestros propios comentarios, entendemos que existen elementos más que suficientes para la no aprobación de estos maíces.

Fuente: RAPAL Uruguay