Emergencia ambiental e incendios masivos en las Islas del Paraná

En el presente de un año caracterizado por lo surrealista e inesperado, continúan algunas prácticas que son usuales del modelo extractivista de producción agrícola. Las quemas masivas de humedales y de extensiones de tierras, son llevadas adelante año tras año por los productores ganaderos en función del desarrollo del ganado vacuno y la extensión de la frontera de la soja, lo que implica la transformación de algunos ecosistemas (como montes, selvas y flora del Delta en pastizales). Más allá de que la quema controlada es una práctica tradicional con el fin de mejorar y renovar el terreno, en los últimos años se convirtió en una cuestión crítica para el medio ambiente, por los alcances de las prácticas, por el humo y por la matanza y corrimiento indiscriminado de la fauna autóctona.

Tenemos dos casos que revisar, y en los cuales poner la lupa: por un lado, la proliferación de la frontera sojera, como mandato político-productivo del empresariado del agro en pos de reproducir las modalidades del agronegocio, que lleva adelante la explotación de del suelo. Por otro lado, la frontera ganadera se desplazó hacia los humedales del Delta, luego de que la expansión de la soja los corriera. En este marco, el conflicto ambiental está aflorando y proliferando la crisis del sector pampeano, en materia de contaminación hídrica y de aire. Los humedales no son aptos para las quemas intencionales, ya que el mismo ecosistema mantiene su propia regulación de flora y fauna, por las subidas y bajadas naturales del río, motorizando la sustentabilidad y el equilibrio. Las quemas, en este sentido, trastocan y modifican los esquemas y la dinámica del ecosistema.

El modelo extractivo responde a una modalidad neoliberal de hiperproducción a gran escala, que en vez de generar sustentabilidad y sostenibilidad del entorno en el que habitamos, produce desastres, muerte y desigualdades. El Delta del Paraná no es una zona exenta de agronegocio. Por el contrario, las prácticas extractivistas son cada vez más intensas, cotidianas y extensivas. Tan profunda es la situación que, durante el 2020, asistimos a dos pandemias: la del COVID-19, y la de los incendios intencionales sobre los humedales. En 6 meses (y contando), se reportaron aproximadamente 3000 focos intencionales en la región, con el agravante de que más un tercio de los mismos se produjeron en la última semana.

En este contexto, el ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Juan Cabandié, sobrevoló la zona, junto a la ministra de Ambiente y Cambio Climático de Santa Fe, Erika Gonnet, y el director del Servicio Nacional de Manejo del Fuego, Alberto Seufferheld, y coordinaron la Emergencia Ambiental. Esta declaración es lógica en un escenario de conflicto mayúsculo que involucra la degradación de los suelos, la expansión de la frontera de la soja, la proliferación de los monocultivos y la sistemática muerte de flora y fauna regional. A su vez, el constante humo sobre las ciudades lindantes (Paraná y Rosario) añadió un componente de preocupación para la salud de quienes son “personas de riesgo”, por la falta de oxigenación del aire.

A esta catástrofe se le suma la histórica bajante del río Paraná, producto de las sequías río arriba y del cierre de las represas hidroeléctricas de Brasil. Además del llamativo y calamitoso paisaje que se observó en las Cataratas del Iguazú, la caída del cauce acuífero del Paraná produjo grandes conflictos en el sector aduanero y portuario. Tenemos, sobre la mesa, un gran combo de conflictos ambientales, sanitarios, políticos y económicos.

El accionar gubernamental y de las organizaciones sociales

La gravedad de los hechos converge en una coyuntura de crisis: pandemia, bajante del río Paraná y sequías. Consecuencias, en todo caso, de las políticas de deforestación de selvas y bosques nativos, el reemplazo por el monocultivo de soja, la degradación de los suelos, el cambio climático y la agudización del agronegocio. En este sentido, la decisión de declarar la emergencia ambiental fue tomada en conjunto de los aparatos de Gobierno Nacional y Provincial, col los organismos e instituciones relativas al cuidado del ambiente y control de incendios.

Sin embargo, vecinos y organizaciones ambientalistas de Entre Ríos y Rosario señalaron que los fuegos continuaron. Redoblar la apuesta, por parte de los terratenientes y productores ganaderos, forma parte de una práctica cotidiana del sector conservador de presionar a las gobiernos. Los brigadistas y helicópteros hidrantes continúan, al día de hoy, combatiendo los incendios.

En este sentido, las asambleas y organizaciones ambientalistas de la región mesopotámica han emitido comunicados al respecto de la situación. Fundación CAUCE adhirió a la carta abierta “Fuego en las islas, una historia que se repite”, y señaló que “advierte la situación actual de las islas del Delta y reclama acciones urgentes por parte de funcionarios provinciales y el Estado Nacional”. A su vez, pidió que la gobernación provincial “identifique a los responsables de estos incendios y genere las acciones penales correspondientes, ya que recae sobre su jurisdicción, bajo la Ley Provincial Nº 9868 que establece acciones y normas para el Manejo y Prevención del Fuego en las áreas rurales y forestales en todo el ámbito de la Provincia”. Por último, expresó que “dada la recurrencia de esta problemática y tantas otras que siguen poniendo en riesgo la integridad ecológica del humedal, consideramos necesario y urgente, contar con una Ley de presupuestos mínimos de Protección de Humedales”

El día 16 de junio, por otro lado, se organizó el abrazo simbólico de organizaciones no gubernamentales a los humedales de la isla y al río Paraná, debido a las problemáticas derivadas de los incendios intencionales que invaden a las islas, convergentes a conflictos ambientales de otra índole ya mencionada. Bajo la consigna «Basta de Quemas” más de 700 personas y organizaciones autoconvocadas se juntaron para exigir la rápida acción para apagar el fuego que está quemando los pastizales en las islas y en pedido de una ley de humedales.

La carta fue firmada por “El Paraná No Se Toca”, Entre Ríos Humedales, Coopares, Marcha Plurinacional de los Barbijos, Taller Ecologista y otras organizaciones socioambientales y vecinos de la ciudad.

En la medida en la que el agronegocio y el extractivismo continúe perpetuándose y reproduciéndose como política productiva, los desastres continuarán sucediendo. Si bien el ministro de Ambiente Cabandié señaló que es necesario un camino hacia la agroecología, mencionó también que el mismo es largo. La agenda verde, que abordó las temáticas urgentes de una Ley de Bosques, el control de basurales, la cuestión de los agroquímicos y la emergencia sanitaria y ambiental, debe expandirse también al necesario control y sanción de la quema intencionada e indiscriminada de pastizales que llevan a un desequilibrio ambiental creciente en la región.

Fuente: Radio Gráfica