Argentina - Bosques: proyecto del gobierno elimina la mitad de las zonas rojas

Desde el Gobierno de Córdoba se ha repetido muchas veces que, en relación a los bosques nativos, son los legisladores quienes deben definir los criterios de conservación para luego elaborar un mapa de ordenamiento. La Izquierda Diario tuvo acceso a un borrador del mapa de ordenamiento territorial de los bosques nativos, que estarían siendo considerado por el Gobierno provincial. La presencia de este borrador pareciera indicar que el oficialismo ha avanzado en la realización de un mapa o, por lo menos, ha evaluado diferentes escenarios.

Este borrador se encuentra fechado a fines de diciembre del año pasado, pocos días antes de la fallida sesión en la Legislatura donde el oficialismo no pudo avanzar con la aprobación de la reforma a la ley 9814 de Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos de Córdoba. Comparamos esta versión con el informe del estado de implementación de la ley 26331, publicado por el Ministerio de Ambiente de la Nación.

Al comparar ambos mapas, las razones para no dar a conocer el borrador de diciembre de 2016 saltan a la vista, y se evidencia la disminución de hectáreas de bosque nativo en áreas rojas. En los mapas de ordenamiento, las zonas rojas representan sectores de muy alto valor de conservación del bosque que no deben transformarse, pudiendo realizarse actividades que no alteren sus atributos de conservación. Las zonas amarillas corresponden a un mediano valor de conservación, que no deben desmontarse pero pueden ser aprovechadas de forma sostenible. Las zonas verdes pueden transformarse parcialmente o en su totalidad.

Según el Ministerio de Ambiente de la Nación, 2.923.985 hectáreas (ha) se encuentran incluidas dentro del Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos (OTBN). De éstas, un 82% se encuentran en zona roja, representando 2.393.791 ha y un 18% se asignaron a zona amarilla, con 530.194 ha. No hay zonas asignadas a la categoría verde. En el borrador de diciembre de 2016 se incluyen dentro del OTBN 3.775.340,27 ha, de las cuales 1.186.443,18 ha corresponden a zona roja, 1.965.824,28 ha a zona amarilla y 603.072,81 ha a zona verde. Es decir, si bien la superficie considerada en el ordenamiento se incrementa, el área protegida en la categoría roja se reduce en más del 50%, equivalente a 1.207.348 ha.

Para determinar si un área debe ser clasificada como roja, amarilla o verde se recurre a una serie de criterios que determinan un puntaje y se establecen líneas de corte sobre este puntaje. Por ejemplo un sitio puede tener un elevado valor de conservación si alberga un bosque maduro, si protege las cuencas al ubicarse en un terreno en pendiente o si alberga varias especies de fauna. Sumando las puntuaciones de estos criterios se establece una escala del 0 al 100, que indica el valor de conservación. Resulta notable que en el borrador sólo se incluya dentro de la categoría de máximo valor de conservación a las áreas con suelos de categoría VII y VIII, es decir aquellos que no son aptos en absoluto para las actividades económicas, por encontrarse anegados, erosionados o con alta salinidad.

Pero lo más discutible de este borrador es que no se aclara la metodología por la cual se determina las líneas de corte entre las categorías verde, amarilla y roja. Para que el ordenamiento territorial incluya dentro de la categoría roja a la totalidad de los bosques de la provincia, debería fijarse como línea de corte un valor mucho más bajo que el previsto en este borrador. Resguardar la totalidad de los bosques es un reclamo unánime de la población cordobesa, respaldado por la evidencia científica que indica que la desaparición de las áreas boscosas es alarmante, poniendo en riesgo la provisión de servicios ecosistémicos para toda la sociedad como la fijación de carbono y la protección contra inundaciones y sequías. Por otra parte, este proyecto atentaría contra el principio de no regresividad de la ley, al dejar sin protección áreas hasta ahora protegidas.

La línea de corte sugerida en el borrador se encuentra en 58 puntos. Esta elección sería desastrosa para el futuro del ambiente de la provincia. Bajo esta línea de corte, casi un tercio de los bosques abiertos son asignados a la categoría amarilla (231.888.06 ha de un total de 850.034,5 ha), lo que permitiría su uso ganadero mediante "rolado selectivo" de acuerdo al borrador de ley presentado en la legislatura el año pasado. Un examen del mapa muestra que estos bosques sacrificados corresponden a zonas de llanura. A diferencia de los bosques de zonas serranas, los bosques de llanura tienen mayor valor para la expansión ganadera en la provincia.

La elección de esta línea de corte afecta además a otros tipos de vegetación, que deberían ser indudablemente conservadas. Casi la totalidad de los "matorrales con emergentes" son clasificados bajo las categorías amarilla o verde (735.707,1 ha de un total de 856.361,2 ha). Este tipo de vegetación ha sido el blanco favorito de los planes de CARTEZ y otras asociaciones de empresarios ruralistas, quienes aseguran que el bosque nativo no puede recuperarse a partir de ambientes con arbustos y árboles jóvenes aislados. Por el contrario, sugieren que estas áreas requieren de "manejo ganadero" para su recuperación.

Por otra parte, llama la atención la inclusión de áreas sin bosque alguno dentro de la categoría roja, que lleva a preguntar si no es un mecanismo para maquillar un número de por si paupérrimo. Por ejemplo, para llegar al total de 1.186.443,18 ha conservadas se incluyen dentro del rojo 6.521,13 ha de costra salina, 4.856,58 ha de pastizales y 44.767,98 ha de paisaje cultural (cultivos y zonas urbanas). Un examen del mapa muestra además la desaparición de las áreas de conservación a lo largo de los cursos de agua en las zonas de la llanura de la provincia.

El secretismo en construcción de este mapa parece evidenciar la falta de interés del Gobierno en involucrar a los sectores académicos y la sociedad en general en un proceso participativo. Por el contrario, la defensa de los intereses de sectores económicos promueve la destrucción del ambiente, expulsa a los pobladores campesinos de las áreas con bosque, destruye áreas de importancia para la conservación de la flora y la fauna, impide la capacidad natural de regeneración del bosque nativo, altera la provisión de agua para la provincia y coloca a varias localidades en riesgo de crecidas violentas. Es la planificación de un crimen social.

Fuente: La Izquierda Diario