Transgénicos en Uruguay: Ante la duda, todo.

Monsanto metió presión. Pidió a Uruguay que se acepte el uso de un nuevo transgénico que solicitó hace seis años y que todavía no se aprobó. En una carta fechada el 6 de junio de 2016, dirigida al subsecretario del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (Mgap), Enzo Benech, y a la que accedió Brecha, la empresa solicitó que se convoque al Gabinete Nacional de Bioseguridad (Gnbio) para tratar “a la mayor brevedad posible” la liberación para producción y uso comercial del maíz en cuestión: el Mon 89034 x Mon 88017. Un maíz resistente al glifosato y al coleóptero Diabrotica speciosa. Hablando claro: un escarabajo a rayas verdes y amarillas. La empresa dice, palabras más palabras menos, que no quiere ser “nuevamente perjudicada perdiendo un año más” frente a sus competidores comerciales. Según Monsanto, sus clientes también serían “privados de acceder a la tecnología e híbridos de nueva generación”.

Lo cierto es que un proceso que estaba parado hace al menos cuatro años ahora se aceleró. Un mes después de enviada la carta, el 6 de julio, el expediente se reactivó y salió a buscar las firmas de los ministros encargados de aprobarlo. Y ya consiguió cuatro de ellas en seis.

DESEMPATE. Incluidos en el Gabinete de Bioseguridad, encargado de aprobar la incorporación de nuevos transgénicos en Uruguay, hay cuatro ministerios favorables a la liberación de esta nueva semilla transgénica; dos se oponen. Alineados tras la postura del Mgap están Economía, Industria y Relaciones Exteriores; en contra Salud y Medio Ambiente. Este nuevo escenario se abre tras la designación de Rodolfo Nin Novoa como canciller, quien a diferencia de su antecesor, Luis Almagro, se ha mostrado favorable a la liberación de este organismo genéticamente modificado (Ogm) que Monsanto ya consiguió aprobar en Argentina, Brasil y Paraguay. Según publicó Brecha (7-XII-12), en su momento Almagro se mostró explícitamente en contra, firmando una carta enviada al subsecretario del Mgap en la que aseguró que la información manejada para liberar nuevos eventos transgénicos era pobre, y que en ese contexto no firmaría nuevas liberaciones. Hasta la irrupción de Nin, la postura de Almagro mantenía una especie de empate tres a tres entre los ministerios.

Las diferencias en torno a la aprobación de este evento desnudan el problema de fondo: las diferentes visiones acerca de los costos del modelo del agronegocio en el seno del gobierno.

RIESGOS. Brecha accedió al informe que recoge las posturas a favor y en contra de liberar este maíz transgénico, y las recomendaciones en las que se basan los ministros del gabinete a la hora de tomar la decisión. En el documento, el Ministerio de Salud Pública (Msp), que se opone a la aprobación, dice que “la población se expondría a un riesgo innecesario”, teniendo en cuenta que “la información evaluada identifica posibles riesgos de alergenicidad y diferencias en la composición nutricional”. El Msp dice en el documento haber realizado “una revisión científica exhaustiva, evaluando artículos actualizados(…) con investigaciones y estudios independientes”,1 mientras que “la mayoría de los estudios presentados por la empresa Monsanto no cumplieron con los protocolos y criterios de buenas prácticas de laboratorio, lo que de por sí inhabilitaría a la consideración de dicho evento”. A su vez, denuncia que el 75 por ciento de dichos estudios datan de más de diez años atrás, siendo “en su gran mayoría financiados por la propia empresa”.

Por su parte, el Ministerio de Vivienda, Organización Territorial y Medio Ambiente (Mvotma) considera que la liberación de este Ogm en el ambiente “ingresa un factor de riesgo innecesario”, en la medida en que “este organismo (el Diabrotica) no constituye una plaga en Uruguay” y además se “pueden generar efectos no deseados a partir de alteraciones en las dinámicas comunitarias y poblacionales de las especies de coleópteros”. En este sentido, un informe del Instituto Nacional de Investigación (Inia), de 2012, reafirma que el Diabrotica no es plaga y recomienda “no tomar medidas de control”. Y agrega: “No es conveniente introducir al ambiente una molécula activa biológicamente sin una justificación clara desde el punto de vista agronómico que amerite su integración en el ambiente agroecológico del cultivo”.

El Mvotma agrega también el aspecto económico, afirmando que no se justifica la liberación en la medida en que “este evento es resistente a una especie que no causa un daño económico significativo en la producción de maíz”. Y citando un informe de la Oficina de Programación y Política Agropecuaria (Opypa) del Mgap dice: “No existe beneficio económico en la baja de los costos de producción ni beneficio por el peso de la balanza comercial, ya que el maíz no ha representado más del 0,5 por ciento del valor de las exportaciones en la última década”. Los escuetos argumentos a favor, resumidos en cuatro puntos del informe, se reducen a citar la postura de la repartición Evaluación de Riesgo en Bioseguridad (ERB)2 y la defensa del “Uruguay productivo” e innovador.

