Escuela Común 2024: Tecnologías Libres para la Defensa de la Vida

El advenimiento del “capitalismo de la vigilancia”

El impacto de Internet y las tecnologías de la información (TICs) no dejan de ser asombrosas. Más de 5.44 mil millones de personas, es decir, el 67.1% de la población mundial, ya son usuarias de Internet. Por su parte, los teléfonos móviles han alcanzado una penetración aún mayor, con 5.65 mil millones de usuarios únicos, lo que equivale al 69.7% de la  población global.

Este auge no solo se refleja en cómo las TICs moldean nuestra vida cotidiana, sino también en su poderío económico. Las grandes corporaciones tecnológicas, conocidas como las Big Tech, ahora representan cerca del 21.5% del mercado bursátil mundial. Su influencia no para de crecer, y el desarrollo de nuevas herramientas como la inteligencia artificial parece estar alimentando aún más su expansión.

Actualmente es fácil documentar con un celular, almacenar en la nube lo que está sucediendo; editar video ya no es algo exclusivo de un profesional del cine o televisión y llevar esa información a los demás pareciera no requerir más que un posteo en una red social. Es indudable que las plataformas digitales ofrecen enormes oportunidades para amplificar las voces de las comunidades. Pero como toda herramienta, puede ser esgrimida para más de un uso.

Las tecnologías de la información que con gran éxito comercial han logrado colarse en casi todos los aspectos de nuestra vida cotidiana, son también herramientas de control y vigilancia; como lo devela Shoshana Zuboff en The Age of Surveillance Capitalism (La era del capitalismo de la vigilancia). La minuciosa investigación de la autora describe cómo los datos personales se han convertido en un recurso estratégico para la extracción de valor económico. Las grandes corporaciones tecnológicas, al recopilar y comercializar datos con y sin el consentimiento informado de los y las usuarias, contribuyen a una forma de explotación que va más allá del ámbito económico, afectando la privacidad, la autonomía y los derechos fundamentales de las personas.

A pesar de las leyes de protección de datos en varios países, como el Reglamento General de Protección de Datos (GDPR) en la Unión Europea, numerosas empresas tecnológicas continúan recopilando información personal sin el consentimiento explícito de los usuarios. Un ejemplo reciente involucra a Amazon y su asistente virtual Alexa, que ha sido acusado de recopilar datos personales, incluidas grabaciones de voz de infantes, sin el debido consentimiento. En 2023, Amazon fue multado con 25 millones de dólares en Estados Unidos por violar la privacidad infantil, al conservar indebidamente estas grabaciones y usarlas para mejorar sus sistemas de inteligencia artificial, incluso después de que los padres intentaron eliminarlas. Este caso pone de manifiesto cómo las prácticas de extracción de datos afectan incluso a las poblaciones más vulnerables y cómo las sanciones económicas, aunque significativas, rara vez modifican estas dinámicas de explotación ya que el valor extraído es mucho mayor.

Estos y otros factores han permitido un auge de la tecnología digital y su modelo económico impulsado por el almacenamiento y procesamiento de cantidades colosales de datos, que está asociado también al significativo aumento de las cantidades de agua consumida por estas empresas, principalmente para la refrigeración de sus sistemas. Sin embargo, obtener una cifra exacta del consumo total de agua a nivel global es desafiante debido a la falta de transparencia y a la variabilidad en los reportes de cada corporación. En Estados Unidos, un reportaje del Financial Times estima que en 2023 los centros de datos de ese país consumieron más de 75 mil millones de galones de agua, aproximadamente el equivalente a lo que la ciudad de Londres consume en cuatro meses. Empresas como Google han reportado un aumento del 14% en su consumo de agua en 2023, utilizado principalmente para la refrigeración de sus centros de datos.

