Propuesta de decreto supremo abriría la puerta a la pesca ilegal en áreas protegidas

De acuerdo con abogados y expertos en materia pesquera consultados por Mongabay Latam, el proyecto que busca modificar el Reglamento de la Ley General de Pesca abre la puerta a la pesca ilegal en áreas naturales protegidas y deja en letra muerta las sanciones que se iniciaron el año pasado en contra de 11 empresas por pescar al interior de la Reserva Nacional de Paracas. Las multas que quedarían sin pagar de aprobarse el proyecto suman más de 12 millones de soles (más de 3 millones de dólares).

Las modificaciones que plantea el proyecto podrían pasar desapercibidas para un ojo no experto dado que se trata, principalmente, de reemplazos en ciertos términos como “área prohibida” por “zona no permitida”. Los cambios, sin embargo, no pasaron inadvertidos entre las organizaciones de la sociedad civil que enviaron sus comentarios al Ministerio de la Producción argumentando su rechazo a la propuesta. Así también lo hicieron más de 20 exministros y ex viceministros, quienes desaprobaron en un comunicado “la pretensión del Ministerio de Producción de debilitar la protección de las áreas naturales protegidas”.

La resolución del Produce, como se llama al Ministerio, que plantea el proyecto de decreto supremo llega luego de una serie de acciones judiciales y administrativas emprendidas por la Sociedad Nacional de Pesquerías (SNP)—que reúne a empresas de extracción de recursos pesqueros, principalmente anchovetas para la producción de harina y aceite de pescado— para que se le autorice operar al interior de la Reserva Nacional de Paracas.

Aunque hasta ahora no se ha podido comprobar la influencia de la SNP en la propuesta, para el abogado César Ipenza “es claro que todo no es casual, las distintas acciones tienen un objetivo claro, más aún cuando hay ya evidencia de la corrupción dentro de Produce”, dijo en referencia a la reciente  denuncia que involucra al congresista Darwin Espinoza, quien habría utilizado su posición para beneficiar a empresarios pesqueros. Una acusación de la cual el parlamentario se ha defendido asegurando que las evidencias presentadas carecen de fundamentos sólidos.

Los detalles de la propuesta

En Perú, la pesca industrial al interior de las áreas protegidas, cualquiera sea su nivel de protección, está prohibida desde 2001 por el reglamento de la ley de áreas naturales protegidas. Sin embargo, quien es competente para sancionar cualquier actividad ilegal de pesca es el Ministerio de la Producción.

Esto es así, explica Carmen Heck, directora de Políticas de Oceana Perú, porque la principal herramienta para determinar dónde pescó una embarcación es el sistema de seguimiento satelital y quien tiene a cargo ese sistema es el Ministerio de la Producción.

Esa facultad, que recae en el Produce y no en el Ministerio del Ambiente o el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP), es clave para entender el problema.

En línea con la prohibición establecida en el reglamento de áreas naturales protegidas, la Ley General de Pesca establece que está prohibido extraer recursos en áreas reservadas o prohibidas. Así mismo, en base a esa prohibición, el Reglamento General de Pesca, que establece las reglas para hacer cumplir la ley, tipifica como infracción extraer recursos hidrobiológicos en áreas reservadas, prohibidas o en zonas de pesca suspendidas por el Ministerio de la Producción. Pero el controvertido proyecto propone modificar esos términos en el reglamento indicando que lo que está prohibido ya no es extraer recursos en áreas reservadas o prohibidas, sino hacerlo en áreas no permitidas o en zonas de pesca suspendidas por el Ministerio de la Producción.

La diferencia entre áreas reservadas o prohibidas y áreas no permitidas es lo que podría cambiar radicalmente las reglas al interior de las áreas naturales protegidas.

Para un ojo no experto en el tema, área prohibida y área no permitida podría parecer lo mismo, dice Heck. Sin embargo, hay dos puntos importantes a considerar, asegura. En primer lugar, la ley habla de “prohibidas” y “el reglamento no puede cambiar los términos porque el reglamento tiene que seguir lo que dice la ley”. Pero lo principal tiene que ver con la definición que se propone de áreas no permitidas.

El proyecto del Produce define las áreas no permitidas como espacios geográficos determinados por ley o por las medidas de ordenamiento aprobadas por el Ministerio de la Producción. El problema es que en Perú las áreas protegidas se establecen por Decreto Supremo del Ministerio del Ambiente y no por ley, explica César Ipenza. De aceptarse la propuesta, las áreas marinas protegidas como, por ejemplo, la Reserva Nacional de Paracas, quedarían expuestas a la pesca industrial porque no entrarían en la categoría de áreas no permitidas.

“Pasas de decir vamos a sancionar cualquier infracción por pesca en un área donde se haya prohibido pescar —ya sea por nosotros (el Produce), una norma del sector Ambiente o la autoridad que lo haya hecho, porque somos un mismo Estado— a decir yo sólo voy a sancionar si la zona ha sido restringida a la pesca por una ley del Congreso o por mí, dejando claramente afuera la prohibición de pescar de manera industrial en áreas protegidas que está recogida en un reglamento que no es del Ministerio de la Producción”, explica Heck.

