Estado paraguayo nuevamente sancionado por no frenar fumigaciones ilegales
"El dictamen del Comité reconoce las violaciones de los Derechos Humanos de la Comunidad y obliga al Estado paraguayo a sancionar a los responsables, reparar integralmente a la comunidad y tomar medidas para que estos hechos no vuelvan a afectar a otras comunidades. "
El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas dió a conocer hoy su dictamen respecto a la denuncia presentada por la Comunidad Indígena Campo Agua’ê contra el Estado paraguayo por no haber protegido a la comunidad y sancionado a los responsables de las fumigaciones ilegales con agrotóxicos que afectaron severamente a los indígenas.
El dictamen del Comité reconoce las violaciones de los Derechos Humanos de la Comunidad y obliga al Estado paraguayo a sancionar a los responsables, reparar integralmente a la comunidad y tomar medidas para que estos hechos no vuelvan a afectar a otras comunidades. La sanción al Estado se basa en la violación de los artículos 17 (Derecho a la vida privada y familiar), 27 (Derechos de las minorías étnicas) y 2.3 (Protección judicial) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos.
“Para los pueblos indígenas, sus tierras representan su hogar, cultura y comunidad. Los graves daños ambientales tienen impactos en la vida familiar, la tradición y la identidad de los pueblos indígenas, e incluso conducen a la desaparición de su comunidad. Daña drásticamente la supervivencia cultural del grupo en su conjunto”, afirmó Hélène Tigroudja, miembro del Comité.
El dictamen del Comité responde a una denuncia presentada por el líder de la comunidad y por un docente de la escuela comunitaria, en nombre de los 201 integrantes de la comunidad indígena Campo Agua’ẽ, del Pueblo Ava Guaraní, situada en el distrito de Curuguaty, departamento de Canindeyú. La denuncia se había realizado en instancias nacionales en el año 2009, tras un largo proceso la propia Fiscalía, representada por Jalil Rachid, decidió abandonar la causa favoreciendo a las empresas sojeras que habían envenenado la comunidad, causando intoxicaciones a niños y niñas, así como la contaminación con glifosato de los cursos de agua de los que se abastecía la comunidad, también las fumigaciones ilegales habían afectado los cultivos y acabado con los animales que poseían los indígenas.
Según relata el Libro Comunidades En Lucha respecto al caso de Campo Agua’ê «en octubre de 2009, la comunidad indígena volvió a ser afectada con el lanzamiento de agrotóxicos desde tractores en las estancias de Monte Verde y Vy’aha, hasta menos de diez metros de las viviendas y de la escuelita de la comunidad. Estas fumigaciones fueron realizadas en horario de clase, afectando a los niños y niñas. A su vez, las plantaciones llegaban hasta la vera del camino de acceso al centro de Campo Agua’ẽ, por donde transitan diariamente las personas de la comunidad, por lo que las fumigaciones con sustancias tóxicas afectaban totalmente a los pobladores». Así también se señala que en el marco de la investigación de los hechos se había constatado que los tóxicos utilizados estaban prohibidos en el país y que no se cumplía con ninguna de las medidas de mitigación exigidas por la legislación paraguaya respecto al uso de plaguicidas.
El avance del agronegocio y estás violaciones a la normativa ambiental llevaron en la actualidad a que la comunidad se encuentre en una grave crisis. “A más de doce años de la presentación por los autores de la denuncia penal por las fumigaciones con agrotóxicos, a las cuales además han quedado expuestos todo este tiempo, las investigaciones no han avanzado significativamente, sin que el Estado parte haya ofrecido explicación para justificar dicho retraso”, dijo el Comité en su dictamen.