Para-reforma agraria y conflicto por la tierra en Colombia

María de Estrada – Universidad del Mar del Plata
Diogo Lima – UFF de Brasil
Valeria Ysunza – Universidad Autónoma de México
Agencia Prensa Rural

El acto de producir implica la producción de espacio. Los modos en que se organizan las fuerzas productivas, en que se articulan los diferentes eslabones quedan allí, plasmados en el territorio. El espacio es modificado por y para la producción y en forma simultánea modifica a la misma, que no se lleva adelante sobre el vacío sino que sucede en territorios reales que a lo largo de su historia se han ido configurando y reconfigurando al ritmo de la articulación del desarrollo desigual de las fuerzas productivas.

El territorio es poder. Frente a las modernas teorías que pregonan la globalización como un proceso donde el espacio pierde importancia frente a la virtualización de la realidad, la velocidad de los medios de comunicación y el desarrollo tecnológico; en la actualidad la lucha por la apropiación del territorio, de sus recursos naturales, se mantiene en plena vigencia, con evidencias incontrastables como la invasión a Irak para apropiarse del petróleo o el Plan Colombia.

En este contexto la geografía se revaloriza, constituyéndose como una herramienta fundamental para los análisis territoriales, análisis de las pujas de poder que luchan en y por el espacio. La geografía desde su inicio ha estado al servicio de los grupos de poder. Surgió de la mano del Estado moderno para inventariar y cuantificar los recursos existentes en cada territorio y de esta forma ponerle fronteras y apropiárselos.
En la actualidad existen numerosas corrientes dentro de esta ciencia que se han opuesto a esta tradición positivista y que la han criticado desde los más diversos ángulos. Muchos de nuestros profesores, de los teóricos de los que aprendimos constituyen estas filas, y sobre esta base nos hemos formado.

Hoy, es nuestra responsabilidad, en el contexto actual de crisis, de hambre, de miseria, de desigualdad en América Latina, superar su construcción. Es un deber que como generación tenemos: pasar a una nueva geografía, la geografía de la acción.

Mientras los Estados y los centros de poder intentan apropiarse de los espacios e incorporarlos de modo funcional al sistema, existen múltiples actores, movimientos sociales que cotidianamente construyen un territorio alternativo, reconfigurando el espacio con lógicas que exceden a las del poder. Esta geografía de la acción, geografía desde abajo, debe ser útil al “desordenamiento territorial”, que desestructure las lógicas naturalizadas para dar lugar a nuevos espacios, posibles y necesarios, donde las relaciones de producción y las relaciones entre las personas se construyan de otro modo.

A lo largo de la historia de América Latina, uno de los ejes vertebradores del conflicto ha sido la lucha por la apropiación de la tierra. Desde la invasión de los europeos al continente, la desarticulación de la organización del espacio preexistente, de las relaciones de producción alternativas ha sido una de las estratégias fundantes. Este conflicto se sostiene y se renueva hasta la actualidad a lo largo y a lo ancho de nuestro continente generando la miseria y muerte de miles de personas.

En Colombia, desde la década del 40 hasta la actualidad se vive un inmenso y complejo conflicto por la apropiación del territorio, en el que la trama de actores, sectores y bloques involucrados, combinada con la sistemática “desinformación” generada por los medios, hacen que el conflicto aparezca como un caso especial, con escasas relaciones con la situación del resto del continente.

Se intenta reducir los acontecimientos a un enfrentamiento entre el Estado colombiano, “guerrillas asociadas al narcotráfico” y algún que otro paramilitar, sin profundizar en las causas, los sectores involucrados, los recursos naturales en pugna e ignorando por completo a quienes habitan, quienes trabajan, quienes viven en estas tierras: los campesinos.

