Crece presión a favor y en contra de minería oceánica

En las empresas mineras de todo el mundo, los nódulos del fondo marino del tamaño de una patata que contienen metales como cobalto, cobre, manganeso y níquel han despertado intenso interés, dada la importancia de estos metales en la fabricación de baterías y otros productos cruciales para la transición energética mundial.

No es de extrañar, entonces, que la industria presionara con fuerza para que se aprobaran reglas básicas para la minería en aguas profundas en aguas internacionales en la 28ª sesión de la Asamblea de la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos (ISA), celebrada en julio en Kingston, Jamaica. Si las empresas mineras y sus gobiernos aliados hubieran tenido éxito, se habría abierto el camino para la concesión de licencias para proyectos en aguas profundas.

Sin embargo, tampoco fue sorprendente el fuerte rechazo de los ambientalistas y de gobiernos con ideas afines que temen que los riesgos de dicha minería para la vida marina sean potencialmente enormes, y que además no se comprenden lo suficiente. Después de mucho debate en su sesión de julio, la Autoridad levantó la reunión con el anuncio de que las normas y reglamentos necesarios para guiar la concesión de licencias a proyectos de producción minera no se emitirían hasta dentro de dos años.

La ISA, un organismo intergubernamental con sede en Jamaica establecido en el marco de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982, está encargada de proteger el fondo marino en aguas internacionales. En 2000, adoptó reglamentos que regulan la prospección y exploración submarina de nódulos polimetálicos. Y en 2011 otorgó la primera licencia para tales trabajos a Nauru Ocean Resources (NORI), una subsidiaria de The Metals Company (TMC) de Canadá que está trabajando en asociación con la nación insular de Nauru, en Micronesia.

El contrato de exploración es uno de los tres que TMC tiene en la Zona Clarion Clipperton (CCZ), una zona de fractura geológica submarina entre México y Hawái que contiene una variedad de metales. En total, se han otorgado 17 contratos para exploración dentro de la CCZ, una enorme llanura abisal repleta de montes submarinos que cubre 4.5 millones de km2, un área aproximadamente dos veces el tamaño de México.

El año pasado, TMC extrajo 3,000 toneladas de nódulos polimetálicos en un viaje exploratorio a la ZCC con su buque de minería marina Hidden Gem. El buque se encuentra ahora cerca de la Bahía de Manzanillo, en la costa del Pacífico de México, esperando el día en que pueda regresar a la CCZ para comenzar la extracción comercial.

Los científicos de TMC afirman que el área de exploración de NORI contiene suficientes metales para baterías para 140 millones de vehículos eléctricos. Estiman que sus tres áreas de exploración en la CCZ contienen en conjunto metales para 280 millones de vehículos, aproximadamente el número de todos los vehículos personales y comerciales registrados a nombre de conductores en los Estados Unidos. Y toda la CCZ, dicen, contiene la fuente de níquel más grande conocida, y, según sostienen, de “menor impacto”, en el planeta.

En su sitio web, la empresa dice que su objetivo no es sólo extraer suficiente níquel, cobalto, cobre y manganeso para facilitar la transición energética mundial, sino también “rastrear y reciclar” los metales. Dice la empresa: “Si The Metals Company tiene éxito, la extracción de minerales vírgenes, ya sea en tierra o en el océano, se convertirá en una actividad humana marginal, ya que cubriremos la mayoría de nuestras necesidades de metales reciclando un stock común compartido de metales”.

La CCZ se encuentra a 144 km del área marina protegida Pacífico Mexicano Profundo de México y a 290 km del archipiélago de Revillagigedo del país, un sitio de cuatro islas declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco al suroeste de la península de Baja California. Los escépticos de la minería en aguas profundas temen que áreas de conservación marina como estas se vean gravemente afectadas por la extracción de metales del fondo marino en la CCZ.

Quienes están a favor de un retraso en la elaboración de normas para las licitaciones, licencias y operaciones de la fase de producción argumentan que se necesita más tiempo e investigación para asegurar que los planes mineros sean consistentes con el mandato de la ISA de proteger los fondos marinos. Esto, dicen, es crucial dada la cantidad potencialmente enorme de extracciones que podría ocurrir, señalando que la ISA ha emitido 19 contratos de exploración de nódulos polimetálicos que cubren aproximadamente 1.28 millones de km2, o el 0.4% del fondo marino mundial.

