¿Por qué la CUT en Chile no se pronuncia contra el TPP?

El Acuerdo Transpacífico (TPP) está conformado por una serie de cláusulas elaboradas en completo secreto y bajo los dictados de representantes empresariales, sin que la población ni los congresistas de cada Estado adscrito pudieran conocer su contenido mientras se preparaba. La razón de ello se explica por el propósito del TPP de sofisticar el control de las empresas sobre la política de las naciones y, así, maximizar sus ganancias a costa de la anulación de garantías sociales. La vocera de la Plataforma Chile Mejor sin TPP, Lucía Sepúlveda Ruiz, y la diputada Clemira Pacheco expusieron en la conferencia “El Impacto en el Ordenamiento Jurídico y Derecho Laboral del TPP en Chile”, organizada por la Asociación Nacional de Empleados del Poder Judicial, Regional Concepción – Arauco, llevada a cabo este lunes en dependencias de los Tribunales de Justicia.

Hasta ahora, el TPP no está aprobado. En el Congreso se decidirá su entrada en vigor, por ello las organizaciones, alertadas sobre las graves consecuencias que implicaría su aprobación, han trabajado en informar a la población e interpelado a Diputados y Senadores sobre su apoyo o rechazo a este nefasto Acuerdo. Y así fue que a Clemira Pacheco se le consultó si votará contra el TPP, a lo cuál respondió que sí, lo rechazará.

Por su parte, Lucía Sepúlveda hizo una revisión de las repercusiones de la posible implementación del TPP, entre las cuales está la anulación de los beneficios de la Ley Ricarte Soto, en tanto, los productos farmacéuticos biológicos, utilizados en tratamientos de enfermedades oncológicas e inmunológicas, tendrán tres años más de “protección de datos”. Esto significa que, si en Chile entra en vigor este Acuerdo, los laboratorios fabricantes de estos productos llegarán a tener 8 años de exclusividad para su elaboración y, de ese modo, imponer el costo de ellos. Ante esta situación, el propio Ministerio de Salud, calculó que:

“cada año adicional de protección de datos generará una pérdida anual de 770 millones de dólares, lo que equivale a 540 mil millones de pesos, es decir, se podrían financiar anualmente más de 5 Fondos de Tratamiento de Alto Costo por cada año de extensión de protección de datos”.

Si se considera que la Ley 20.850, conocida como Ricarte Soto, contempla la creación de solo un Fondo de Tratamiento de Alto Costo, se puede concluir que los efectos de ésta quedarán anulados en el caso de la aprobación del TPP.

Otra situación preocupante es la obligación de cualquier Estado adherente al TPP de suscribir el Convenio UPOV 91, el cual impone a los Estados el establecimiento de normas destinadas a la privatización de variedades vegetales que tengan cualidades absolutamente equívocas, permitiendo a empresas controlar su uso, solo mediante la ejecución de trámites. Si una empresa o persona natural se constituye como “obtentor” de una variedad vegetal puede imponer diversas condiciones a quienes utilicen ejemplares de ésta o alguna de sus partes, como las semillas. El pago por el uso de ejemplares de las variedades vegetales “protegidas” por el obtentor es una de las condiciones más usadas, causando el encarecimiento de los productos vegetales, por los cuales habrá que pagar para reproducir, y la criminalización de quienes continúen cultivando variedades asignadas a un obtentor sin someterse a sus condiciones, pues el Estado se obliga a vigilar y sancionar las prácticas contravenidoras al Convenio.

También ha generado gran alarma pública el compromiso que adquiriría el Estado a someterse a los Sistemas de Arbitraje de Diferencias Inversor-Estado, donde una empresa puede concurrir para exigir al Estado el resarcimiento de lo que considere pérdidas provocadas por alguna medida o situación ocurrida en el territorio bajo su jurisdicción. Esta obligación preocupa a diversos sectores, en tanto los Sistemas de Arbitraje registran laudos [fallos], en su mayoría, favorables a las empresas. Por ejemplo, en el caso de uno de los Sistemas más utilizados a nivel mundial, el CIADI [Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones], se registra que un 74% de sus laudos han dado razón total o parcialmente a las reclamaciones de las empresas litigantes. En un 25%, el CIADI ha declinado ejercer jurisdicción y sólo en el 1% de los laudos ha declarado que las reclamaciones carecen de mérito jurídico para considerarlas válidas.

