Desmontes en Chaco: “El gobernador Jorge Capitanich premia la destrucción de bosques”

“El gobernador Jorge Capitanich no sólo no detiene la destrucción de los bosques, sino que la premia. Firmó un decreto que entrega bosques que por ley están protegidos y, más grave aún, da luz verde a los desmontes ilegales”, denunció la organización socioambiental Somos Monte. Afirman que el decreto, firmado el 20 de septiembre, es inconstitucional e ilegal y da luz verde a los desmontes en Chaco. Según datos oficiales, en la provincia fueron arrasadas 130.000 hectáreas entre 2016 y 2019.

Organizaciones sociales y ambientales de la provincia cuestionaron duramente el proceso de ordenamiento territorial (en el marco de la Ley de Bosques) que lleva adelante el gobierno provincial. Denuncian la falta de participación de las comunidades indígenas y campesinas, afirman que no preserva el bosque chaqueño y remarcan que contradice la normativa nacional de preservación del monte nativo.  "Expresamos nuestro total rechazo al Decreto 2157/22 del gobernador Jorge Milton Capitanich, significan un grave retroceso en la protección de los bosques respecto al 2009", afirman una veintena de organizaciones socioambientales y de derechos humanos de Chaco.

Una medida cautelar, de noviembre de 2020,  prohibió la tala de árboles en Chaco, pero la gestión de Jorge Capitanich presentó un nuevo mapa que habilita el avance de las topadoras en zonas de resguardo establecidas por la Ley Nacional de Bosques. Por decreto, establece “polígonos para actividades especiales” en zonas que deberían ser resguardadas. Desde la organización Somos Monte Chaco reclaman que se desestime incluso el uso de zonas habilitadas para el desmonte: “No podemos seguir perdiendo más bosques”, alegan.

Desde Somos Monte Chaco ya expresaron su “rotundo rechazo” al nuevo mapa de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos por considerarlo “claramente regresivo”. Este proceso de actualización —recuerdan desde la organización— es el resultado del cumplimiento de una obligación, no sólo en términos de la Ley 26.331, sino de la sentencia judicial 11344/20 de la Cámara Contenciosa: “Debemos tener presente que se ha declarado negligente e ilegítima la falta de actualización, como así también se ha dispuesto que desde diciembre de 2014 los cambios de uso de suelo y desmontes se encuentran prohibidos”.

Las organizaciones reclaman que se respete el principio de no regresión, se indiquen claramente en el mapa y se restauren los desmontes ilegales, se elimine la categoría verde que permite el desmonte, se asegure la real e informada participación de toda la sociedad en la toma de decisiones sobre la actualización de la Ley de Bosques y se haga cumplir el sistema de distribución de los fondos destinados a la preservación del monte priorizando a las comunidades campesinas, los pueblos indígenas y los proyectos de conservación.

Micaela Camino, doctora en ciencias biológicas e investigadora del Conicet, propone ver quiénes han recibido fondos (por la Ley de Bosques) así como analizar en imágenes satelitales lo que sucedió con la cobertura boscosa en los sitios donde se recibió ese dinero. Explica que la mayor parte de las comunidades indígenas y campesinas, que conservan los bosques, no los han recibido.

A través de un comunicado, Somos Monte Chaco recordó que “los impulsores del desmonte no son los productores familiares locales, sino funcionarios del Estado, empresas de otras provincias o incluso con capital multinacional que promueven un modelo de agronegocio que nos daña y lejos de solucionar el problema de la pobreza, la acentúa”. 

Un nuevo mapa para más desmontes en Chaco

En mayo de 2021 el gobernador Jorge Capitanich mostró a través de Twitter un mapa elaborado por la Mesa Técnica de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN). La presentación generó  el rechazo de organizaciones socioambientales, que entonces decidieron dejar de participar de la instancia consultiva porque sus aportes no habían sido tenidos en cuenta. "Al tiempo que se estaba discutiendo dicho plan, el gobierno de la provincia anunció públicamente la convocatoria para los talleres de información sobre la Ley de Bosques, sin respetar acuerdos dentro de la Mesa", señalaron las organizaciones. Chaco tiene su ordenamiento territorial vencido desde 2014 y su actualización es necesaria para respetar la Ley Nacional de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos.

