Chile: el terrorismo latifundista

El día 29 de julio pasado, por medio de una entrevista presencial en el diario local Las Noticias de la ciudad de Victoria, un miembro del Comando Hernán Trizano declaró, pistola en mano, la reactivación de esta banda armada. El terrorista amenazó de muerte a dirigentes mapuche y sus familias, indicando que harán uso de dinamita, que «no dudamos ubicar en los cinturones de los señores Queipul, Ancalaf, Pilquiman para hacerlos volar de una vez y con ello daremos término al problema o conflicto mapuche». El entrevistado añadió, expresando el racismo colonial de la extrema derecha latifundista, que «la solución final para este asunto –a nuestro juicio– es crear una reservación indígena entre Perú y Bolivia. Darles de comer y ropa y se termina el problema».

Esta banda armada, heredera del grupo fascista Patria y Libertad, activo durante el gobierno de Salvador Allende y con una fuerte implantación entre latifundistas en el País Mapuche, se manifestó por primera vez en 2001, mediante un comunicado a la radio Los Colonos de Victoria en que lanzaba una serie de amenazas antimapuche. A pesar de la gravedad del hecho, y de las denuncias de numerosos parlamentarios de la propia Concertación, el Gobierno del Presidente Lagos se negó a darle la importancia debida, enterrando el asunto sin más trámite: «El Gobierno no tiene hasta ahora evidencia de que existen grupos terroristas o armados. […] Yo, como ministro encargado de los temas de seguridad pública, les puedo asegurar que nosotros no tenemos la evidencia de la existencia de tales grupos», se limitó a declarar el ministro del Interior de la época, José Miguel Insulza.

Ante estas nuevas amenazas del Comando Hernán Trizano, la reacción de las autoridades de gobierno sigue siendo particularmente recatada, lo que contrasta con su actitud arrogante y represiva frente a las justas movilizaciones de nuestro pueblo. La intendenta Nora Barrientos ha señalado en una escueta declaración que espera «que efectivamente se investigue a quienes están detrás de este Comando Trizano y llevarlos a los tribunales». El Diputado de derecha Manuel García se limitó por su parte ha comentar que «no le hacen bien las declaraciones de este señor, que debería ponerse paños fríos en la cabeza y pensar en el daño a la región puesto que lo que se requiere es paz y tranquilidad».

¡Qué doble estándar! El Gobierno ha sido un activo acusador contra el movimiento mapuche, y los diputados pinochetistas Manuel García y Alberto Espina no han trepidado en denunciar la existencia de grupos armados, circulación de armas y actividades terroristas mapuche. ¿Qué ha hecho el Gobierno, durante estos ocho años desde la primera manifestación de esta banda, para llevar ante los tribunales a sus integrantes? ¿Qué hace la policía, que no ha logrado detener a ninguno de sus miembros? ¿Qué hacen los honorables parlamentarios derechistas, cuando aquí tienen por fin un grupo armado terrorista para investigar…? No podemos sino constatar que, cuando se trata de la extrema derecha pinochetista, no existe Ley antiterrorista o Ley de Seguridad Interior del Estado. Ni siquiera Ley de Control de Armas.

Queremos recordarles a las autoridades del Estado que los logko Pascual Pichun y Aniceto Norin fueron condenados injustamente, por razones políticas, a cinco años y un día de cárcel bajo la acusación de «amenaza terrorista», en un juicio donde las únicas «pruebas» acusatorias fueron rumores «escuchados» por parte de testigos sin rostro. Recordemos que los logko fueron condenados en un segundo juicio, originado viciosamente luego de haber sido absueltos en un primer juicio, porque su acusador, el latifundista y ex ministro de la Concertación, Agustín Figueroa, tenía el poder suficiente a nivel del aparato de Estado para obtener a toda costa su condena. En el caso del vocero del Comando Trizano, no tenemos rumores ni supuestos, sino un mercenario que con pistola en mano hace apología de la muerte y da detalles de cómo pretenden proceder a los asesinatos, todo ello a través de un medio de comunicación masivo.

