El 1 de mayo también es contra el FMI y el modelo de mal desarrollo

¿Cuáles son esas recetas en la actualidad?. Qué tan democrático puede ser o no un país mientras cumpla los acuerdos dictados por el FMI y otros organismo multilaterales, organismos históricamente cuestionados por los sectores populares por anteponer el lucro privado antes que la vida de las personas y que actualmente se reposicionan con fuertes ajustes en los diferentes países.

El último Acuerdo de Coordinación Política (PCI, por sus siglas en inglés) fue firmado por el gobierno de Mario Abdo Benitez con el FMI en noviembre de 2022, su sucesor Santiago Peña es el encargado de ejecutar el plan. El PCI impone programas económicos a los países, y condiciona los plazos para la ejecución de los mismos. Los compromisos centrales de este acuerdo fueron acordados en tres pilares, mencionaremos dos de ellos:

El pilar uno, se refiere a “garantizar la estabilidad y la resiliencia macroeconómicas”, de manera a lograr el lineamiento macroeconómico otorgado por la Ley de Responsabilidad Fiscal, promulgada durante el gobierno de Cartes. La misma en términos prácticos opera como un tope para el gasto público (salud, educación, viviendas, etc.), lo cual acompaña una fiscalidad regresiva e indirecta, la más injusta de la región (Zevaco, 2023); así como el crecimiento de la deuda externa. En particular, este pilar del acuerdo implicó el compromiso de Paraguay en:

a) reformar la Caja Fiscal y el sistema de pensiones;

b) reforzar la supervisión de las empresas públicas y mejorar la recaudación de ingresos;

c) mantener una sólida posición de reservas y a seguir publicando información detallada sobre sus operaciones en divisas.

En efecto, este documento condiciona el envío de las reformas al Congreso, tal como ocurrió en diciembre del 2023 (IMF, 2022), escenario en el que se aprobó la Ley a partir de la cual se creó la Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones, en unos pocos minutos en los que no se permitieron debates, en el marco de una violenta represión a trabajadores y trabajadoras que se manifestaban contra la propuesta legislativa. La presión del FMI fue determinante.

El segundo pilar consistente en lo que el FMI denomina “aumentar la productividad y fomentar el crecimiento económico”, las autoridades se comprometieron a fortalecer la contratación pública, la función pública y la estructura gubernamental. En tal sentido el Senado dio media sanción a la ley que reestructura el Estado y designó al Ministerio de Economía como el órgano rector, encabezado por Carlos Fernández Valdovinos, formado en economía en la Universidad de Chicago y ex miembro del directorio del Banco Basa, vinculado accionariamente con la familia Cartes. Con esta Reforma, éste Ministro ejerce un superpoder en la reorganización administrativa. Esta ley que interesa a la articulación conformada por la cúpula gubernamental, el sector financiero y el FMI junto a los demás organismos multilaterales de crédito forma parte del paquete normativo impuesto desde este centro de poder junto con la ya sancionada reforma de las jubilaciones; y el proyecto de la carrera del funcionario público.

En la práctica este Acuerdo implica una subordinación en al menos tres dimensiones: por un lado, impacta en una reducción de las capacidades del Estado en garantizar la universalidad en el acceso a los derechos humanos básicos. Esto es visible en las paupérrimas condiciones del sistema de salud y las actividades de recaudación de fondos, tales como las polladas, necesarias para cubrir los gastos en salud; la alta deserción escolar y los bajos resultados en términos de calidad educativa; el hambre que golpea al 26% de los hogares a nivel país; la pérdida del poder adquisitivo de la clase trabajadora paraguaya, que tiene uno de los promedios salariales más bajos del continente.

En ese sentido, implica la transferencia de la riqueza socialmente construida al pago de la deuda y/o a los mercados privados, tal como ocurre por ejemplo en el caso del financiamiento externo para las construcciones de rutas, además, implica un condicionamiento a la supervisión por parte de estos organismos en relación con la política económica paraguaya, que tal como se ha visto desde la dictadura stronista, tiene como consecuencia la profundización del modelo primario exportador, extractivista, con una baja y precaria generación de empleos, casi sin aportes tributarios, principal responsable de las emisiones de gases de efecto invernadero que se expresa en lo concreto en el saqueo de los bienes comunes de la naturaleza (biodiversidad, bosques, agua, degradación de la tierra, pérdida de semillas nativas y criollas, etc.) y una precarización de las condiciones de vida de las mayorías sociales. En el contexto de crisis climática actual, este escenario implica una alta vulnerabilidad climática, que tiene su origen en las actividades extractivistas propias del modelo de mal desarrollo, altamente dependiente a los intereses de capitales extranjeros.

Además este proceso ha implicado la continuidad de una alianza histórica de la cúpula política nacional con el FMI, y a través del mismo, con el sistema financiero mundial, lo cual ha condicionado un tipo de política internacional favorable a los intereses del gobierno de Estados Unidos. Elemento central en términos geopolíticos debido a las consecuencias palpables territorialmente que ha tenido la agudización del conflicto de esta potencia económica con China, y las expresiones bélicas derivadas de la crisis civilizatoria que marca el presente.

En continuidad con este esquema, una semana después de la aprobación de la ley de superintendencia de jubilaciones y pensiones, el 19 de diciembre del 2023 el Directorio Ejecutivo del FMI aprobó un Servicio de Resiliencia y Sostenibilidad (SRS) de dos años para Paraguay. El programa en el marco del SRS otorga a Paraguay un acceso máximo de Derechos Especiales de Giro (DEG) de 302,1 millones (150% de la cuota). Es importante mencionar que, tal como ocurrió con el crédito Stand by de la década de los 50s, Paraguay es el primer país sudamericano en obtener acceso al SRS. Esto se dio como parte de la conclusión de la segunda revisión del Instrumento de Coordinación de Políticas (CPI).

Las reformas propuestas por el Gobierno en esta materia se vinculan con el “aumento de la resiliencia de las inversiones públicas, contener riesgos climáticos para preservar la estabilidad del sistema financiero, preservar y ampliar la matriz eléctrica limpia, conservar los bosques y mejorar la gestión de residuos”. Estos compromisos constituyen estímulos para fortalecer la imagen país como un destino de inversión “verde”.

Desde el gobierno de Cartes las políticas del Estado se construyen en gran medida en base a los mandatos provenientes de estos organismos aliados al mercado financiero, cuyos principios de manera explícita se orientan a profundizar el lugar de Paraguay como proveedor de materias primas agropecuarias, y últimamente de “sumidero de carbono” para la ampliación de los negocios “verdes” forestales, energéticos y también agropecuarios.

Fuente: BASE-IS