Más de un año después, la gestión provincial presentó un nuevo mapa y generó el mismo cuestionamiento por parte de las organizaciones que bregan por la preservación del monte chaqueño. La política del gobierno provincial permite el desmonte del 20 por ciento del territorio comprendido dentro de la zona amarilla, lo que contradice los artículos 9 y 14 de la Ley Nacional de Bosques. Micaela Camino explica que los nuevos mapas muestran áreas en verde (Categoría III) que, en el OTBN original eran amarillas (Categoría II). “Esto significa que hay áreas que en los mapas de OTBN originales aparecen con valor de conservación, en las cuales no se habilita el desmonte sino el uso sustentable de los bosques, que aparecen en los mapas actualizados con una categoría de conservación baja, donde pueden ocurrir desmontes”, señala la investigadora.

Somos Monte Chaco advierte que “habilitar cambios de usos de suelo en estas áreas de los departamentos Almirante Brown, Güemes y San Martín (en el norte de la provincia) actualmente bajo Categoría II comporta una modificación normativa que disminuye los estándares de protección vigentes sobre una región boscosa de más de 300 mil hectáreas”.

En la nueva propuesta, los predios que han sido desmontados ilegalmente según los datos brindados por la misma Dirección de Bosques de Chaco son presentados como predios sin cobertura boscosa (de color blanco), en violación a lo que establece la Resolución 236/2012 del Consejo Federal del Medio Ambiente (Cofema). Mientras tanto, el registro de infractores permanece desactualizado desde agosto de 2019 y la Dirección de Bosques no responde a los pedidos de informe sobre las multas realizadas durante estos años. 

Asimismo, el nuevo mapa introduce tres polígonos para "proyectos especiales", lo que constituye otra violación a la Ley de Bosques en cuanto representan un artilugio para desmontar bosques que se encontraban protegidos por el ordenamiento provincial desde 2009. El área señalada por los polígonos es exactamente el foco de desmontes ilegales en Chaco, según datos de la Dirección de Bosques de la Provincia que demuestran que más del 33 por ciento de todas las infracciones detectadas en estos últimos once años se encuentran en esa zona, particularmente en el departamento Almirante Brown.

Por estos motivos, alertan desde  Somos Monte, la nueva propuesta y los cambios de uso del suelo que incorpora contradice los principios de preservación y de no regresión de la Ley General del Ambiente. 

Además, las organizaciones denuncian que las comunidades indígenas y campesinas fueron convocadas de forma tardía, por lo que se obturó su participación en el proceso. Desde Somos Monte Chaco entienden que la ausencia de las comunidades indígenas y campesinas en el proceso de elaboración técnica, ya denunciada en el 2021, no es sólo la resultante “de la absoluta desprolijidad en la conducción del mismo, sino una evidencia de falta de consideración hacia  los saberes de las comunidades que tienen un vínculo singular con el monte nativo, y cuya consideración hubiera sido más que relevante para componer la propuesta”.

Somos Monte Chaco recuerda que en esa provincia se desarrolló, este año, el Juicio por la Verdad vinculado a la  Masacre de Napalpí. “En ese juicio se hace explícita la continuidad histórica entre despojo territorial de los pueblos indígenas y la consolidación del modelo extractivista/modelo del agronegocio/desmontes”, sostiene la organización. Y, tras conocer los nuevos mapas, agrega que “este proceso de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos deja a la vista la histórica violencia colonial con que el gobierno provincial continúa imponiéndose sobre los pueblos indígenas preexistentes al Estado nacional y provincial”.

Fuente: Agencia Tierra Viva