La región conocida como Magdalena Medio es una de las zonas más conflictivas del país. Allí “conviven” las FARC ( Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) y el ELN (Ejército de Liberación Nacional), que controlan gran parte del territorio; las Fuerzas Armadas, numerosos escuadrones paramilitares denominados AUC (Autodefensas Unidas de Colombia) y cerca de 30.000 campesinos, que pese a ser muchas veces olvidados, se encuentran cada vez más solidamente organizados en la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra (ACVC).

Históricamente, estas tierras forman parte de la zona de colonización, un territorio donde muchos campesinos se han asentado tras ser expulsados de otras regiones por la violencia, por la constante concentración de la tenencia de la tierra que genera que la mano de obra deba migrar hacia las ciudades mientras las tierras se concentran en poder de sectores de la oligarquía que practican ganadería extensiva. Durante la década de los 60, aquí se cultivaba mayormente arroz y se extraían maderas, luego en los 70 se introdujo a la región el cultivo de marihuana para su uso ilegal, plantaciones que fueron fumigadas hasta se logró llevar el cultivo hacia los Estados Unidos, donde se mantiene en la actualidad como una importante actividad económica en estados como el de California. En los 80, ligado a la represión sobre los cultivos en Bolivia y Perú, las plantaciones de hoja de coca se extendieron a Colombia. Se inicia el proceso de la compra masiva de inmensas extensiones de tierras por grupos de narcotraficantes que utilizaron el campo para el lavado de las inmensas ganancias que estaban obteniendo, dando inicio a la actual configuración del espacio.

Estas tierras poseen, tanto en superficie como en el subsuelo, riquísimos recursos naturales: madera, fuentes de água, biodiversidad, oro, hierro, petróleo, uranio, entre tantos otros. Es por esto que esta área suscita el interés de numerosos grupos de poder, que van desde grandes terratenientes ligados al narcotráfico hasta inmensas multinacionales como la AngloGold Ashanti Mines, por apropiarse de los recursos.

Gracias a la ACVC pudimos llegar a la zona 8 estudiantes de geografía de Venezuela, México, Brasil y Argentina, con el objetivo de conocer la situación, dialogar con los campesinos y poder observar directamente lo que acontece en este lugar mediante un trabajo de campo en equipo.

Por encima de todos los aspectos mediáticos del conflicto colombiano, la parte que más lo sufre, los que son realmente atacados y que ven sistemáticamente violados los derechos más esenciales del ser humano, son los campesinos. En esta brutal estrategia para apropiarse de sus tierras, el Estado colombiano, de la mano de los Estados Unidos por medio del Plan Colombia y de las fuerzas paramilitares, que se entremezclan y confunden con el propio ejército, utilizan las herramientas más siniestras para lograr su objetivo: desapariciones y asesinatos de campesinos en forma constante, quema de escuelas y poblados enteros, fumigaciones, bloqueo económico y sanitario, entre tantas otras.

La producción de los campesinos consta básicamente de dos componentes: el “pancoger”: cultivos de subsistencia como la yuca, el plátano, el maíz o el arroz para los que no existen posibilidades de comercialización debido a los altos costos de transporte hacia los mercados (que debe realizarse a mula o en embarcación) y el bajo precio de los mismos; y el cultivo de la hoja de coca. Si bien todos los campesinos son conscientes de los problemas que apareja este cultivo de uso ilícito (ya que ilícito es el uso que se le da y no la coca en sí), también tienen en claro que es la única forma posible de obtener dinero para adquirir todo aquello que no pueden producir por sí mismos. Son los mismos campesinos quienes “fabrican” la pasta base que es vendida en los poblados más importantes para su cristalización y posterior incorporación al circuito comercial. Muchas veces este eslabón es controlado por los mismos grupos paramilitares que se encuentran inmiscuidos en el narcotráfico. A su vez, la guerrilla cobra un impuesto de unos US$ 100 por cada kilogramo de pasta base, a los campesinos de la zona, quienes en general aceptan esto sin problemas, ya que tanto las FARC como el ELN tienen una buena relación con los productores, quienes se sienten apoyados, protegidos por estas fuerzas, que tienen al campesino como una de las bases de reivindicación y lucha.

