Violencia crónica contra el campesinado paraguayo: 140 años de expulsión y de lucha
En 2015 se cumplen en Paraguay 140 años del dictado de la primera ley de venta de tierras públicas, con la que se inició una larga historia de acaparamiento de la tierra en pocas manos y de expulsión del campesinado del territorio ancestral.
8 de mayo de 2015
Por Cecilia Rodrigues
1. Noticias
“Policía quemó 75 casas y mató animales en asentamiento campesino de Caazapá” dice un titular del 27 de abril pasado del diario Última Hora de Asunción. La nota aclara que los hechos sucedieron en el marco de un desalojo ilegal por parte de la Policía Nacional paraguaya. (1)
Este tipo de notas se encuentran con frecuencia en la prensa paraguaya en cualquier momento del año. Algunos ejemplos:
Violento desalojo a campesinos en colonia Sidepar 3000 Caaguazú
“La Policía destrozó una escuela durante desalojo en Capiibary” En el asentamiento de Tapiracuai Loma, distrito de Capiibary, San Pedro. “… Las topadoras no dejaron nada a su paso. Sólo vestigios de lo que algunas vez fue una escuela construida con el sacrificio de los lugareños. Los campesinos afectados denunciaron que el administrador de la estancia (aledaña), Jorge Moreno y su hijo, vestidos ambos con uniforme paramilitar, dirigían a los uniformados durante el desalojo…” (2) Poco después se confirmó que se trató de un procedimiento ilegal. (Noviembre de 2013) El ministro del Interior Francisco de Vargas calificó a las acciones de desalojo y de detenciones ilegales como “adecuadas”. (3)
Niño escribe en un pizarrón, sobre los rastros de lo que fuera su escuela. Foto: senador Luis Wagner.
“Campesinos denuncian desalojo y quema de viviendas en Capiibary Un grupo de 300 campesinos denunció este viernes la quema de viviendas y cultivos de autoconsumo durante un desalojo nocturno realizado en una propiedad ubicada en el distrito de Capiibary, departamento de San Pedro. Acusan a la Policía…” (Marzo de 2014) (4)
“Regalo” de navidad policial a campesinos: Les quemaron casas y mataron decenas de animales…” (5). Sucedió en el asentamiento de Yvyrarobana, Canindeyú el 23 de diciembre de 2014. Se trató de un procedimiento ilegal realizado por policías y civiles. Las tierras en conflicto fueron adjudicadas ilegalmente a una empresa por parte del estado.
“Confirman que brasileros desalojaron ilegalmente a campesinos de tierras del Indert. Caso de la colonia Guahory, en Caaguazú. La institución estatal dice que hará retornar a los afectados. Fiscal encabezó la acción promovida por empresarios extranjeros, sin orden judicial, incendiando 100 viviendas…” (6) (febrero de 2015).
Las organizaciones campesinas denunciaron diez procedimientos de desalojo de asentamientos con estas características durante 2014. En todos los casos se involucran el accionar prepotente e inclusive ilegal de Fiscalías y Juzgados en conflictos por la tierra y el accionar conjunto de policías y guardias de seguridad privadas
que trabajan para empresas que pretenden las tierras en disputa. En todos los casos los procedimientos dejan un saldo de heridos y detenidos entre los labriegos, muchos de los cuales denuncian luego haber sufrido torturas durante su arresto.
2. Informes
Año tras año la represión y la criminalización del campesinado pobre ocupa gran parte de los informes acerca de la situación de los Derechos Humanos en Paraguay.
Según el “Informe de Derechos Humanos sobre el caso Marina Kue” (7), las políticas de criminalización y represión a la protesta campesina con posterioridad a 1989 -durante la etapa democrática del Paraguay- abarcan cinco prácticas principales violatorias de los derechos humanos: a) ejecuciones arbitrarias y desapariciones forzosas; b) torturas y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes; c) detenciones y procesamientos arbitrarios y abusivos; d) desalojos ilegales y arbitrarios y e) puesta en marcha de una normativa legal punitiva.
Tal como lo expresa el informe Chokokué (2007) de la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (CODEHUPY), la respuesta represiva al campesinado constituye un patrón de acción del Estado paraguayo y emerge como resultado de la inequidad en el acceso a la tierra.
