Belo Monte: nueva ocupación, mismas demandas, mismos problemas

Para lograr una negociación entre el gobierno federal de Brasil y los pueblos indígenas fue necesaria una segunda ocupación del principal sitio de obras de la presa hidroeléctrica de Belo Monte. Los indígenas se establecieron desde el 27 de mayo por nueve días en el sitio y reivindicaron la suspensión de obras y estudios de presas en sus territorios, así como la realización de la consulta previa con poder de veto.

Después de la ocupación anterior, entre los días 2 y 9 de mayo, los indígenas de los ríos Tapajós y Teles Pires estuvieron campados en Altamira, aguardando una respuesta del gobierno federal sobre sus demandas. Pero “esperar y llamar no sirven para nada”, concluyen los indígenas en la carta número siete de la ocupación. Por eso decidieron reocupar la obra.

La concesionaria Norte Energía, previendo los disturbios, pidió a la justicia federal de Altamira que garantizara la orden de despojo expedida para la ocupación anterior y que estableciera multa para posibles invasiones. El juez concedió multa de 5 mil reales por día “en caso de nueva perturbación o hurto en el inmueble denominado sitio Belo Monte”. Eso no pareció molestar a los indígenas, que ocuparon exactamente el mismo local que antes.

Ocupación

En medio de lo que parecía ser el punto más bajo de sucesivas derrotas de los pueblos indígenas de la región de la Volta Grande do Xingu, surge una nueva articulación: la de los pueblos de los ríos donde el gobierno quiere implementar grandes complejos hidroeléctricos – y, con ello, violentas iniciativas en el campo de la minería, la deforestación y el caos social. “Nosotros somos lo que somos y el gobierno necesita lidiar con eso”, afirma el movimiento en su séptima carta.

Ellos entraron en la obra alrededor de las cuatro de la mañana y paralizaron completamente los trabajos, ya que ocuparon todas las entradas. La comunidad enfrentó el asedio y la presión de por lo menos 50 policías de la Fuerza Nacional (FNSP), Policía Vial Federal, Grupo de Choque de la Policía Militar, Rotam, Policía Civil y guardias de seguridad de las empresas. La policía presionó los piquetes para permitir la entrada de más policías en el lugar, pero los ocupantes no lo permitieron. “Actuando de esta manera, ustedes están declarando la guerra contra la Fuerza Nacional”, dijo un jefe policiaco a los manifestantes. Sufrieron también el corte en el abastecimiento de agua y energía eléctrica en las instalaciones – estrategia que la Fuerza Nacional utiliza para desmovilizar y garantizar la entrada de más destacamentos policiales dentro de la obra, además de las tropas que ya residen dentro.

Alianzas

Los indígenas escribieron una carta a los trabajadores del Consorcio Constructor Belo Monte (CCBM), “con quienes jugamos pelota en la obra”, en la cual proponen una alianza táctica entre comunidades tradicionales, los llegados a la región de Altamira y los obreros (según los indígenas, la Fuerza Nacional no permitió el volanteo). La “sofisticación” del movimiento indígena molesta al gobierno y a las empresas involucradas en la construcción, que intentan acusar a los indígenas de ser manipulados por organizaciones extranjeras.

Del gobierno viene el silencio retumbante: ni una palabra sobre consulta previa, ni sobre “la militarización de los contextos de conflicto social relacionados con la lucha por derechos de los indígenas”, como apuntó una nota del Consejo Indígena Misionero (CIMI). Además, hubo expulsión de periodistas y un espectáculo de declaraciones difamatorias, racistas y calumniosas contra comunidades enteras.

“La presa dividió pueblos y dividió a los parientes[1]”, lamenta Juma Xipaya. “Dividió al hombre. Por esto es preciso un nuevo pacto entre cada pueblo, para reunir a todos”, afirma el cacique Babau Tupinambá. Ambos liderazgos son parte de la docena de pueblos que ya declararon solidaridad irrestricta al movimiento por medio de cartas de apoyo a los parientes que ocupan la presa.

“No vamos a Brasilia para negociar”

El cuatro de junio, un grupo de cerca de 150 indígenas llegó a Brasilia para la reunión con los ministros de Justicia, Minas y Energía, y de la secretaría general de la presidencia, además de representantes de otros ministerios del gobierno federal.

“No vamos a Brasilia para negociar nada con el gobierno”, explica el portavoz del cacique general, Jairo Saw. “No hicimos ningún acuerdo y no lo haremos. Vamos a presentar nuestra posición sobre la construcción de hidroeléctricas en nuestros territorios, y exigir que el gobierno respete la Constitución y los tratados internacionales que firmó, que garanticen nuestro derecho de ser consultados. Nosotros queremos poder decir no”, subrayó.

Los indígenas señalan que no firmarán ningún tipo de lista de asistencia o documento en la reunión. “Sabemos que en Belo Monte ellos manipularon muchas reuniones en los pueblos y en la ciudad para fingir que realizaron la consulta previa”, relata Socorro Arara.

Para el presidente de la Asociación Pusuru, Cándido Waro, la reunión representa una vez más la voluntad de los pueblos indígenas de dialogar con el gobierno federal. Pero también expresa su preocupación: “Sabemos que esta reunión puede ser una trampa, como las otras veces que nos intentaron obligar a firmar documentos a favor de las hidroeléctricas”, apunta.

Los indígenas defienden que si el gobierno no acata las demandas presentadas en la reunión, ocurrirán nuevas manifestaciones. “No dejaremos que pase en los ríos Teles Pires y Tapajós lo que está pasando en Belo Monte. Dependiendo de la respuesta, podemos alterar todavía más la vida del gobierno”, concluye Cándido.

Publicado el 10 de junio de 2013.

Nota:

[1] Pariente es la designación común dada por los indígenas brasileños a si mismos, diferenciándolos de los blancos o no-indios (N.T.).

Fuente: Desinformémonos