Chile: ¿Realmente el Gobierno quiere proteger los glaciares?
Antes de que nuestros glaciares desaparezcan producto de la actividad minera intensiva, de los efectos del cambio climático, o de la despreocupación de las autoridades de turno, el año pasado un grupo transversal de diputados, apoyados por organizaciones de la sociedad civil suscribió una moción parlamentaria que ingresó a trámite el 20 de mayo. Por su parte la Presidenta Bachelet anunció el 21 de mayo de 2014 una ley de protección de glaciares.
Una vez instalada esta promesa en la agenda pública, hubo meses de debates internos entre Gobierno y Parlamento para dilucidar por cuál cámara ingresaría el proyecto del Ejecutivo, pues los senadores que años antes habían presentado mociones parlamentarias querían que fuese por el Senado, mientras los diputados presionaban por que fuese por su cámara. En este mismo periodo Greenpeace, realizó una campaña ciudadana y fundó la República Glaciar, en que muchos parlamentarios adhirieron a ella conformando la bancada Glaciar.
Así transcurrió el 2014, con voces desde la sociedad civil reclamando una ley para la protección efectiva de los glaciares de Chile y sin noticias sobre un texto legal que demostrara las reales intenciones del Gobierno. Pero durante los doce meses pasados hubo muchas intervenciones públicas del director de la DGA y del ministro de Medio Ambiente señalando la importancia de esta ley, y una y otra vez diciendo que pronto estaría listo el texto propuesto por el Ejecutivo.
En enero de 2015, la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados, en acuerdo con el Gobierno, abrió un plazo para ingresar indicaciones a la moción parlamentaria, plazo que culminó el 25 de enero y al que hicieron indicaciones cerca de 22 parlamentarios, las que curiosamente no fueron formalmente ingresadas. Por su parte, el Gobierno no cumplió y, por ende, no llegó con tan esperada propuesta. Para quien sabe algo del tema legislativo, resulta evidente la importancia de contar con un texto legal del Ejecutivo, pues el Gobierno es el único que puede asignar presupuesto a una ley. Y para proteger efectivamente los glaciares se necesita de presupuesto para personal adecuado, oficinas, realizar y/o encargar estudios independientes, etc.
Por ello puede ser comprensible que en marzo de 2015 varios parlamentarios liderados por el diputado Melo suscribieran un “acuerdo” con el Ejecutivo, el cual establecía los contenidos del proyecto que en pocos días él presentaría. Entre los parlamentarios firmantes están D. Melo, L. Soto, L. Lemus, P. Vallespín, M. Fernández, D. Pascal, M. Chávez, F. Meza, D. Cicardini, A. Molina y el senador Horvath. Y aunque el texto del acuerdo es bastante malo, algunos habrán pensado que era mejor esto que nada…, la verdad no lo sé.
Luego, el 10 de marzo, el Gobierno ingresó en la oficina de partes de la Cámara una indicación sustitutiva, el ministro de Medio Ambiente junto al director de la DGA, expusieron sobre el texto legal presentado el día 11 de marzo en la Comision de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados, y se abrió plazo para indicaciones hasta el 27 de marzo. Lo curioso de todo esto es que no se dio cuenta en Sala del proyecto, según lo exige el trámite legislativo y tampoco la llamada indicación sustitutiva estuvo disponible en la web de la Cámara.
Realizadas las consultas pertinentes a la oficina de transparencia, supimos que no se había adjuntado el informe financiero al mentado proyecto y, mientras esto no ocurriera, no se podía tramitar. Pero finalmente el informe llegó y el día 31 de marzo se dio cuenta en la Sala, lo que corresponde es que ahora el proyecto pase a la Comisión de Medio Ambiente para su revisión y, sin duda, tendrán que abrir un nuevo plazo de indicaciones, pues recién en esta fecha la totalidad de los parlamentarios y ciudadanía pudieron conocer el texto enviado por el Ejecutivo. Ahora todos podrán conocer el texto y hacer un análisis, para saber si efectivamente protege los glaciares de Chile. Pero mi recomendación es revisar las últimas hojas donde se adjunta el presupuesto para dicha iniciativa, pues es allí, sin duda, donde se demuestra la voluntad del Ejecutivo para proteger los glaciares, ya que el presupuesto asignado para esta ley es de poco mas de 210 millones anuales.
Esperemos que en la tramitación legislativa el Gobierno se allane a manifestar una mayor voluntad de proteger este valioso patrimonio del cual depende, en gran medida, el abastecimiento de agua para poblados del norte y centro de nuestro país.
Fuente: El Mostrador