Violencia estatal contra comunidades campesinas e indígenas marca el inicio de 2025: desalojos
En esta sección del informe se detallan los casos de desalojos hacia comunidades campesinas con informaciones a partir de una recolección de datos que incluyó fuentes primarias y secundarias. Entre las primeras se encuentran entrevistas telefónicas y presenciales con pobladores y pobladoras de las comunidades atacadas; entre las segundas, notas informativas de diversos medios de comunicación recopiladas a través del Observatorio de BASE-IS.
INFORME ESPECIAL #76
PARTE II
Sexta Línea Kira’y - Gral. Resquín - San Pedro. Atropello a pobladores y pobladoras que habitan bajo carpa en el camino vecinal junto a las tierras fiscales que reclaman como parte de la reforma agraria
El 18 de diciembre de 2024, las 47 familias de Sexta Línea Kira’y, distrito de Gral. Resquín, San Pedro, recibieron una nueva amenaza de desalojo de sus carpas, donde acampan en un camino vecinal. Esta acción, llevada a cabo por una comitiva fiscal-policial, se suma a intentos previos. De concretarse, sería el cuarto desalojo de estas familias, quienes fueron expulsadas forzosamente de su asentamiento el 4 de junio de 2023.
En aquel desalojo forzoso, perdieron todo lo construido durante más de tres décadas de asentamiento pacífico en tierras públicas que el propio Instituto de Bienestar Rural (IBR) -actual Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)- les había asignado en el año 1995, tras más de 6 años de ocupación. Este violento desahucio fue llevado adelante por el Fiscal José Godoy de la Unidad 3 de Santa Rosa del Aguaray con una gran cobertura policial, bajo el argumento de la existencia de una “Medida Cautelar de Urgencia de No Innovar” solicitada por Nilda Torales al Juzgado Civil de esta ciudad.
Cabe resaltar que las tierras en disputa – que suman aproximadamente 265 hectáreas – pertenecen al INDERT, fueron adquiridas por el Estado y otorgadas a las familias sujetas de la Reforma Agraria hace 30 años, en 1995. La ocupación que conquistó este territorio campesino se inició en 1989, es decir, tiene en total 35 años de existencia. La persona que se atribuye la propiedad de la tierra del INDERT, Nilda Torales, apareció recientemente en la zona, más precisamente en el año 2021. La misma tiene antecedentes penales por estafa.
Las familias de la Sexta Línea Kira’y son constantemente amenazadas por civiles armados pagados por Torales. El 28 de enero de 2025 fueron imputados/as trece pobladores/as del camino vecinal de la sexta línea Kira’y por el mismo fiscal. La imputación además incluía una solicitud de prisión preventiva. El 18 de febrero, comparecieron en una audiencia de imposición de medidas en la fiscalía de Santa Rosa del Aguaray, San Pedro, por el cargo de “invasión de inmueble ajeno”.
Sin embargo, esta imputación puede caer por su propio peso, con la fuerza de la organización campesina y el compromiso de la defensa. La defensa de esta población presentó un incidente de prejudicialidad y nulidad de imputación, y suspensión de la audiencia. Mientras tanto, Torales, quien se atribuye la propiedad de estas tierras, no presentó ningún título en la última audiencia donde tuvieron que comparecer las y los campesinos criminalizados. Queda en manos del fiscal la respuesta al incidente: el mismo tiene el deber de formular el motivo por el cual imputó a estas personas, si no tenían como respaldo para esta acción judicial el título de propiedad.
Esto podría abrir la posibilidad de un cierre a la causa judicial. Si bien se solicitó apoyo a las autoridades locales, no recibieron respuestas. La defensa está impulsando trámites administrativos ante el INDERT Central, ya que consideran que la solución a este conflicto debe ser gestionado por este ente estatal, y no por los juzgados ni las fiscalías.
La comisión de reforma agraria del Senado y algunos diputados, están acompañando la posibilidad de establecer diálogos con el INDERT, a partir de la coordinación de audiencias. Por otra parte, el Ministro de Agricultura y Ganadería (MAG) coordinó la instalación de una Mesa de Trabajo con el propio Presidente del INDERT en el Departamento de San Pedro, la cual se llevó adelante en la segunda semana de febrero. Se espera que este proceso pueda avanzar y, con ello, dar lugar a la regularización no solamente de Sexta Línea Kira’y, sino también de otros asentamientos.
Mientras tanto, de acuerdo a los pobladores y pobladoras, Torales tiene contacto con el diputado cartista Leonardo Sáiz, denunciado por malversación de fondos durante su gestión como intendente de Nueva Germania y sus vínculos con el negocio del narcotráfico; asimismo, cuenta con el respaldo de la intendenta de Gral. Resquín, Dolly Vera, y del fiscal y el juez -quien está recusado-. Por lo tanto, está utilizando el Poder Judicial para mantener estas tierras bajo su dominio de manera ilegítima.
Por otra parte, el Director Departamental del INDERT, Ing. Humberto Daniel Pereira, ha emitido el 16 de julio de 2023 Certificados de Ocupación justificando unas parcelas de 150 hectáreas de tierras del INDERT a favor de los familiares de Nilda Torales, quienes no residen ni ocupan el lugar, evidenciando una clara irregularidad en el proceso. Pereira ha sido denunciado por este hecho en la Dirección de Anticorrupción del INDERT, con lo cual, el 9 de marzo esta institución emitió un comunicado oficial informando la intervención de su oficina regional y la separación del cargo de Pereira debido a “graves denuncias sobre supuestos hechos de corrupción recibidos de diferentes organizaciones campesinas”.
Pese a ello, el fiscal José Alberto Godoy Blanco emitió el 10 de marzo una orden para que la policía escolte a los empleados de la agroempresaria, quienes intentan preparar el suelo y realizar otras labores en la propiedad pública que pretenden apropiarse. La comunidad en resistencia impidió que avanzara la comitiva policial. Esta situación ejemplifica cómo opera la criminalización hacia el campesinado, a partir de la cual el Estado es responsable de la violación de los derechos campesinos consagrados en la Constitución Nacional, con especial violencia hacia mujeres de edad avanzada y las infancias, de las comunidades y asentamientos reprimidos.
Los abogados de las familias campesinas están solicitando una auditoría a la Fiscalía General del Estado. Si bien Humberto Daniel Pereira, ha emitido el 16 de julio de 2023 Certificados de Ocupación justificando unas parcelas de 150 hectáreas de tierras del INDERT a favor de los familiares de Nilda Torales, quienes no residen ni ocupan el lugar éstos luchan con compromiso desde las instancias legales para obtener justicia, respaldados en los derechos consagrados en la Constitución Nacional, han recibido amenazas de imputación, en un escenario donde avanza la criminalización.
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