Un “arma” con doble filo

La importancia de la soberanía digital en la lucha por la justicia social no puede subestimarse. En un mundo donde las grandes corporaciones controlan el acceso a la información, los datos y las plataformas de comunicación, las comunidades deben ser las protagonistas de su propio destino digital. El vínculo entre las grandes empresas tecnológicas y los gobiernos refuerza aún más la vulnerabilidad de los usuarios frente a la explotación de sus datos.

Informes recientes, como el publicado por el Proyecto de Transparencia de Solicitudes de Datos de Google, revelan que solo en 2022, la compañía recibió más de 125,000 solicitudes de acceso a datos por parte de gobiernos de todo el mundo, de las cuales cumplió con más del 60%. En el caso de Amazon, documentos filtrados han mostrado que la empresa proporcionó información almacenada en Ring, su sistema de cámaras de vigilancia, a autoridades sin necesidad de una orden judicial en al menos 11 ocasiones durante un periodo de seis meses en 2022. Estas prácticas no solo normalizan la entrega de datos personales sin el consentimiento informado de los usuarios, sino que también refuerzan dinámicas de vigilancia estatal que pueden ser usadas para el control social y la represión política, especialmente en contextos de regímenes autoritarios o débiles sistemas democráticos.

En este contexto, paradójicamente lo digital ha emergido como una herramienta clave para la resistencia medioambiental, permitiendo a comunidades y defensores coordinar acciones, documentar impactos, denunciar violaciones de derechos y visibilizar conflictos socioambientales a nivel global. Esto revela una contradicción fundamental: aunque muchas personas perciben estas plataformas como espacios públicos, en realidad son dominios privados regidos por intereses comerciales y políticos, donde el poder de veto, vigilancia y la capacidad de silenciar voces recaen exclusivamente en sus propietarios. Esta dinámica genera un entorno frágil para la organización social, con una dependencia peligrosa de estructuras que no priorizan el bien común.

Durante las protestas en Colombia en 2021, las redes sociales jugaron un papel crucial para documentar la violencia policial y coordinar las movilizaciones del Paro Nacional. Sin embargo, también se registraron casos de censura y limitaciones en estas plataformas. Instagram y Facebook eliminaron transmisiones en vivo y publicaciones que mostraban abusos de derechos humanos, atribuyendo estas acciones a «fallos técnicos» o incumplimiento de políticas comunitarias, como pudieron constatar Amnistía Internacional y el Comité de Protección de Periodistas (CPJ) . Además, en países como Chile, activistas y periodistas han denunciado bloqueos selectivos en  Instagram y otras redes sociales. Estas acciones evidencian cómo las plataformas digitales, aunque esenciales para las luchas sociales, pueden ser manipuladas o limitadas, restringiendo el acceso a información crucial y amplificando los desafíos para quienes buscan justicia y transformación en la región.

Las luchas medioambientales en América Latina

América Latina, que sigue siendo la región más peligrosa para las personas defensoras del medio ambiente en el planeta, es un claro ejemplo de esta dualidad. Según el informe de Global Witness, en 2023 se documentaron 85% de los asesinatos de defensores ambientales a nivel mundial en esta región, con Colombia, Brasil y México a la cabeza del ranking. Mientras que el asesinato sigue siendo la estrategia más brutal para silenciar a los defensores, las mismas herramientas esgrimidas para la organización y la denuncia posibilitan al mismo tiempo la vigilancia y el acceso no autorizado a datos personales, aumentando la persecución y criminalización de quienes luchan por proteger sus territorios.

Frente a esta amenaza, la seguridad digital se vuelve una prioridad para la defensa medioambiental. Pero no se trata sólo de evitar ataques o pérdidas de información a través de buenas prácticas y el uso de sistemas securizados, sino de garantizar que las comunidades puedan mantener el control sobre sus datos y sus comunicaciones. El uso de software libre y de plataformas de comunicación digital propias, es crucial en este contexto para protegerse de las vulnerabilidades de los sistemas cerrados que son explotados por grandes empresas privadas para monitorear y monetizar las actividades de los usuarios. La transparencia y la auditoría abierta, el control total sobre las herramientas que se utilizan, es un futuro que tenemos que construir si queremos que estas tecnologías no sean utilizadas en nuestra contra constantemente.