El informe expone un modelo de violencia estatal e impunidad judicial sistemática en contra de las organizaciones campesinas en el marco de la lucha por la tierra.
En una actualización posterior, efectuada en 2013, el informe se centró en demostrar la existencia de unplan sistemático de ejecuciones dirigido a líderes campesinos.
El informe recorre los principales disputas entre empresas y particulares dueños de tierras y las comunidades cercanas y concluye que
“…comprometidas en este plan (están) las instituciones de Seguridad y de Justicia del Estado, Ministerio Público, Poder Judicial y Policía Nacional, cuyas actuaciones ilegales gozan del respaldo explícito del sistema político…”
Como datos gruesos del informe se resaltan 115 ejecuciones de campesinos debidamente documentadas. Sin embargo, se advierte sobre la existencia de denuncias existentes en 27 casos más, entre ellas 17 denunciadas en la comunidad de Chino Kue ( Distrito de Itakyry, Departamento de Alto Paraná) a lo largo de 3 años; 6 ejecuciones cometidas en Laterza Kue (Distrito de Mariscal López, Departamento de Caaguazú) y 4 ejecuciones denunciadas en Norte Pyahu (Distrito de Sargento José F. López, Departamento de Concepción).
“Un patrón sistemático de impunidad”
Según lo denuncia la CODEHUPY, en los casos de ejecuciones de las cuales son víctimas miembros de organizaciones campesinas existe probadamente un patrón sistemático y absoluto de impunidad: en ninguno de los casos se hizo justicia, se dictaron sentencias únicamente en 8 casos, pero sólo contra los autores materiales, nunca contra los autores intelectuales de esos asesinatos.
El informe identifica mecanismos recurrentes para asegurar la impunidad de parte de los agentes judiciales: no impulsar la investigación, no preservar la escena del crimen, no garantizar la cadena de custodia de las pruebas, perder los expedientes, amedrentar a los testigos o inclusive imputarlos arbitrariamente por delitos, omitir realizar la denuncia cuando los asesinatos se dieron en el marco de procedimientos judiciales, etc.
Agronegocios y campesinos, una coexistencia imposible.
Actualmente, la cara oscura del éxito del modelo de monocultivo es la represión al campesinado por parte del Estado, pero también por parte de agentes privados que cuentan con la tolerancia estatal
Policía custodia fumigaciones
La expansión de los agronegocios en el Paraguay en las últimas décadas se da de la mano de un Estado que facilita el “clima de negocios”, que les permite a las empresas utilizar grandes extensiones de tierra en cultivos que no se consumen ni se industrializan en el país y se exportan sin dejar ningún tipo de valor agregado.
El 92% de la tierra cultivable tiene ese destino, solo el 8% restante se utiliza para la producción de alimentos para la población local. La superficie de tierra destinada al cultivo de soja pasó de 1.050.000 hectáreas en 1997 a 3.254.982 en 2014.
El aumento de la superficie destinada a monocultivos mecanizados se hace a costa del decrecimiento del territorio destinado a la agricultura familiar, lo que tiene como consecuencia directa la expulsión de la población campesina.
Es habitual encontrar menciones a la relación entre expansión de los agronegocios y expulsión de campesinos en denuncias, estudios, informes.
Sin poner en duda la existencia de esta relación, hay que recordar que el éxito en términos de rentabilidad de los llamados agronegocios vino a agudizar la ya exagerada desigualdad en la distribución de la propiedad de la tierra en el Paraguay, país en el cual el 2% de los propietarios posee el 80% de la tierra, realidad que tiene su origen en el proceso posterior al fin de la Guerra de la Triple Alianza (1865-1870).
Campesina frente a lo que quedó de su vivienda tras desalojo en Capiibary.
La violencia actual del Estado contra el campesinado paraguayo nació en el proceso de refundación del Estado paraguayo en la posguerra.
3. Historia. El comienzo de la violencia actual: el despojo a través de las leyes de venta de las tierras públicas
La lucha por la tenencia de la tierra es el “hilo rojo” que recorre la historia de la lucha de clases en el Paraguay desde 1870.