El perverso modo en que operan estos Sistemas de Arbitraje ha sido reconocido incluso por un funcionario del CIADI, el español Juan Fernández-Armesto, quien ha afirmado:

“Cuando me despierto por la noche y pienso en el arbitraje, nunca deja de sorprenderme que Estados soberanos hayan aceptado el arbitraje de inversiones […]. A tres particulares se les concede el poder de revisar, sin ningún tipo de restricción o procedimiento de apelación, todas las acciones del Gobierno, todas las decisiones de los tribunales y todas las leyes y reglamentos que emanan del Parlamento”.

Luego de su exposición, Lucía Sepúlveda conversó con Resumen y contestó nuestras consultas.

Cuando se estaba negociando el TPP, ni los diputados ni los senadores estaban en conocimiento de las tratativas. ¿Cómo han hecho para sumar algunos de ellos a la oposición del TPP?

El mismo grado de secretismo que hubo con las organizaciones sociales, lo hubo con el parlamento chileno. Al principio, cuando nos encontrábamos con parlamentarios y les preguntábamos [sobre su posición] respecto al TPP, decían “es que no sé nada”, y lo que sabíamos nosotros era lo publicado por WikiLeaks. Entonces, cuando en febrero [de 2016] se publicó el texto oficial, ya no podían seguir diciendo que no sabían nada.

Nuestra estrategia es cazarlos en sus territorios para obligarlos a definirse. En los momentos en que los parlamentarios van a juntarse con sus votantes es donde hay que encontrarlos y preguntarles cuál es su definición y cómo van a votar, porque el proyecto se viene ya. Nos han dicho que ingresará [el 30 de noviembre] por la Cámara de Diputados y, afortunadamente, hoy tuvimos la definición de Clemira Pacheco de votar en contra.

Necesitamos que la gente, que se encuentra con sus parlamentarios, los haga hablar y los grabe, ojalá hagan un video cortito. Es necesario que les hagamos ver a quienes votan a favor que no les va salir gratis, que van a ser funados en sus territorios, denostados en las redes sociales, vamos a tener una política de acoso con ellos, porque estarían poniéndose en contra de los intereses de todos los chilenos y chilenas…

Esta conferencia fue organizada por la Asociación de Empleados del Poder Judicial. ¿Cómo afectaría la implementación del TPP en el ámbito laboral?

El TPP ni siquiera menciona la palabra sindicato. Hay un capítulo que se llama “derechos laborales” que es un capítulo declarativo, no obliga a los Estados a nada. Forma un comité para evaluar si hay alguna vulneración de derecho, pero [en él] no participan sindicatos. Es un comité de buena voluntad, formado con representantes del Estado y de empresas, sin decir quién a nombre de los trabajadores.

[El TPP] dice que acepta las 8 normas de OIT, pero no se pronuncia respecto a las normas técnicas que concretizan esos principios generales. Éstas tienen que ver con cuestiones fundamentales como la protección de los trabajadores en labores con efectos tóxicos, el derecho a las embarazadas a no ser despedidas, el seguro a cesantía, en fin, cuestiones que ya forman parte de las conquistas sindicales. Las centrales sindicales norteamericanas se han pronunciado en contra del TPP y las centrales europeas se han opuesto al TTIP, que tiene un capítulo calcado a éste… Y acá, la CUT no ha dicho nada. Curiosamente, dice que está en contra de todos los tratados, pero respecto a éste no se ha pronunciado.

¿Por qué el TPP funcionaría como un candado, obstaculizando la transformación del sistema previsional?

Este Tratado promueve que se mantenga el actual estado de las cosas que permite, en el caso de la previsión, que los fondos de los trabajadores sean administrados por corporaciones con sedes en otros países. En el caso de Cuprum y de Provida, por ejemplo, sus capitales son controlados por empresas norteamericanas y si el Congreso accediera a elaborar una legislación que asegure una verdadera previsión social, estas AFP podrían apelar a aquel punto del TPP que indica que, si ven afectados sus niveles de ganancia pueden demandar al Estado chileno [ante los Sistemas de Arbitraje de Diferencias Inversor-Estado]. Entonces, puede que la negativa a transformar el sistema previsional se deba a un “efecto TPP”, un efecto TPP en las AFP.

Fuente: Mapuexpress