¿Pero cómo construimos ese futuro? Es una pregunta que nos hemos hecho los últimos años un grupo de organizaciones que trabajamos con comunidades originarias y defensoras del medio ambiente, en una región con crecientes amenazas a sus derechos y territorios debido a megaproyectos, extractivismo y violencia sistémica. ¿Cómo compartimos herramientas tecnológicas avanzadas? Y de esas herramientas ¿Cuáles son las más adecuadas para los contextos de las luchas medioambientales de Latinoamérica?. Estas organizaciones han trabajado de manera colectiva para responder a estos y otros desafíos en la búsqueda de identificar las necesidades de formación tecnológica, metodologías de documentación de derechos humanos y seguridad digital.

Educación Popular y Software Libre como pilar de la Resistencia

Escuela Común es el resultado de años de trabajo conjunto entre organizaciones que han venido impulsando procesos de resistencia digital y defensa territorial en América Latina y el mundo. Organizaciones como WITNESS LAC, el Laboratorio Popular de Medios Libres, Cefo Indígena, Guardian Project y Lanceros Digitales han sido fundamentales en este proyecto.

Además, el proceso contó con el apoyo de WACC, Cultural Survival, Sutty, Numérica Latina, Centro de Autonomía Digital, Colnodo, Espora, COMPPA, Radios Libres y la nación Pakkiru de Ecuador, que contribuyeron a la creación de recursos y estrategias para fortalecer las capacidades de las comunidades en defensa de sus territorios. Para el desarrollo y la implementación de este proceso, se formó un Comité Organizador, compuesto por representantes de las organizaciones convocantes. El trabajo conjunto entre estos actores se yergue como un ejemplo concreto y desde Abya Yala en la construcción de la soberanía digital en los territorios de los pueblos originarios y las comunidades en lucha.

La Escuela de Comunicación y Tecnologías Libres para la Defensa Común del Territorio (Escuela Común) es un proceso de formación participativa y popular que este 2024 empoderó a 43 participantes y formadores de 10 países de América Latina y otras regiones del mundo. Las personas participantes fueron seleccionadas, de las más de 150 postulaciones recibidas, reflejando un amplio interés en la iniciativa.

Este proceso se centró en capacitar a las comunidades en el uso de herramientas digitales seguras para la defensa territorial y la advocacia por los derechos humanos, acompañado de técnicas como la documentación para procesos judiciales en video, audio e imagen, la archivística digital y el uso de servidores propios para la creación de plataformas de comunicación digitales autónomas.

Un pilar fundamental de esta formación fue el uso del software libre, una alternativa ética que garantiza transparencia, seguridad y control sobre las herramientas tecnológicas. A diferencia de las soluciones propietarias, el software libre permite que las comunidades puedan ver cómo funcionan las herramientas digitales, modificarlas para adaptarlas a sus necesidades y compartirlas sin restricciones. Este enfoque fomenta la colaboración abierta y garantiza que las herramientas no sean utilizadas para el control o la explotación de datos, sino para fortalecer la resistencia y la autonomía comunitaria.

Pero no solo se trata de enseñar a usar herramientas, sino de generar una apropiación crítica y colectiva de las tecnologías, siguiendo las prácticas de la Educación Popular. En este sentido, la formación no fue solo técnica, sino que promovió un sentido de propiedad colectiva sobre las herramientas, creando un compromiso profundo con la defensa del territorio y la justicia social. Los participantes no sólo adquirieron habilidades tecnológicas, sino que también adoptaron una visión crítica al uso de éstas mismas nuevas herramientas y habilidades.

Hacia una Resistencia Digital Colectiva

El uso de tecnologías libres y abiertas no solo es una cuestión de seguridad y privacidad, sino también una herramienta de resistencia frente al control global de la información. En este sentido, el hackeo de los sistemas de poder no es solo una cuestión de modificar el código informático, sino también en buscar alternativas a las estructuras de poder que controlan la información, los recursos y las vidas de las comunidades.