Una salvedad: quien analiza los informes que envían las instituciones consultadas en el proceso de aprobación es la ERB. A pesar de las advertencias presentadas por el Msp, aquélla concluyó que “no se identifica ni caracteriza un riesgo específico asociado a la salud humana y/o animal”. Y lo mismo ocurre con los argumentos presentados por el Mvotma: “La ERB analizó los informes realizados (…) y no se detectan factores de riesgo significativos respecto de la seguridad ambiental”. Según supo Brecha, la ERB está integrada por una sola persona: la ingeniera agrónoma Alejandra Ferenczi, funcionaria del Ministerio de Ganadería.

1) El Msp presentó estudios independientes de toxicidad, inmunogenicidad y alergenicidad que alertan sobre riesgos en la salud y prueban que la toxina-proteína Cry (incorporada genéticamente al maíz) afecta a la población expuesta: los estudios evidencian la presencia de la toxina en la sangre de mujeres embarazadas, fetos y animales de experimentación.

2) Entre las responsabilidades de la Evaluación de Riesgo en Bioseguridad (Erb), estructura de carácter técnico-científico creada en 2008, está el diseño de protocolos de evaluación de riesgo para el ambiente, la salud humana, animal y vegetal, identificar capacidades nacionales y regionales, así como asegurar el trabajo en red de los investigadores.

Las recomendaciones de la UDELAR en 2012

Te lo advertí

Docentes de la Udelar fueron convocados desde 2009 para la evaluación de los nuevos eventos transgénicos (Ogm) que se introducirían en el país. Junto a otros organismos estuvieron a cargo de estudiar la documentación presentada por las empresas interesadas, y hacer recomendaciones al Comité de Articulación Interinstitucional (Cai) del Gabinete de Bioseguridad. Pero en 2012 la Udelar retiró a su delegación.

Como argumentos más relevantes para ello, la Udelar planteó en una carta al Comité Directivo Central (CDC) la necesidad de financiar ensayos de eficacia para investigar antes de autorizar cada Ogm, realizar la experimentación correspondiente e instalar un sistema de laboratorios para conocer el impacto de importar y usar nuevas plantas genéticamente modificadas en el país. Se necesitaba un plan de monitoreo a la altura de las circunstancias, dijeron (“consideramos altamente insuficiente el proceso actual” de aprobación de Ogm, entre otras cosas “por no ofrecer las garantías de vigilancia tecnológica apropiada”).

La falta de recursos humanos especializados en bioseguridad fue otra gran limitante, tanto en los grupos de investigación como en los tomadores de decisiones, apuntaron los docentes.

La utilización de cada nuevo vegetal transgénico implica la aceptación de todo el paquete tecnológico correspondiente, y el estudio de ese impacto ambiental y sanitario en Uruguay debía tener un presupuesto específico.

“Cada aprobación implicaba dar luz verde a un sistema de producción sin ningún tipo de control”, resumió a Brecha la docente Clara Pritsch, coordinadora del grupo de trabajo universitario. Y agregó: “En 2012, cada vez que aceptábamos algo, en realidad le estábamos poniendo la firma a todo lo demás, lo que implicaba que ese sistema productivo intensivo se cumpliera. No veíamos que estuviera presente una institucionalidad monitoreando para analizar qué implicaba en cada región en particular. Esa carta hacía un llamado de atención sobre todo lo que estaba faltando”.

ESE MAÍZ. En ese entonces, la delegación de la Udelar elaboró un documento con un título contundente: “Argumentación: mantenimiento de negativa a la liberación comercial del maíz portador de la acumulación de eventos Mon 89034 x Mon 88017”. Insistió en “no alentar la aprobación de este tipo de eventos, siguiendo el principio de precaución, dado el poco beneficio percibido y mayor nivel de riesgo”. Este principio está consagrado en la Conferencia de la Onu sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo en su declaración de Rio de Janeiro de 1992.

Allí mencionaban al menos tres objeciones concretas a la liberación comercial de este nuevo maíz transgénico. Primero: “la especie fitófaga para la cual este material genético aporta resistencia no está citada como plaga de este cultivo en el país, esto es, no hay referencias que indiquen daños incidentes a nivel económico”. Segundo: “sería innecesario e inapropiado correr el riesgo de afectar los balances de las especies benéficas del ecosistema de maíz, insertando un cultivar cuyo aporte productivo sería la protección hacia una especie que no es plaga y que no requiere, hasta el momento, la aplicación de insecticidas”.Tercero y último: “el criterio que se ha hecho primar es el de la precaución: no aporta beneficios y, como todo vegetal que incorpora proteínas con acción insecticida, tiene riesgos desconocidos”.

Los argumentos que manejaba la Udelar hace cuatro años son los mismos que manejan hoy los ministerios que se oponen.

Por MARCELO AGUILAR y TANIA FERREIRA

9 de septiembre, 2016

Fuente: Semanario Brecha