La bióloga Flavia Liberona, directora de la Fundación Terram, una organización chilena no lucrativa para el desarrollo sostenible, sostiene que permitir que los proyectos pasen a la fase de producción ahora sería imprudentemente prematuro.

“La minería en aguas profundas es extremadamente peligrosa para el planeta”, dice Liberona, cuya organización sigue de cerca los problemas de la minería submarina. “No podemos calcular los impactos porque son demasiado enormes para comprenderlos y durarían miles de años. Simplemente no tenemos el conocimiento científico necesario para evaluar los peligros y las implicaciones”.

Las posiciones de los Estados miembros en la reunión de la ISA de julio variaron desde la oposición de China a que se considere siquiera una moratoria de cualquier tipo, hasta el argumento de Francia de que los riesgos ambientales son tan grandes que debería declararse una moratoria permanente.

Al final, veintiún Estados miembros de la ISA votaron a favor de una pausa de dos años en la redacción de las reglas de licitación, licencias y operación de la fase de producción, suficiente para que prevalezca la propuesta. Entre estos países se encontraban Brasil, Chile, Costa Rica, Ecuador, Panamá y Canadá, el país de origen de The Metals Company.

“Con consecuencias ambientales tan nefastas en juego, muchos Estados miembros consideran que crear estándares estrictos que protejan eficazmente los fondos marinos sería casi imposible”, dice Ruth Ramos, miembro desde México de la campaña del grupo ambientalista Greenpeace para detener la minería en aguas profundas.

Los Estados Unidos no pudieron votar porque aún no han ratificado el tratado sobre el Derecho del Mar y, por lo tanto, no son un Estado miembro de la ISA.
Ramos, que asistió a la reunión de Jamaica, señala que Brasil argumentó que sería necesaria una pausa de 10 años para garantizar una investigación adecuada de los posibles impactos ambientales de la minería en aguas profundas.

“Es una declaración poderosa de un país que reconoce la importancia y la responsabilidad que están en juego”, dice Ramos. “Lo que sucede en aguas internacionales impacta a toda la humanidad. Debemos pensar en el bienestar de la humanidad. Cualquier cosa que se decida afectará a las generaciones futuras y debemos respetar los derechos de quienes aún están por llegar a este planeta”.

La reunión de julio de la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos atrajo gran atención debido a su trasfondo. En julio de 2021, Nauru, actuando en nombre de NORI, ejecutó una maniobra procedimental en la ISA que efectivamente desencadenó un plazo de dos años para que la autoridad finalizara las regulaciones que rijan y posibiliten la minería en fase de producción en aguas internacionales. La medida creó la expectativa entre las empresas mineras de que julio de 2023 marcaría el inicio de la licitación de licencias para la extracción y comercialización de depósitos en aguas profundas.

El director ejecutivo de TMC, Gerard Barron, fue miembro de la delegación de Nauru en la reunión de la ISA, prueba del interés común de la nación insular y la corporación en presionar a la ISA para que dé luz verde a la extracción de metales. Otros países ansiosos por ver que la ISA emita regulaciones y permisos mineros también incluyeron a ejecutivos de empresas mineras en sus equipos de negociación en las conversaciones. Los escépticos de la minería en aguas profundas dicen que esa participación ha dificultado que la ISA proceda con cautela.

“Si no fuera por una presión y un cabildeo tan intensos por parte de la industria minera, no habría urgencia para que la ISA creara una regulación minera, y la ciencia tendría tiempo para investigar los posibles impactos”, dice Ramos. “Pero tal presión coloca a la ISA en una posición muy difícil, y las decisiones tomadas apresuradamente podrían llevar a errores”.

México, que actualmente preside el consejo de gobierno de la ISA, no ha respaldado una moratoria y no votó a favor de la pausa de dos años. Esto ha generado críticas de los conservacionistas, quienes señalan que una reforma a la ley minera nacional implementada en el país incluye la prohibición de la minería en áreas protegidas mexicanas y sus aguas nacionales. (Véase  «En México, reforma apunta a minería en áreas protegidas» —EcoAméricas, mayo 2023.) Dice Ramos de Greenpeace, desde la Ciudad de México: “La posición de México es incongruente, y pone en riesgo la credibilidad del país”.