En el País Mapuche no hay cabida para latifundistas de mentalidad y conducta colonial ni grupos fascistas y racistas. La impunidad de que gozan los autores de crímenes cometidos por la Dictadura en el Wallmapu, no puede más que alimentar las tendencias violentistas en una derecha local mayoritariamente pinochetista y nostálgica de la Dictadura. La impunidad se impuso en el caso del empresario hotelero Luis García Guzmán, hijo del dueño de las Termas de Likiñe, partícipe en el asesinato de 15 campesinos de la zona en los días que siguieron al golpe de Estado militar de 1973. Tienen la convicción de que pueden matar sin tener que responder realmente por sus crímenes.

Y qué decir de Alfonso Podlech, siniestro juez militar de Pinochet en el País Mapuche, que gozó de tal impunidad que un exceso de confianza le llevó a exponerse a la justicia internacional. Hace un año que está preso, primero en España y ahora en Italia, donde debe ser juzgado. ¿Intervendrá el Gobierno chileno para obtener que escape a la justicia, tal como lo hizo el Gobierno de la época con el ex dictador detenido en Londres? ¡Qué diferencia con el trato dado a decenas de militantes mapuche, que no han matado a nadie ni torturado ni menos enterrado clandestinamente los cuerpos de sus víctimas, llevados ante los tribunales por el Gobierno y condenados por terrorismo!

Queremos recordar aquí que hace cien años surgió el movimiento mapuche en un mismo contexto de ocupación de Wallmapu, con su corolario de usurpación, violencia y racismo colonial contra nuestro pueblo. En esa época también los colonos y latifundistas mataban, quemaban las ruka, robaban el ganado y usurpaban las tierras. Durante décadas hemos hecho uso de la lucha organizada y el combate político para defender nuestra tierra y nuestros derechos, a los cuales jamás renunciaremos. Si bien aun no hemos recuperado toda nuestra tierra y todos nuestros derechos, sin esa lucha habríamos sucumbido como nación. Pese a nuestra diversidad, propia de todo pueblo, hay desafíos ante los cuales el movimiento mapuche debe responder como un solo bloque. Uno de ellos es la violencia colonial: la del Estado, que aplica leyes represivas sólo a nuestro pueblo; la de los empresarios y capitales internacionales, que imponen proyectos económicos contra la voluntad de la población local, que desfiguran y contaminan nuestro Wallmapu; la de los latifundistas, que siguen con su cultura de muerte y terror como en plena Dictadura militar. Nos atacan como pueblo, debemos responder como pueblo, como una nación que somos.

Pues el objetivo de la violencia colonial fascista no es simplemente asesinar a tal o cual dirigente, neutralizar una organización o reprimir una comunidad: su objetivo somos todos, como pueblo. Los latifundistas saben que su riqueza y poder tiene por base la expoliación de nuestra tierra a partir de la conquista colonial del Wallmapu por Chile a fines del siglo XIX. Muchos de sus fundos comprenden, además, tierras usurpadas a las comunidades, que el Estado chileno, de acuerdo a su propia legalidad, había dejado a nuestros abuelos mediante títulos de merced, cuando los arrinconó en las reducciones para quitarles sus tierras y entregarlas a los colonos. Ellos lo saben, nosotros también.

Llamamos a nuestro pueblo a estar alerta y vigilante ante el fascismo colonial. Llamamos a todos los sectores democráticos de Wallmapu a la movilización contra la represión estatal y a denunciar el fascismo colonialista y racista del latifundio. La opinión pública del País Mapuche debe tomar consciencia que la existencia de bandas armadas de latifundistas no constituye sólo una amenaza contra el pueblo mapuche, sino que representa un peligro para la comunidad regional en su conjunto. No hay que olvidar que durante la Dictadura militar, estos grupos no asesinaron solamente a mapuche.

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El Estado chileno, siempre dispuesto a reprimir las movilizaciones mapuche en nombre de la sagrada «propiedad» del usurpador, debería tomar las medidas que se imponen para resguardar la paz y convivencia regional. El Comando Hernán Trizano debe ser puesto fuera de la ley, sus miembros detenidos y condenados por los tribunales de justicia. Es hora que el Estado actué contra los verdaderos usurpadores y criminalice a los verdaderos criminales, que constituyen, por otra parte, una real amenaza a la vida democrática. Si algún sentido debe tener la palabra Justicia, esto es lo mínimo que se puede esperar. Sobre todo cuando los servicios de seguridad y el Gobierno saben, sin duda, quiénes son.

Lunes 3 de Agosto de 2009

Fuente: Azkintuwe