Con la supuesta intención de enfrentar al narcotráfico, esta área recibe las consecuencias de la aplicación del Plan Colombia, herramienta base de los Estados Unidos para llevar a cabo la militarización de América latina y permitir así, tanto la aplicación de las políticas neoliberales en todo el territorio, como el control de los riquísimos recursos naturales del continente. Este Plan ha dejado como saldo hasta el momento más de 10 mil asesinatos en los últimos 10 años. • 2 mil dirigentes sindicales asesinados en los últimos 4 años. • 2 millones 500 mil desplazados internos y decenas de miles de refugiados. El plan Colombia cuenta con • 180 000 militares. • 120 000 policías. • 600 000 retirados de las fuerzas armadas (empresas de seguridad). • 10 000 paramilitares. • 100 000 reservistas (llamados por Uribe). • 20 000 nuevos paramilitares. • 1 millón de informantes ("sapos") a ser reclutados.

Álvaro Uribe, actual presidente del país, íntimamente vinculado al paramilitarismo (su padre fue asesinado por las FARC) y repsonsable directo del genocidio que se está cometiendo en Magdalena Medio y en todo Colombia, permite que se continúe con la fumigación incesante de estas tierras. Constantemente sobrevuelan el área aviones que antes de lanzar el glifosato sobre la floresta, ametrallan la zona a mansalva, con el supuesto y ya trillado pretexto de “combatir al terrorismo”, repartiendo lluvias de balas de plomo directamente sobre la población, sobre los niños, hombres y mujeres que están es sus campos, en sus casas. Después de esto, continúan fumigando las tierras con glifosato (Roundup), agroquímicos de amplio espectro, producidos por las multinacionales norteamericanas Dow Chemical y Monsanto que tienen el monopolio de sus ventas. Recientes estudios toxicológicos conducidos por instituciones científicas independientes parecen indicar que el glifosato ha sido erróneamente calificado como "toxicológicamente benigno". Según afirma el Dr. Jorge Kaczewer, de la Universidad Nacional de Buenos Aires: “los que inicialmente realizaron en EE.UU. los estudios toxicológicos requeridos oficialmente para el registro y aprobación de este herbicida, han sido procesados legalmente por el delito de prácticas fraudulentas tales como falsificación rutinaria de datos y omisión de informes sobre incontables defunciones de ratas y cobayos, falsificación de estudios mediante alteración de anotaciones de registros de laboratorio y manipulación manual de equipamiento científico para que éste brindara resultados falsos.”Así, el glifosato produce toxicidad, efectos cancerígenos y reproductivos, acción mutagénica y contaminación de alimentos, esto basándonos en pruebas realizadas en laboratorio, donde no se tiene en cuenta la posibilidad de fumigación directa de los seres humanos.

Las fumigaciones se realizan mayormente sobre la base alimentaria de la población: se ha comprobado a través de la verificación de las tres fumigaciones anteriores que por cada hectárea de coca fumigada son asperjadas 4 de cultivos de pancoger (datos provenientes de la ACVC). Incluso los proyectos de desarrollo de la Asociación de Campesinos, financiados por la Unión Europea y destinados a sustituir el cultivo de coca. Los campesinos manifiestan dolores de cabeza, vómitos, diarreas, intoxicaciones, afecciones en la piel, que se presentan luego del paso de los aviones fumigadores. En Yanacué tuvimos la oportunidad de conocer a Emanuel. Emanuel tiene 50 días y todo su cuerpo salpullido por los efectos del glifosato. Con 50 días de vida ya fue envenenado por su propio ejército; vive frente a u río cuyas aguas también han sido contaminadas por este agrotóxico, al igual que las tierras que su papá siembra sierra adentro.

