Violencia estatal contra comunidades campesinas e indígenas marca el inicio de 2025: amenazas y persecusión
Los procesos violentos no solo se realizan con desalojos, también se diseñan para crear una situación de zozobra y miedo constante en las comunidades rurales, tanto indígenas y campesinas; en este contexto las personas hacen un gran esfuerzo para permanecer en sus territorios, entendiendo que la organización comunitaria es lo que les da la posibilidad de resistir las diversas formas de violencia de las que son víctimas, y que se relatan en los siguientes casos.
INFORME ESPECIAL #77
PARTE III
Atropello a la Comunidad Primero de Marzo, Joajú - Canindeyú
Pobladores y pobladoras del Asentamiento Primero de Marzo - Joajú, ubicado en el distrito Yvyrá Rovaná de Canindeyú, denuncian un continuo amedrentamiento por parte de la Policía Nacional, el Grupo Especial de Operaciones (GEO) junto al Servicio de Inteligencia del gobierno. Según informan, esta comitiva busca recaudar información sobre los domicilios de dirigentes, con la aparente intención de desalojarlos posteriormente, tal como ocurrió en los asentamientos Edilson Mercado y 15 de agosto de Yasy Cañy, del mismo departamento.
Primero de Marzo es un asentamiento campesino construido con esfuerzo durante 12 años. Cuenta con más de 2.000 hectáreas dedicadas a la producción agrícola y ganadera, caminos vecinales, agua corriente, electricidad, cuatro escuelas y diversas iglesias. La comisión ha realizado gestiones formales ante el INDERT (expediente 1144/12), el Congreso Nacional (solicitud de expropiación) y la Procuraduría General.
Este territorio conquistado para la reforma agraria, forma parte de las tierras malhabidas apropiadas ilegalmente por parte de la familia Bendlin. La comunidad Primero de Marzo, Joajú, denuncia que la empresa Perfecta de esta familia –así como la Agroganadera Pindó– beneficiaria de tierras públicas durante la dictadura, hoy se encuentran aliadas, incluso familiarmente, con Horacio Cartes.
Otros asentamientos que están sufriendo esta persecución en la zona son: 12 de Julio y Vy’a Rendá, así como 16 de Julio; Vaca retá está en riesgo también. Además, la violencia del Estado se recrudece en este departamento. El jueves 20 de febrero comunidades de la zona se movilizaron en contra de una amenaza de desalojo que había recibido el asentamiento San Miguel para ese día; y una amenaza de allanamiento de las personas que reocuparon las tierras de Edilson Mercado, tras el desalojo forzoso que este Asentamiento sufrió en enero.
Según las voces de los asentamientos, la diputada cartista Cristina Villalba se encontraría detrás de estos operativos represivos. La misma es señalada como aliada política del crimen organizado de ese departamento. Frente a ello, se conformó una coordinadora de asentamientos campesinos y comunidades indígenas de Canindeyú, como única alternativa para defender a las comunidades.
En ese marco se están organizando en grupos, asambleas y plenarias permanentes en las comunidades y entre los asentamientos. Se reunieron el domingo 23 de febrero, y luego se unieron al Jotopá Guasú del 1º de marzo en Liberación.
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