“Buscan cercenar el derecho a la manifestación para proteger a los corruptos y mafiosos”
La Bancada del Agronegocio, compuesta por parlamentarios de diferentes partidos políticos, promueve una nueva Ley de Criminalización. En este caso, se busca penalizar con 6 años de cárcel a quienes protesten en las rutas del país. Ante este nuevo proyecto, organizaciones campesinas y de derechos humanos repudian la ley a la que califican como liberticida.
Tomas Zayas, histórico dirigente campesino e integrante del Foro Social del Alto Paraná, señaló que los sectores campesinos e indígenas repudian este nuevo intento de criminalizar las luchas sociales. “El proyecto Riera lo que quiere es coartar la libertad de manifestación, que es un recurso legal y constitucional que tienen los sectores organizados y en particular los campesinos e indígenas”, señaló el dirigente.
El Senador Enrique Riera fue el principal vocero y promotor de la propuesta de modificación del Artículo 216 del Código Penal a fin de criminalizar a quienes protesten en las rutas y calles, esta propuesta fue acompañada por otros 8 senadores y pretenden aprobarla en la Sesión Ordinaria de la Cámara de Senadores el jueves 21 de abril, sin que haya existido consultas o debates dentro de las Comisiones Asesoras del Senado o convocatorias a Audiencias Públicas para debatir el tema.
“Riera es representante genuino de la oligarquía paraguaya y vocero de los latifundistas, por eso actúa de esta manera para defender los intereses de estos sectores. Están abusando de su poder político y el poder que tienen en el Legislativo, donde supuestamente deberíamos estar representados todos los ciudadanos, sin embargo, tenemos un estado dominado por los sectores reaccionarios, oligárquicos y mafiosos que están para proteger los intereses de corruptos y mafiosos y perseguir a luchadores criminalizándolos y buscando condenarlos”, sentenció Zayas, respecto a la actuación de Riera y otros legisladores que el pasado año habían aprobado de la misma manera una ley que criminaliza la lucha por la tierra en el país.
Por su parte, la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (CODEHUPY) señaló que la ley planteada por Riera y los demás legisladores sigue la misma lógica que la dictadura de Alfredo Stroessner que había utilizado la Ley 209 para perseguir, encarcelar y someter a la oposición política durante décadas. “La Codehupy alerta una vez más, que proyectos de leyes como el mencionado son violatorios de un conjunto amplio de derechos asociados y protegidos bajo la libertad de expresión, pues parten del supuesto erróneo de la existencia de un hecho punible cuando en realidad se está ante el ejercicio de un derecho que debe ser protegido, tal como lo manda la Constitución de la República y el derecho internacional de los derechos humanos”, agregó la organización.
Las organizaciones campesinas e indígenas serían las principales afectadas por esta nueva legislación, ya que son las que recurren al cierre de rutas como medida de presión ante la falta de atención a sus reclamos por parte del Estado. El estudio Canalización de Demandas de los Movimientos Sociales al Estado paraguayo detalla que todas las organizaciones que realizan cortes de ruta y otras medidas de fuerza lo hacen tras haber buscado atención a sus demandas por los canales institucionales sin haber logrado respuestas satisfactorias.
En el estudio se señala también que la respuesta represiva por parte del Estado, como en el presente caso, ya sea la represión directa –el uso de la fuerza para desmovilizar o contener una movilización– o indirecta, que consiste en generar una situación de amedrentamiento y deslegitimación a las organizaciones, sus integrantes, sus demandas y acciones, tiene una doble intencionalidad: desfavorecer a sectores organizados de los movimientos sociales y favorecer el actual modelo de desarrollo y a sectores conservadores, aunque ello implique cercenar derechos.
Fuente: BASE Investigaciones Sociales