Si bien podría situarse el inicio del conflicto en la conquista española y la resistencia de los pueblos originarios, el acaparamiento de tierras en pocas manos y la expulsión sistemática del campesinado tiene su origen en la derrota del proyecto del Paraguay Independiente en la Guerra de la Triple Alianza, que hizo posible la incorporación del país al mercado internacional.
Desde la independencia paraguaya (1811) y bajo la dirección del Dr. Gaspar Rodríguez de Francia los paraguayos habían edificado un estado paternalista que no permitió prácticamente la existencia de la propiedad privada de la tierra y frustró las aspiraciones de la vieja oligarquía terrateniente. Esta experiencia, llamada “el período del Paraguay Independiente”, fue proseguida con variantes por el gobierno de Carlos Antonio López y luego por su hijo, el mariscal Francisco Solano López.
Así lo caracteriza el historiador Bernardo Coronel en su artículo “Lopez, héroe antimperialista” (8)
“…tras la revolución el Paraguay no solo se convertiría en un Estado independiente, sino que se constituiría en un Estado popular. En febrero de 1825 Francia resuelve que más de la mitad de las tierras de la región Oriental y la totalidad del Chaco pasen bajo la propiedad del Estado, con lo que iniciaría la primera reforma agraria de América Latina, entregando tierras en arrendamiento a los campesinos. Las tierras eran cedidas a precios simbólicos, a cambio que se produzca para el autoabastecimiento y así romper con la dependencia. Este es el factor fundamental sobre el que se edificaría todo el régimen popular: la no liberalización de la tierra, con lo que impidió la aparición de una clase propietaria rural. La tierra fue convertida en propiedad social. La reforma francista no fue una reforma agraria burguesa, como todas aquellas que surgieron después de la revolución francesa, sino que fue una reforma social de la tierra. Mientras las burguesías emergentes liberalizaban la tierra dando nacimiento a una gran masa de propietarios privados (productores–consumidores del mercado) Francia repartía tierras a los campesinos, convirtiendo éstas en propiedad colectiva: las estancias de La Patria…”
El proyecto francista del Paraguay Independiente estaba basado en la relación de unidad entre el Estado popular y el campesinado, heredero de la cultura igualitaria guaraní:
“Con la revolución paraguaya la organización política fue construida sobre la base de la cultura igualitaria guaraní: un proceso en que se forjaba una identidad entre el campesino guaraní y el Estado. De hecho, ya en el período colonial existía una cultura nacional que dio la fuerza y unidad para la creación del Estado independiente, que continuaría con los López…”
La existencia de esa cultura, basada en la relación del campesino con su tierra es fundamental para entender el heroísmo del pueblo paraguayo en la lucha en defensa de su patria durante la guerra:
“…la propaganda mitrista y brasileña justificaban la guerra contra el Paraguay afirmando que era necesario llevar la “civilización” al oscuro país gobernado por un dictador implacable. Pero el fundamento de los gobiernos de Argentina, Brasil y Uruguay partía de una grave equivocación: no existía división entre López y el pueblo paraguayo. Al contrario, López y el pueblo, especialmente el campesino, representaban una unidad. Esa unidad se basaba en el hecho que la tierra era propiedad del Estado paraguayo, tierra, que el campesinado defendió heroicamente hasta morir. López, al defender la soberanía patria, defendía la tierra. Los campesinos al luchar por la Patria estaban luchando por algo que genuinamente les pertenecía, la tierra…”
Terminada la guerra, todavía más del 98% de la tierra en Paraguay era pública y el único régimen de tenencia posible era el arrendamiento vitalicio a los campesinos que en ella vivían y producían con una concepción comunitaria.
La derrota en la guerra no fue solamente la derrota del Paraguay, sino la derrota del proyecto del Paraguay Independiente y de su clase fundamental: el campesinado.
Esta derrota posibilitó a los vencedores la refundación del Estado paraguayo, en un proceso que comenzó con la toma de la ciudad de Asunción por parte de las tropas brasileras en 1869.
Inmediatamente, las tropas de ocupación constituyeron un gobierno provisorio conformado por los llamados legionarios: descendientes de la antigua oligarquía terrateniente que durante el período independiente habían marchado al exilio en Buenos Aires y desde allí alentaron la guerra contra el Paraguay.