La diferencia entre un terreno “sano” y uno afectado es abismal. A simple vista se ven en el camino cultivos completos de maíz muerto, yuca, bananos, coca quemados por el glifosato que dan al paisaje un tinte lúgubre. La situación de los campesinos se torna en ese momento extremadamente complicada; todo lo que ellos tienen para subsistir, incluyendo las gallinas, peces y otros animales, fue arrasado, con lo que no tienen forma de garantizar la comida para sus hijos.

Allí es cuando el plan de Uribe comienza a dar resultados. Muchos campesinos se ven obligados a migrar, a desplazarse a las ciudades más próximas a formar parte de los crecientes sectores excluidos, asentándose en las periferias en una situación de total pauperización e informalidad.

Las tierras que los campesinos abandonan son ocupadas por los sectores del poder, ya sean paramilitares ligados al “narcolatifundio”, sectores asociados al Estado o a las multinacionales que operan en conjunto con el resto de los grupos. Estas tierras pasan a producir sobre un modelo extensivo asociado al mercado externo, poniendo así en jaque la soberanía alimentaria de Colombia, que desde la implementación de las políticas neoliberales vio aumentar en un 700% las importaciones de alimentos. Así, de esta forma, se reproduce el modelo excluyente de tenencia de la tierra que beneficia al 3% de los productores con el 70% de la superficie, mientras que el 57% de los campesinos posee apenas el 3% de los terrenos para cultivar.

Este proceso de desplazamiento de los campesinos que ha afectado a casi 3 millones en los últimos 30 años tiene una característica especial, que es su invisibilización. Al producirse en forma constante, pasa desapercibido para importantes sectores de la sociedad que no perciben su real importancia, su complejidad y las implicancias sociales, económicas, culturales, políticas y territoriales.

Pero además estos desplazamientos son funcionales a la reproducción del sistema, porque al engrosar el número de desocupados de las ciudades se garantiza mantener a un costo muy bajo la mano de obra y en forma simultánea muchos de los jóvenes que se ven subsumidos en esta situación de marginalidad ven en las Fuerzas Armadas, así como en los grupos paramilitares un espacio de supuesta inclusión que les permitiría romper el círculo de la pobreza.

El desplazamiento de los campesinos, acción previa al fin último de apropiarse de estas ricas tierras, es impulsado también por el terrorismo, por la guerra sucia que el Estado está llevando a cabo por medio del paramilitarismo. Estas fuerzas de ultraderecha fueron conformadas durante la década de los 80, dentro de una estrategia general contrainsurgente de los Estados Unidos, que incluyó por ejemplo el financiamiento y organización de los “contras” nicaragüenses y salvadoreños. Estos grupos paramilitares, que se denominan “Autodefensas Unidas de Colombia”(AUC), forman parte de un aparato “paraestatal” impulsado por las Fuerzas Armadas y los organismos de Seguridad del Estado colombiano. Realizan el “trabajo sucio” de este plan, acompañados por el gobierno nacional y los sectores ligados al narcotráfico. En la región de Magdalena Medio, se encuentran presentes hace más de 20 años, pero desde el año 2000 Barrancabermeja, la ciudad cabecera y donde está ubicada la refinería más grande del país, se encuentra bajo control paramilitar, percibiéndose su presencia en la atmósfera. En esta ciudad, son constantes las desapariciones y los asesinatos, el temor está allí, en las calles, generando el miedo constante de quienes viven allí y se saben amenazados y vigilados. Sólo en lo que va de este año, más de 1.000 personas fueron desplazadas de Barrancabermeja y 100 personas fueron asesinadas.

En el campo es donde se lleva a cabo el enfrentamiento entre las guerrillas, que actualmente controlan este territorio, y los paramilitares, que intentan apropiárselo. Resulta confuso distinguir entre el ejército y el paramilitarismo ya que, como cuentan los propios campesinos, son las mismas personas que sólo se intercambian el brazalete según la actividad que vayan a realizar. Las bases de los “paracos” están junto a las de las Fuerzas Armadas, así como los retenes que disponen a lo largo de los caminos.

