“Pan sin Veneno”

Organización de trabajadoras y trabajadores de la alimentación, junto a otros sectores, se suman al rechazo hacia el trigo transgénico en Paraguay

En Paraguay se liberó comercialmente el evento transgénico de trigo HB4 el 10 de mayo de 2023 en completo sigilo, bajo la figura de “trato diferenciado”. No existió debate público informado; ni siquiera se desplegó una comunicación oficial por parte del gobierno respecto a este proceso.

Es más, la resolución del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) que liberó comercialmente este evento genéticamente modificado, se encuentra alojada únicamente en la página web de la Asociación de Productores de Semillas de Paraguay (Aprosemp). Tampoco se llevó adelante una presentación de los estudios en los que se basó la decisión de la liberación comercial de trigo transgénico.

Como respuesta a esta acción antidemocrática y atentatoria a la bioseguridad agroalimentaria, un grupo de panaderos, panaderas, y trabajadores y trabajadoras de la alimentación iniciaron una campaña en rechazo a la posibilidad de cultivo del trigo transgénico HB4 en el país. La misma se llama “Pan sin veneno”, y en la actualidad aglutina a los más diversos sectores: médicas y médicos, nutricionistas, ingenieras e ingenieros, agrónomos y agrónomas economistas, campesinas y campesinos y la población en general.

El objetivo principal de la campaña consiste en lograr la derogación de la Resolución que liberó el evento transgénico de trigo HB4. Para ello, se encuentra en marcha un proceso de recolección de firmas en apoyo a una nota dirigida al MAG. En la misma se expresan con claridad los motivos por los que se rechaza este cultivo en el país, basados en la voluntad de consumir panes sin veneno.

Se subraya que el trigo es una de las bases de la alimentación en el país, por lo que, si no se logra frenar este proceso, la población paraguaya en su conjunto estaría aún más expuesta al consumo diario de herbicidas y, en particular al glufosinato de amonio, químico 15 veces más tóxico que el glifosato, en los alimentos y en el agua.

La campaña manifiesta que con la liberación de este evento transgénico se profundiza el modelo de agricultura que beneficia a las multinacionales semilleras y perjudica al pequeño productor, destruye ecosistemas, deja a su paso territorios devastados ambiental y socialmente, constituyendo una grave amenaza a la soberanía alimentaria. Es decir, implica una profundización de la desigualdad económica y social.

En tal sentido, cabe destacar que el modelo productivo basado en la biotecnología transgénica profundizó la dependencia a la importación de agrotóxicos: de 14 mil 011 toneladas de pesticidas altamente peligrosos importadas en 2011, la importación aumentó a 642 mil 42 toneladas al 2021. De acuerdo al estudio Agronegocios y escuelas rurales, un 22% de las y los estudiantes de las instituciones educativas rurales de la región oriental del país, se encuentran expuestas directamente a las fumigaciones.

Mientras tanto, el Estado paraguayo fue condenado por el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas en dos casos, por omitir su rol de contralor o por complicidad en los atropellos que ocurren con la producción de semillas transgénicas en dentro de las comunidades indígenas y campesinas o sus alrededores.

Por ello, la campaña llama también al establecimiento de mesas de diálogo, donde se pueda discutir de manera amplia e informada acerca de las implicancias del trigo transgénico en la población y en el ambiente. La campaña denuncia que este proceso se tenía que haber dado antes de la liberación comercial de este evento. Esto responde a la desregulación de la normativa en la liberación comercial de eventos transgénicos en Paraguay.

El mismo se inició en el año 2012, tras el quiebre democrático que supuso el golpe de Estado parlamentario. En ese momento, el ilegítimo e ilegal ex presidente Federico Franco derogó toda la normativa hasta entonces vigente sobre procedimientos para la introducción y liberación de semillas transgénicas en el país, y en su lugar promulgó el Decreto número 9699/2012 que creó la Comisión Nacional de Bioseguridad Agropecuaria y Forestal, esta vez nombrada Comisión de Bioseguridad (Conbio).

En ese proceso, el MAG se constituyó en la Autoridad de aplicación del Decreto y concentró el poder de la Conbio. Además, se estableció la figura de liberación de transgénicos “por vía de la excepción”, y se eliminó toda especificación sobre los dictámenes de bioseguridad, así como el requisito de licencia ambiental. Con ello, y a pesar de los cuestionamientos por parte de las organizaciones campesinas y científicas, a pocas semanas del golpe se liberaron con inusitada rapidez un evento transgénico de algodón y cuatro de maíz.

En 2019 se avanzó en la desregulación de este marco normativo a partir de la promulgación de las Resoluciones del MAG núm. 1030 y núm. 1071. Con ello, el gobierno del saliente presidente Mario Abdo habilitó un nuevo marco regulatorio en materia de liberación de eventos transgénicos, supeditado a criterios desarrollados en terceros países. Así en Paraguay se pueden aprobar cultivos genéticamente modificados si éstos ya se encuentran aprobados comercialmente en otros países, tan sólo completando la evaluación de un formulario, cuyos requisitos procedimentales son meramente descriptivos, y presentando la constancia de aprobación comercial y/o para liberación ambiental y consumo humano y animal siguiendo las guías del Codex Alimentarius en otros países.

Frente a los riesgos implicados con la profundización del modelo de agronegocios basados en la biotecnología transgénica, y la amenaza a la salud que supone en particular el trigo transgénico, la articulación internacional resulta fundamental, tal como señalaba Carlos Vicente: “la lucha por una América Latina Libre de Transgénicos continuará sin prisa, pero sin pausa”.

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