En 1870, apenas terminadas las hostilidades, se dictó la nueva constitución que consagraba el derecho a la propiedad privada, lo que permitió posteriormente la enajenación masiva de tierras fiscales.
Fue así que la antigua oligarquía paraguaya exiliada durante el período independiente, regresó al Paraguay de la mano de los ejércitos invasores. A ella se sumaría una clase de nuevos gobernantes que llegarían a poder con el antecedente de ser héroes del derrotado ejército lopista, lo que les brindaba gran prestigio popular.
Esta alianza, constituida por ex militares lopistas, miembros de la antigua oligarquía exiliada y representantes de capitales extranjeros argentinos, ingleses y brasileros constituirán la nueva clase dominante paraguaya en la posguerra. Será la clase hegemónica en el nuevo Estado paraguayo, refundado tras la derrota del Paraguay Independiente.
Un hecho fundamental en la constitución de esta clase es la apropiación de las tierras públicas, llevada adelante mediante sucesivas leyes de venta. La primera, fue dictada en 1875 por el gobierno de Juan Bautista Gill y disponía la venta de una cierta cantidad de tierras fiscales para sufragar deudas derivadas de la contienda. Después, en 1883 y 1885, durante los gobiernos de Rivarola y del General Caballero, se sancionaron las leyes que constituyeron la gran contrarreforma agraria en el Paraguay, que convirtieron a los campesinos en parias en su propia tierra.
En ambas leyes, los términos de venta de las tierras favorecían el acaparamiento y desfavorecían deliberadamente al campesino paraguayo: los lotes que se ofrecían eran de una legua cuadrada en las leyes de 1883, o sea aproximadamente 2500 hectáreas, y debían ser pagados al contado en el plazo de un año. Tales condiciones eran de acceso imposible para el campesinado y totalmente incompatibles con su forma de producción.
Las leyes de 1885 redujeron la superficie de los lotes ofertados a media legua cuadrada, sin que por ello el campesinado se vea favorecido.
En cambio, en el año 1881 se dictó la primera ley de colonización a favor de inmigrantes europeos, a quienes se les ofrecieron tierras en condiciones mucho más accesibles con el fin de estimular su radicación.
Como resultado de estas políticas, en muy poco tiempo tan solo 68 propietarios pasaron a detentar la propiedad de más de 9 millones de hectáreas, de las cuales más de 5 millones eran poseídas por 11 titulares. Los grandes beneficiados fueron sectores afines al gobierno, pertenecientes a las familias o a amistades de los gobernantes que expropiaron tierras a su favor. Las tierras fueron entregadas junto a todo lo que había en ellas: poblados, iglesias y sus habitantes, que pasaron a ser la mano de obra barata de los nuevos dueños.
El mensú
El campesinado paraguayo -derrotado y diezmado en la guerra y sin posibilidades de resistencia organizada- se vio despojado de las tierras ancestrales, obligado a migrar o a convertirse en proletario. Muchos campesinos se convirtieron así en mensúes de las grandes explotaciones yerbateras o hacheros de las compañías tanineras del Chaco, y otros debieron migrar a las ciudades o a otros países.
La suerte de los campesinos devenidos en proletarios rurales es funesta:
“…la ‘civilización’ que trajo la guerra en pocos años condenó al trabajador paraguayo (…) al atraso económico, con niveles de pobreza que ni siquiera se dieron en tiempos de la colonia. En este período las condiciones impuestas por las multinacionales serían bajo regímenes despóticos. Las durísimas condiciones laborales fácilmente eran de 14 a 16 horas diarias en los obrajes y yerbales. El ¨enganche¨ que tenía endeudado al obrero de por vida, era la forma tradicional de sojuzgamiento. Los trabajadores que osaban rebelarse eran sometidos a terribles torturas (…) Los obrajes eran verdaderos ¨campos de concentración” de donde era muy difícil escapar…”
Esas leyes consagraron la sumisión y la inserción del Paraguay al mercado internacional y la adecuación de su producción a la demanda externa.