Escuela Común inició en agosto de 2024 con sesiones virtuales que reunieron a participantes de distintos países de Abya Yala. Estas sesiones abordaron problemáticas territoriales, herramientas tecnológicas y estrategias de comunicación comunitaria, sentando las bases para un intercambio más profundo durante el encuentro presencial en Puyo, Ecuador. Con la participación de iniciativas y organizaciones de México, Ecuador, Chile, Argentina, Guatemala, Brasil, Colombia, Perú, Bolivia e Inglaterra, la experiencia destacó por su diversidad y el enfoque en las luchas territoriales.

Del 20 al 26 de septiembre, en las instalaciones de la CONFENAIE en Puyo, los participantes se organizaron en dos grupos: “Documentación – Archivo” y “Huertas Digitales”. Las actividades incluyeron talleres, análisis y desarrollo de proyectos enfocados en la documentación de resistencias territoriales y el uso de tecnologías comunitarias. La ceremonia de bienvenida, liderada por la comunidad indígena Kichwa, marcó el inicio del encuentro con una profunda conexión cultural y espiritual a través de ofrendas y rituales.

El grupo de Documentación y archivo trabajó en la visibilización de las luchas ambientales, abordando el caso de la minería ilegal en Ecuador. Durante la Tercera Asamblea Antiminera, documentaron testimonios, capturaron imágenes con drones y analizaron el impacto en el río Jatunyacu. Dicha información fue sistematizada con la metodología de archivo compartida WITNESS para su uso en estrategia de litigio legal o de impactos en medios de comunicación. Además se exploró el uso de herramientas como OSINT, análisis de imágenes satelitales y plataformas colaborativas como OpenStreetMap, ejercicio liderado por Cefo Indígena.

El encuentro incluyó talleres sobre seguridad digital, herramientas como ProofMode para la verificación de contenidos multimedia y Tainacan para la organización de repositorios digitales. Estos conocimientos técnicos se combinaron con visitas culturales a la comunidad de Cotococha y al Parque Etnobotánico, así como espacios de intercambio cultural donde se compartieron canciones, historias y saberes en diferentes lenguas, fortaleciendo los lazos entre los participantes y el espacio donde se desarrolló la actividad.

Por su parte, el objetivo del grupo de “Huertas Digitales” fue dotar a las organizaciones de herramientas para gestionar su documentación de manera segura y autónoma, entregando computadoras configuradas como servidores autónomos. Estos equipos permiten a las comunidades manejar su información sin depender de servicios comerciales ni nubes centralizadas. Durante las sesiones, los participantes aprendieron a administrar plataformas, utilizar herramientas como CoopCloud para instalar servicios como Nextcloud y WordPress, y aplicar medidas clave de seguridad, como la gestión de contraseñas, llaves SSH y protección física de los servidores.

El uso de servidores autónomos no sólo promueve la soberanía tecnológica, sino que también representa una alternativa más ecológica. Al descentralizar las infraestructuras y mantener los datos en servidores locales, se reduce significativamente la necesidad de grandes centros de datos, que consumen enormes cantidades de energía para su funcionamiento y refrigeración. Además, los servidores autónomos pueden optimizarse para operar con energía renovable a pequeña escala, como paneles solares, adaptándose a las necesidades reales de las comunidades. Su uso eficiente permite incluso ajustar su consumo energético a los horarios de actividad local, apagándose cuando no se utilizan, lo que contribuye aún más a disminuir la huella de carbono asociada a las tecnologías digitales.

A pesar de los enormes desafíos logísticos enfrentados en esta formación pedagógica, se logró que personas con poca experiencia previa en el uso de estas tecnologías de 12 comunidades de América fueran capaces de instalar programas y plataformas digitales en pleno corazón de la Amazonía ecuatoriana. La selección de Puyo como sede no fue casual: se eligió pensando en ofrecer un entorno adecuado y accesible para las comunidades participantes, garantizando que el aprendizaje estuviera conectado con su realidad. Esta experiencia no sólo permitió el desarrollo de habilidades técnicas, sino que también fortaleció una comunidad de técnicos y técnicas comprometidos con la autonomía tecnológica y la defensa de sus territorios.