Preocupación por penachos

La minería en aguas profundas implica que grandes embarcaciones bajen maquinaria pesada a unos dos o tres kilómetros por debajo de la superficie del agua para aspirar nódulos polimetálicos. Las máquinas no selectivas también aspiran material y vida marina del fondo oceánico, creando penachos de sedimentos que, según TMC, se asientan a unos cientos de metros del lugar de succión.

Expertos como la bióloga marina Elizabeth Soto, investigadora de la Fundación Terram, señalan que los penachos plantean riesgos para las especies bentónicas que filtran el agua.

“A grandes profundidades, las condiciones del océano son extremadamente estables, lo que hace que el ecosistema sea muy sensible al más mínimo cambio”, dice Soto. “La temperatura es relativamente estable, alrededor de cuatro grados centígrados, y casi no hay movimiento de agua. No tenemos forma de saber cuáles serían los efectos de una actividad de alto impacto en un ecosistema tan frágil. Apenas estamos explorando estas profundidades”.

El ruido de las máquinas, dice Soto, “causaría estragos en especies, como los cetáceos, que dependen del sonido para funciones básicas como la comunicación, el apareamiento y la navegación”. Y añade: “Además, no podemos predecir el impacto de la exposición a la luz de las maquinarias porque a tales profundidades casi no hay luz”.

TMC, por su parte, señala estudios de impacto ambiental que realizó que encuentran que las emisiones de carbono de la minería en aguas profundas son un 90% más bajas que las de la extracción de la misma cantidad de metales en tierra. Además, argumenta la empresa: “La explotación de nódulos significa que no habrá perturbaciones para las comunidades indígenas, ni deforestación ni trabajo infantil durante la fase minera… Producir estos metales para baterías a partir de nódulos polimetálicos es la mejor manera de asegurar que podamos enfrentar los desafíos de la crisis climática con los impactos ambientales y sociales más leves”.

Los ambientalistas argumentan que el impulso para extraer enormes cantidades de metal se basa en una estrategia defectuosa y profundamente contraproducente.

“El objetivo no debería ser replicar el modelo fallido existente de millones de automóviles, sino más bien encontrar un modelo de transporte completamente nuevo que sea verdaderamente sostenible”, dice Soto. “Quienes promueven la minería en aguas profundas como solución para la transición de los combustibles fósiles a los vehículos eléctricos lo están haciendo a expensas de la biodiversidad. Reducir las emisiones no tiene sentido si en el proceso se destruye la biodiversidad. La biodiversidad del planeta ya está en crisis”.

Efectos en cadena

Soto cita el costo potencial para las pesquerías y quienes dependen de ellas. “Existe la creencia común de que se puede hacer cualquier cosa en alta mar porque nadie se dará cuenta, por lo que nadie se queja”, dice. “Pero el daño al frágil ecosistema es enorme. Sin duda, las poblaciones de peces, las comunidades que dependen de la pesca y la seguridad alimentaria se verían afectadas”.

El sentimiento predominante entre los conservacionistas y muchos científicos es que se sabe muy poco sobre las profundidades del mar para evaluar cuáles serían los impactos de la minería, o para justificar la adopción de decisiones sobre cómo protegerlas.

“Cada vez que hay expediciones de investigación en aguas internacionales los resultados son asombrosos”, afirma Ramos. “En una expedición reciente a la Zona Clarion Clipperton, los científicos encontraron aproximadamente 5,000 especies nuevas. Esto es una gota en el océano en comparación con todo lo que aún no se ha descubierto. Ni siquiera sabemos qué especies existen. ¿Cómo podemos aprobar ponerlas en riesgo?

Algunas corporaciones han respaldado públicamente un enfoque cauteloso. Google, BMW, AB Volvo Group y Samsung SDI fueron las primeras empresas globales en unirse públicamente a un llamado del Fondo Mundial para la Naturaleza en marzo de 2021 para una moratoria sobre la minería en aguas profundas.

La declaración decía que sus firmantes acordaron “no utilizar minerales de los océanos profundos ni financiar la minería de los fondos marinos hasta que se pueda llevar a cabo una investigación científica exhaustiva sobre el impacto de la minería de los fondos marinos y se evalúen claramente las consecuencias para el medio ambiente”.

Fuente: Fundación Terram