También dio lugar al establecimiento de una dirigencia política que naturalizó el hecho de enriquecerse a costa de la cosa pública. El gran ejemplo de ello es el General Caballero, accionista de la empresa La Industrial Paraguaya S.A., a favor de la cual expropió 2,5 millones de hectáreas de tierras públicas cuando fue presidente de la República.
Junto a esta clase parasitaria se comenzó a desarrollar un funcionariado intermedio y judicial que acompañaba con su práctica el despojo de los bienes públicos y el sometimiento y abuso contra las clases populares.
El cambio abrupto del régimen de propiedad de las tierras en las que vivía el campesinado tradicional a favor de los latifundistas abrió un profundo conflicto entre ambas clases, en el cual se contraponen:
- dos formas de propiedad, la propiedad colectiva frente a la propiedad privada;
- dos formas de producción: la producción de autoconsumo y aquella destinada al mercado interno contra el establecimiento de economías de enclave, destinadas a la extracción para la exportación.
- dos concepciones culturales: enfrenta a la cultura igualitaria campesina proveniente de la cosmovisión guaraní con la concepción de la tierra como mercancía, impensable hasta entonces para el campesinado paraguayo.
Las leyes de enajenación significaron una herida profunda en la sociedad paraguaya que se caracteriza a partir de entonces por la desigualdad y una marcada violencia estatal contra el campesinado que persiste hasta nuestros días.
4. La lucha
La lucha campesina por la tierra y la represión actual son consecuencias del despojo legalizado en las citadas leyes de venta. Dicho despojo es continuado actualmente mediante mecanismos ilegales de acaparamiento de tierras garantizado a través de diversas expresiones, muchas de ellas brutales, de la violencia estatal y paraestatal que condenan al campesinado a la migración y a la marginalidad.
Sin embargo, la lucha del campesinado lograría a lo largo de décadas la consagración del derecho a la tierra en la Constitución paraguaya y obligaría a diferentes gobiernos a realizar cesiones de tierras mediante leyes agrarias, que nunca alcanzaron para modificar la matriz de la tenencia desigual de la tierra.
A su vez, el único límite que encuentran en Paraguay los terratenientes es la existencia de ese campesinado tradicional que se empeña en subsistir como tal, que se niega a entregar su poca tierra a las empresas o bien en ocasiones disputa la tenencia de la misma a través de ocupaciones comunitarias.
Este campesinado sobrevive realizando explotaciones de autoconsumo pero también algunas pequeñas explotaciones de renta, constituyéndose como el principal productor de alimentos para el país.
Campesinos de la FNC.
Los campesinos que aún permanecen en sus comunidades luchan por la posesión de la tierra en condiciones cada vez mas desventajosas, impuestas en esta última década por el aumento de la cantidad de tierras destinadas a los cultivos mecanizados por parte de las empresas semilleras multinacionales a costa del territorio campesino, y la consolidación de la clase mafiosa terrateniente, en gran parte de origen brasilero, conocidos en Paraguay como “brasiguayos”.
A la antigua violencia estatal y paraestatal contra el campesinado, en el modelo actual de agronegocios, se agrega la contaminación generada por el uso masivo de agrotóxicos, uno de los problemas más graves que deben enfrentar quienes pretenden continuar viviendo de la tierra. El envenenamiento del agua, la tierra y el aire, la mortandad de animales y cultivos y la aparición de enfermedades en la población rural, son elementos que acorralan a los campesinos cuyas comunidades quedan rodeadas de cultivos mecanizados.
Se abre una disyuntiva que enfrenta el campesinado como clase desde hace ya 140 años: la migración o la lucha, que implica enfrentar variadas formas de violencia que se aplican en su contra.
Históricamente, una gran parte ha optado por la migración, sin embargo, también están los que deciden permanecer, resistir para quedarse y luchar para avanzar en la conquista de nuevas tierras guiados por el propósito de ocupar, producir, resistir, para vivir.
Marcha campesina
Notas:
4) http://www.ultimahora.com...
7) Redactado por la Coordinadora por los Derechos Humanos del Paraguay (CoDeHuPy) se lo puede descargar aquí
8) http://www.vientofuerte.com...
Fuente: Revista Superficie