Violencia estatal contra comunidades campesinas e indígenas marca el inicio de 2025: contexto
El inicio de 2025 se ha caracterizado por un recrudecimiento alarmante de la violencia estatal contra las comunidades campesinas e indígenas, evidenciando tendencias estructurales que configuran el modelo de (mal) desarrollo paraguayo. Entre estas, destaca el acaparamiento de los sectores agroexportadores sobre los territorios de las comunidades que resisten al extractivismo. Estos sectores –históricos aliados del Estado y su aparato represivo– ejercen una influencia determinante en la protección de sus intereses económicos, violentando sistemáticamente derechos humanos de las poblaciones campesinas e indígenas.
INFORME ESPECIAL #75
PARTE I
Este informe está organizado en tres partes, no distintas, sino complementarias. En la parte I, un breve análisis del escenario político-social en el que se inscriben los hechos violentos contra las comunidades campesinas e indígenas, y se presenta un cuadro que resume las situaciones de criminalización de diciembre 2024 a febrero 2025. En la parte II, se describen 4 situaciones de desalojos violentos contra comunidades campesinas en los Departamentos de Canindeyú, San Pedro y Concepción. Y, por último, en la parte III se informa sobre otras situaciones de atropello y amenazas sobre las comunidades y una reflexión final en cuanto a la escalada de violencia de la que son víctimas las comunidades rurales en Paraguay.
Elementos que caracterizan al escenario altamente represivo
La represión histórica contra el campesinado y los pueblos indígenas se ha intensificado tras la aprobación de la Ley Nº 6830/2021, conocida como Ley “Zavala-Riera”. Esta ley, al modificar el artículo 142 del Código Penal, elevó a 10 años de pena privativa de libertad lo que se caratuló bajo el título de “invasión de inmuebles”. Con ello, las ocupaciones de tierra pasaron a ser consideradas como “crímenes” en el marco del código penal, tratando de anular la posibilidad de medidas alternativas a la prisión. Esta nueva legislación penal ha legitimado, en la práctica, el aumento de la agresividad policial en los procesos de desalojos, lo cual ha dejado a las comunidades en una situación de mayor indefensión.
Dicha legislación es anticonstitucional y contraviene el Estatuto Agrario (García e Irala, 2022)2. Este panorama represivo y de vulneración de derechos que enfrentan las comunidades campesinas e indígenas se ve agravado a partir del despliegue de algunos elementos clave. De acuerdo al abogado Isasi (2025), en primer lugar se encuentra la designación de Riera –uno de los principales promotores de la ley que criminaliza la lucha por la tierra– como ministro del Interior.
Esta designación revela una preocupante concentración de poder en manos de figuras políticas directamente vinculadas a la represión del derecho a la protesta de las comunidades campesinas e indígenas. En segundo lugar, la reciente modificación de la Carta Orgánica de la Policía, que le otorga autonomía para iniciar investigaciones sin supervisión fiscal, amplía significativamente las atribuciones de las fuerzas de seguridad (Isasi, 2025).
Al mismo tiempo, las instituciones del sistema de justicia –brazos ejecutores de este violento proceso represivo– se encuentran en el centro del debate político debido a la difusión de pruebas documentales que confirman la consabida articulación entre el crimen organizado, representantes del Partido de gobierno –la Asociación Nacional Republicana (ANR) o Partido Colorado– y las instituciones de los tres poderes del Estado.
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