Los paramilitares son los que llevan el terror a estas tierras; ellos queman pueblos (un caserío llamado Paraíso fue incendiado en cinco ocasiones, por ejemplo), asesinan a campesinos cuyos cuerpos muchas veces aparecen más tarde flotando en el río, realizan desapariciones selectivas de líderes comunitarios, etc. Estas masacres son acompañadas por un bloqueo económico y sanitario. Por medio de retenes en los caminos de acceso a los caseríos, controlan la mercadería que la gente lleva desde los poblados. Sólo les permiten pasar un máximo de $100.000 (unos U$D 50) cada 15 días y de ciertos productos establecidos, decomisando (robando) el supuesto “excedente que iría a alimentar a la guerrilla”. Lo mismo sucede con los medicamentos, donde por ejemplo se les prohibe a los productores comprar el antídoto para las picaduras de serpientes, corrientes en la región, ya que supuestamente estos animales solo atacarían a guerrilleros. Se trata de una estratégia más de asedio y persecusión a los campesinos, ya que es conocido por todos que la guerrilla tiene otros canales para su normal abastecimiento, sin la necesidad de recurrir a los pobladores.

Así, los campesinos, acorralados por el Estado, las fumigaciones, los asesinatos, el bloqueo econômico y sanitário y la constante presión de los grupos económicos para que les vendan sus tierras, se ven totalmente presionados a desplazarse, a abandonar la zona.

Estas tierras son luego apropiadas ya sea por estos grupos, por los paramilitares, por la oligarquía ganadera o por narcotraficantes que los continúan usando como base para el lavado de dinero.

La utilización del suelo que los mismos realizan es antagónica a la economía campesina. Se trata de la incorporación de estas tierras al modelo vigente, utilizándolas ya sea para la ganadería extensiva, la extracción de maderas, minerales o cultivos de exportación que dependen totalmente del “paquete tecnológico” que incluye agrotóxicos, transgénicos y maquinaria que reemplaza la mano de obra campesina.

Así, la lucha que aquí se está dando es una lucha por la territorialización de uno u otro modelo. Un modelo excluyente que enriquece aún más a los ya ricos y una economía campesina de subsistencia, que produce coca porque actualmente no existe otra manera de obtener el ingreso suficiente para solventar a sus famílias.

Qué propone el Estado? El Estado colombiano, mediante el Plan Colombia y el Plan Nacional de Desarrollo, proponen sustituir las plantaciones de coca por la palma africana, cacao, caucho o maderables. Por médio de lo que ellos denominan “alianzas estratégicas” los campesinos deberían unirse a los grandes empresários y terratenientes para así generar supuestos “polos de desarrollo”. Esta experiencia, que ni siquiera es propia ya que es copiada de Malásia, Tailandia e Indonésia, ya ha demostrado allí las terribles consecuencias ecológicas, culturales y étnicas. Setrataría de incorporar a los campesinos en los cultivos de uso legal, pero sin modificar en absoluto su situación de marginalidad, sin cuestionar el status quo vigente, una discusión que se hace cada vez más necesaria y urgente en este país. Un modelo minero llevado a la producción agropecuária que garantiza la exportación basada en las riquezas de la tierra y en la mano de obra barata; siniestro binómio que ha signado la historia de nuestro espacio.

Al igual que ocurre en Bolívia con los Planes de Desarrollo Alternativo, se trata de importantes fondos que vienen del exterior, que se dilapidan mayormente en una estructura burocrática verticalista y de los que a los campesinos solo llega una Idea acabada, ajena a ellos.

