¡Alerta! Nueva arremetida de la política minera
El 24 de abril pasado, el Presidente Lenín Moreno hizo público el Decreto Ejecutivo No. 722, en el que ordena al Ministro de Energía y Recursos Naturales No Renovables la "actualización, definición y emisión de la nueva política minera" así como los lineamientos para su "ejecución y aplicación".
Antes que nada, llama la atención que en los considerandos del Decreto 722 se cita el artículo 313 de la Constitución que dice que "la administración, regulación, control y gestión de los sectores estratégicos, debe ser en conformidad con los principios de sostenibilidad ambiental, precaución y prevención". Es evidente que ninguna actividad minera ha cumplido con éste ni con los muchos otros artículos de la Constitución que tienen que ver con un medio ambiente sano y con los derechos de la naturaleza. Un claro ejemplo, aunque no el único, es el Proyecto Mirador, controlado por la empresa china ECSA, y que opera sin el debido control ambiental; lo que dio lugar a que el Ministerio del Ambiente suspenda un 40% de sus operaciones.
Con premura, el ministro de energía dio a conocer los 6 ejes de la "nueva política minera", que en realidad, son planes que representan una continuidad de las políticas que benefician a las empresas transnacionales, sin importar los impactos socioambientales.
Por añadidura, a fines de febrero el gobierno de Lenín Moreno había adquirido una deuda de 4.200 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional, condicionada a un plan de ajuste estructural y teniendo como garantía de ingresos para el servicio de la deuda, la extracción minera en los proyectos Fruta del Norte y Mirador (ubicados en la Cordillera del Cóndor) y Loma Larga (ubicado en Azuay). Este anuncio es una afrenta a la población de Girón que en la consulta popular con carácter vinculante, en su gran mayoría, votó en oposición a que se realice minería en el sistema hidrológico Kimsacocha. El Ministerio de Energía y Recursos No Renovables, en franco desacato a la voluntad del pueblo, se propone continuar con este proyecto.
Precisamente, uno de los ejes de la "Nueva" Política Minera contempla "evitar que se abuse del recurso de las consultas populares en temas mineros", desconociendo un derecho constitucional al que recurren las comunidades para la defensa de sus territorios.
Puede decirse que con el anuncio de esta "nueva" política se estaría buscando dar una señal de autoritarismo y seguramente intentar frenar iniciativas que vengan desde los GAD municipales y provinciales para defender el agua; o continuar ignorando los informes de la Contraloría General del Estado que señalan graves irregularidades en algunos contratos y proyectos mineros; quien sabe si inclusive quieren intimidar a jueces que han emitido sentencias favorables a los derechos humanos y la naturaleza en contextos mineros y petroleros; o hasta limitar la labor de entidades como la Defensoría del Pueblo cuando elabora Pronunciamientos, Informes y Resoluciones para la defensa de derechos, como lo hizo recientemente frente al proyecto Llurimagua (ubicado en la zona de Íntag), exhortando al Ministerio de Energía declarar la caducidad del proyecto, al Ministerio del Ambiente anular la licencia ambiental, y a Senagua retirar la autorización de uso de las aguas de la zona.
El quinto eje de esta Política Minera habla del combate a la minería ilegal. ¿Van a anular las concesiones mineras en operación, que son ilegales al no cumplir con el Mandato Minero de 2008?; ¿se anularán aquellos proyectos que según informes de la Contraloría estarían operando al margen de la ley y sin la observación y regulación de las instancias estatales que corresponden? Debería ser así. Porque estas irregularidades probablemente constituyen un patrón con el cual operan cientos de concesiones mineras que ocupan más del 10% del territorio nacional.
Otros ejes incluyen la exención de impuestos, así como la flexibilización de requerimientos y exigencias ambientales y sociales a los inversionistas mineros. Esto pone en mayor riesgo los derechos de las poblaciones aledañas a los proyectos, así como los derechos de la naturaleza que será más afectada por estas actividades destructivas.
Es evidente que el sector minero tiene capacidad de incidencia en las más altas esferas. Hoy, al igual que el petróleo en años anteriores, esconde su rostro espectral bajo la careta de ayuda al pago de la ilegítima deuda externa. Por eso debe ser que teme la creciente resistencia anti-minera y busca someterla.
Fuente: Acción Ecológica