Como parte de este esfuerzo, se estableció la red de apoyo “Abya Yala” mediante una  página web,  foro y un canal en Signal, diseñados para intercambiar conocimientos y brindar asistencia técnica. Esta nueva comunidad es un pilar fundamental para que las organizaciones gestionen sus infraestructuras de forma segura, eficiente y colaborativa, asegurando la sostenibilidad y expansión de las iniciativas comunitarias a largo plazo.

Conclusión: Un Futuro de Justicia y Autonomía Digital

El proceso formativo de la Escuela Común continuó en modalidad virtual y abierta durante octubre y noviembre de 2024, ofreciendo un espacio inclusivo y accesible para participantes de otras regiones. A lo largo de casi 15 horas de charlas, presentaciones y ejercicios prácticos, se profundizaron y reforzaron los contenidos trabajados en la fase presencial, garantizando una continuidad en el aprendizaje. Este valioso material está disponible de manera abierta y gratuita en la plataforma libre  Wacha Punks, facilitando el acceso a recursos educativos para quienes deseen profundizar en los temas tratados y seguir avanzando en su proceso de apropiación tecnológica.

Este esfuerzo conjunto marca el inicio de un camino hacia una autonomía digital y soberanía territorial más sólida. El objetivo no únicamente es capacitar a las comunidades en el uso de herramientas tecnológicas y en una comprensión crítica del software y la seguridad digital, sino también reforzar la capacidad de estas comunidades para archivar de manera adecuada las pruebas que son clave en procesos jurídicos y de comunicación. Una correcta gestión de estas evidencias puede ser determinante en la defensa de derechos, la visibilización de luchas territoriales y la exigencia de justicia en los espacios públicos y legales.

La formación ofrecida permitió a las y los participantes construir redes de apoyo locales, regionales y globales, fortaleciendo su capacidad de resistencia colectiva y compartiendo experiencias enriquecedoras. Este intercambio no sólo amplió su visión sobre los desafíos comunes que enfrentan, sino que también fomentó la colaboración para encontrar soluciones desde la autonomía y el trabajo comunitario.

La implementación de servidores autónomos (huertas digitales) y el uso de plataformas descentralizadas representan un pilar fundamental para las defensoras y defensores del territorio. Estas herramientas no sólo otorgan independencia frente a las grandes corporaciones tecnológicas, sino que garantizan que los datos, historias y luchas de las comunidades permanezcan bajo su control, protegidos de manipulaciones o usos indebidos. Además, permiten desarrollar sistemas de archivo seguros, confiables y accesibles, esenciales para documentar procesos, preservar memorias y respaldar las causas de quienes defienden sus territorios. Estas tecnologías, diseñadas y gestionadas desde y para las comunidades, son clave para fortalecer su autonomía digital y su capacidad de resistencia en contextos adversos.

Fortalecer estas redes de solidaridad digital es más urgente que nunca. La lucha por la soberanía digital es una extensión directa de las luchas por la justicia social y ambiental, y medios comunitaros y libres. En este sentido, la comunidad de activistas, técnicos y organizaciones que crece en torno a la Escuela Común es un pilar indispensable en la región. Este tejido colectivo no sólo impulsa el uso ético y transformador de la tecnología, sino que también crea espacios donde las voces silenciadas pueden ser amplificadas y las luchas invisibilizadas pueden encontrar apoyo y eco.

Creemos firmemente que a través del trabajo conjunto y el compromiso con la educación popular y las tecnologías libres podemos hackear las estructuras de poder y construir un futuro más justo, sostenible y autónomo, donde las comunidades sean protagonistas de sus propias historias.

Fuente: Desinformémonos