“Este cambio abriría la posibilidad de que la pesca industrial dentro de las Áreas Naturales Protegidas no sea sancionada”, aún cuando está prohibida desde 2001, concluyen los ex ministros y ex viceministros que enviaron un comunicado expresando su rechazo a la propuesta.

Según Ipenza, el proyecto del Produce “tiene visos de ilegalidad porque plantea cosas que van en contra del marco jurídico”. Por lo mismo, “si una autoridad está aprobando esta norma y facilita la comisión de delitos ambientales, en este caso la pesca ilegal, quien lo aprueba o quien lo promueve tendría responsabilidades administrativas y penales”, asegura.

Los movimientos de la SNP

Los abogados plantean que, de aprobarse, esta modificación también tendría un impacto directo en las 99 sanciones ya impuestas a 11 empresas, de las cuales ocho son parte de la Sociedad Nacional de Pesquería, y que a la fecha se encuentran impugnadas. Aseguran que al ya no ser considerada una infracción la pesca al interior de las áreas naturales protegidas, se podrían dejar sin efecto las multas quedando estos casos impunes.

En octubre de 2023, la SNP le pidió al Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Sernanp) que le permita pescar a nivel industrial en la reserva. Ante la negativa,  la SNP demandó judicialmente al Sernanp a inicios de enero de 2024, pero fue rechazada por la Corte Superior de Justicia. En respuesta al fallo, la SNP insistió, esta vez ante el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), para que declare a la prohibición que impide pescar a mayor escala en áreas protegidas como una “barrera burocrática ilegal y/o carente de razonabilidad”.

Actualmente, la demanda ante el Poder Judicial se encuentra en apelación en la Corte Suprema y el proceso en el Indecopi está suspendido mientras no haya una decisión de la Corte.

Aunque no se ha demostrado la influencia de la SNP en el proyecto del Produce, “llama la atención que una propuesta de este tipo se haga en el contexto actual donde no solamente hay 99 multas pendientes de ser ejecutadas, sino que acciones judiciales iniciadas”, dice Heck.

Ipenza, por su parte, sostiene que “es obvio que hay una intención”. “Hemos visto como cierto sector privado ha venido presionando para permitir pesca industrial en áreas protegidas y evitar cualquier sanción por la pesca ilegal realizada en la Reserva Nacional Paracas”, resalta.

En julio de 2024, la Comisión Permanente ordenó reducir en 80 % las multas que fueron impuestas a las empresas pesqueras por  pescar ilegalmente en Paracas. “Lamentablemente la Sociedad Nacional de Pesquería tiene mucho poder dentro de las instituciones del Estado”, dice José Hernández Mundini, quien es miembro del Comité Ejecutivo de la Reserva Nacional de Paracas, instancia que tiene entre sus funciones elaborar los planes maestros del área protegida. “Nosotros lo que siempre hemos presumido es que quienes manejan los hilos del Ministerio de la Producción son la Sociedad Nacional de Pesquería y ahora con esta actitud del ministro de la producción a nosotros ya nos deja la certeza de que es así”.

Consultada al respecto, el presidente del Consejo Directivo de la Sociedad Nacional de Pesquería, Eduardo Ferreyros, dijo a Mongabay Latam que “desde la SNP respetamos plenamente la independencia de todas las instituciones y la normativa vigente. Este es un asunto que, de acuerdo con el ordenamiento jurídico vigente, corresponde ser gestionado por el Ministerio del Ambiente (Minam), como entidad competente en el tema”

Lo que sigue es que el Produce evalúe los comentarios recibidos. “Esperamos que puedan corregir el proyecto porque el impacto que esto tendría en la conservación de las áreas naturales protegidas es grave”, sostuvo Heck.

Así lo han expresado también pescadores y científicos desde que la SNP inició sus movimientos para intentar acceder a la reserva.

“La pesca industrial iría en desmedro de muchas poblaciones de aves marinas en particular y, seguramente, de otras especies animales que se alimentan de la anchoveta (que es el recurso que pescan las empresas de la SNP)”,  aseguró Carlos Zavalaga, director de la unidad de investigación de ecosistemas marinos del grupo de aves marinas de la Universidad Científica del Sur.

El experto, quien junto al equipo de científicos que dirige viene desarrollando investigaciones en relación a las aves marinas y su medio ambiente en la reserva de Paracas, señala que los resultados son contundentes para asegurar que la competencia por el mismo stock de alimento sería perjudicial para las aves puesto que habría menos comida para ellas, haciendo que las poblaciones se mantengan limitadas y no crezcan.

“No queremos intromisión aquí de esa pesca porque toda la Reserva de Paracas se alimenta de la anchoveta, es la célula”,  dijo Carmen Arenas, coordinadora del Comité de Gestión de la Reserva Nacional de Paracas.

Mongabay Latam envió preguntas al Produce, sin embargo, hasta la publicación de esta nota el Ministerio no envió respuestas.

Fuente: Mongabay