En Chile, despojo y leyes perversas contra la población indígena

Publicado originalmente por la autora en el suplemento Ojarasca, de La Jornada, el 12 de enero de 2013

“Mientras el Estado y sus gobiernos en turno no tengan la voluntad política para resolver nuestras demandas históricas, que tienen como base el territorio y la autonomía, será muy difícil que haya tranquilidad. Si gobierno sigue con su tozudez de militarizar algunos espacios territoriales, no habrá posibilidades reales de buscar algún tipo de entendimiento”, dice, desde la cárcel de Ángol, en el sur de Chile, Ramón Llanquileo Pilquimán, uno de los dos presos políticos mapuche en huelga de hambre desde el pasado 14 de noviembre.

Llanquileo y Héctor Llaitul, ambos dirigentes de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), exigen la reconsideración de su situación legal después de una sentencia por homicidio frustrado. Ésta es la tercera huelga de hambre que realizan desde sus detenciones en 2009. Las anteriores llegaron a durar hasta cerca de 90 días sin alimentos.

El “problema mapuche”, se advierte en un llamamiento que circula en solidaridad con la causa de este pueblo y con los activistas en huelga de hambre, “no es un tema simplemente policial o jurídico; es un tema político que implica reconocer que los mapuche están embarcados en una causa que brota de la ocupación abusiva que hizo Chile de su territorio al sur del Bío-Bío”.

Llaitul ni Llanquileo, señala el manifiesto, “pueden ser tratados como delincuentes y mucho menos como terroristas”. Mantenerlos en esa condición, continúa, “hace que cada día sea más difícil llevar adelante el diálogo pendiente entre la nación chilena y el pueblo mapuche”.

Criminalizada y perseguida desde sus inicios, la Coordinadora Arauco Malleco es una organización que reivindica la autonomía de las comunidades mapuche, y la recuperación de las tierras que les han sido arrebatadas, motivo por el que han sido catalogados como “terroristas”. La CAM, dice Wikipedia, “es una organización nacionalista mapuche de carácter terrorista”. Ni más ni menos.

Pero ni terrorista ni criminal. La CAM es parte del movimiento mapuche autónomo que lucha por la reconstrucción de un pueblo históricamente despojado, saqueado y destruido. Desde hace más de una década, su lucha se extendió y ya no sólo por la recuperación de la tierra usurpada por el Estado chileno y por las transnacionales; sino también por la reivindicación de los mejores elementos de una cultura que se va perdiendo junto con el territorio: lengua, organización ancestral, tradiciones, las relaciones humanas. En suma, el ser mapuche.

La CAM “encabezó un ciclo de recuperaciones de tierras ancestrales desde 1998 hasta la fecha, con demandas territoriales y autonómicas para reconstruir y defender sus derechos como pueblo originario. La respuesta del Estado ha sido una agresiva criminalización y persecución del movimiento mapuche, en la que cerca de 250 activistas han sido procesados, muchos de ellos integrantes de la CAM”, se advierte en el llamamiento de solidaridad.

Tanto a Ramón Llanquileo Pilquimán como Héctor Llaitul se les pretende juzgar por un doble procesamiento, pues del fuero militar fueron absueltos y por el ámbito civil condenados, curiosamente con los mismos testigos y las mismas pruebas en contra.

“Nos parece alarmante la transgresión de algunos de los más elementales principios jurídicos como el ‘non bis in idem’, esto es, que la persona no puede ser juzgada dos veces por la misma causa, y la utilización de ‘testigos secretos’, como ha sucedido en este caso, vulnerando la seguridad jurídica. Nos preocupa en extremo también la inobservancia de los más primordiales derechos humanos, considerando que no puede ser la criminalización de la protesta social la respuesta del Estado hacia las demandas indígenas de tierra, territorio y autonomía”, señala una iniciativa mundial de intelectuales en su defensa.

Las demandas concretas y urgentes en estos momentos son: el rechazo al doble procesamiento; beneficios carcelarios para Ramón Llanquileo (quien después de purgar la mitad de su condena ya puede acceder a ellos); y el reconocimiento de los tiempos de encarcelamiento de prisión preventiva (cerca de 5 años acumulados, fruto de la ley antiterrorista) como parte de los tiempos de condena ya purgados.

Garantizar el debido proceso de los detenidos, revisar las irregularidades acreditadas en su juicio, garantizar condiciones carcelarias dignas y poner fin, a la brevedad, a su injusto procesamiento, es la exigencia que recorre el continente, junto con el llamado a “la libertad inmediata e incondicional de Héctor Llaitul y Ramón Llanquileo como forma de terminar con la huelga de hambre; la creación de una instancia de diálogo entre el Estado chileno y los representantes legítimos del pueblo mapuche; la definición de una agenda común; la recuperación para las comunidades de los territorios que se encuentran en manos de las forestales y reconocimiento del Tratado de Trapihue de 1825, vigente y no respetado por el Estado chileno”.

Fuente: Desinformémonos