Pero en este caso, los campesinos han avanzado en la construcción de proyectos alternativos propios, coherentes con sus lógicas de producción y con la Idea vertebradora de no abandonar las tierras, que se ha transformado en una lucha por si misma. Desde 1994, y luego de intensas protestas, se estableció en la Ley 160 la figura de las Zonas de Reserva Campesina (ZRC) como áreas destinadas a fomentar y estabilizar las economías campesinas de los colonos, así como a evitar la concentración de las tierras. Con los objetivos de garantizar la seguridad alimentaria y la estabilización socioeconómica en estos territorios, mediante la titularización de las tierras y la imposibilidad de su venta, el Estado estaría así “luchando contra la latifundización y los desplazamientos”. Las ZRC, que llevan más de 10 años de aprobadas por ley, pero que recién están comenzando a implementarse ahora, continúan siendo uno de los principales motivos de lucha de los campesinos, que no se conforman con su sola declaración, sino que reclaman por una política fuerte y coherente por parte del Estado para que estas reservas lleguen a cumplir su verdadero objetivo.

Además de esto, la ACVC ha llevado a cabo en medio de esta guerra sucia y contra infinitas trabas, sus propios proyectos dentro del Plan de Desarrollo y de Protección Integral. Se trata de proyectos productivos y sociales, financiados por diversos organismos, que buscan impulsar el desarrollo de la región evitando los cultivos de uso ilegal y tomando como protagonistas del mismo a los propios campesinos. Si bien muchos de estos proyectos han tenido resultados exitosos, como la cría de búfalos y otros animales, en forma constante chocan con el nefasto accionar del ejército, de los paramilitares y del Plan Colombia en general, situación que ha llegado a puntos tan extremos como el asesinato de compañeros impulsores de estos proyectos, así como el atentado constante y sistemático contra los mismos, que ha incluido la fumigación de los proyectos alternativos, el saqueo de la cooperativa y hasta el intento de secuestro de los búfalos por parte de miembros del ejército.

Pese al terrible y constante boicot, los campesinos continúan luchando y organizándose para que estas iniciativas salgan adelante y les permitan mantenerse en este espacio, no sólo resistiendo, subsistiendo, sino de una forma más estable, que garantice su continuidad en el lugar. Es vergonzoso, irritante, violento ver como el Estado colombiano se encuentra comprometido en este siniestro proyecto de para-reforma agraria. Mientras en toda América Latina en el marco del conflicto por la tierra se plantea como urgente la necesidad de redistribuir las tierras para quienes las trabajan, aquí se está perpetrando, desde los sectores de poder, una contrareforma, que por el contrario profundiza su concentración y un modelo de desigualdad extrema. Es tan terrible este modelo que se busca concretar como los siniestros métodos que para ello se están utilizando. Es el Estado mismo envenenando a “su” gente, es el Estado mismo masacrando a la población, un Estado que por medio del genocidio busca apropiarse de territorios.

Sin embargo, el espacio configurado desde “arriba” no es el único espacio posible ni es el espacio que queremos. Allí están los campesinos sosteniendo una lucha que es a su vez una lucha por su sobrevivencia y una lucha por cambiar el mundo, y es que se trata de la misma lucha, porque el mundo que queremos cambiar es este en el que nos desenvolvemos cotidianamente, es un mundo, un espacio del que nosotros somos protagonistas, y así como participamos de su construcción, tenemos la posibilidad constante y diaria de transformarlo.

Bibliografía:

- Rigoberto Rueda Santos; “Notas para la lectura del conflicto político, social y armado en el Magdalena Medio” - Ponencia presentada en el Encuentro nacional e internacional. Coca, derechos humanos y conflicto en la Zona de Reserva Campesina del Valle del Río Cimitarra. Vereda Puerto Matilde, 29 de julio a 1 de agosto de 2004
- http://www.rebelion.org - Patricia Santa Lucía. “La política de tierra quemada de Uribe en Colombia”.
- Jorge Kaczewer. “ Toxicología del Glifosato: Riesgos para la salud humana”
- www.prensarural.org

Fuente: Indymedia Argentina