México: Hidroeléctricas y mineras amenazan a pueblos indígenas

Desde los primeros años de la década en curso, tras percatarse de la magnitud de proyectos de minería a cielo abierto , represas hidroeléctricas y extracción de hidrocarburos mediante fractura hidráulica o fracking que pretenden instalarse en la región Norte de Puebla, cientos de pueblos y comunidades se han movilizado para resistir frente a lo que ellos llaman “proyectos de muerte”, pues consideran que estos destruyen la naturaleza, contaminan el agua y la tierra, dividen a las comunidades y perjudican la salud de los pobladores.

Los movimientos en defensa del territorio se han fortalecido y articulado desde entonces , impidiendo el avance de los proyectos de muerte. Sin embargo, recientemente dos de estos proyectos están avanzando en materia de permisos otorgados por autoridades gubernamentales, lo cual ha preocupado a los pobladores.

Ante esta situación, representantes de diversas comunidades y organizaciones campesinas, indígenas y de derechos humanos, viajaron a la ciudad de Puebla el pasado lunes 23 de marzo para movilizarse y alzar la voz.

Uno de estos permisos fue aprobado el pasado 3 de julio por parte de la Comisión Nacional del Agua -Conagua- en el cual se autoriza la concesión de agua para el proyecto Puebla 1, complejo hidroeléctrico que contempla la construcción en dos embalses del Río Ajajalpan, en territorio totonaco. Casi al mismo tiempo, la Comisión Nacional Forestal –Conafor- de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales –Semarnat-, aprobaba el permiso para cambio de uso forestal para el mismo proyecto, el cual pretende generar energía para la empresa Walmart (multinacional de tiendas de origen estadounidense).

Por otra parte, la empresa Almaden Minerals que pretende ejecutar un proyecto de minería a cielo abierto en la zona nahua, en el municipio de Ixtacamaxtitlán, ha dicho que está muy próxima a presentar la Manifestación de Impacto Ambiental para avanzar a la etapa de construcción de instalaciones y de producción a la mina, lo que generaría daños terribles al agua y la salud de los pobladores.

Las movilizaciones comenzaron temprano en un hotel del centro de la ciudad, con una rueda de prensa en la cual se dio lectura a un comunicado, en donde luego los distintos representantes de pueblos indígenas Nahuas y Totonacos tomaron la palabra para denunciar la represión, criminalización y persecución que han sufrido los defensores del territorio[1]; exigiendo un alto al hostigamiento por parte de empresas y gobierno.

Posteriormente se dirigieron hacia la plaza principal en donde expresaron en pancartas y consignas su rechazo a los diversos proyectos que amenazan la vida en sus territorios, para dirigirse en una marcha pacífica rumbo a las instalaciones de Semarnat.

Una vez ahí, cinco delegados de los pueblos pasaron al interior del recinto para entregar dos oficios en donde expresaban su inconformidad por el avance de los proyectos, esperando una aclaración por parte de las autoridades ambientales, puesto que en una reunión el año pasado la delegada de Semarnat se había comprometido “a no dar ningún permiso que pusiera en riesgo la vida de la gente”, según informa un integrante del Consejo Tiyat Tlali en Defensa de la Vida y el Territorio.

La concesión de estos permisos es contradictoria por lo expresado por la delegada de Semarnat, puesto que las autoridades ambientales tenían conocimiento de dos estudios realizados por especialistas, los cuales confirman que la construcción de hidroeléctricas pone en riesgo la vida de las comunidades Nahuas y Totonacas y provocarían graves daños irreparables al territorio.

En el caso del proyecto Ixtaca de la canadiense Almaden Minerals, las actividades de exploración minera que hasta el momento ha realizado la empresa en zona Nahua, ha provocado severos daños sociales, ambientales y en materia de derechos humanos, según informe elaborado por distintas organizaciones. De aprobarse los permisos para extracción, el daño y la destrucción sobre el territorio serían catastróficos e irreversibles, pues la ejecución de una mina a cielo abierto afecta y vulnera la base material y social de la vida de los pueblos de la Sierra.

Las organizaciones tienen contemplado continuar con las movilizaciones, pues en los próximos meses está por emitirse la resolución respecto a uno de los amparos interpuestos por las comunidades. Hacen un llamado a la población “a estar atentos a lo que pueda ocurrir a las comunidades; para solidarizarse y alzar la voz en caso de una agresión mayor”.

30 de julio, 2018

Por Javier Hernández - Antropólogo de la Universidad de Guadalajara, investigador de conflictos ambientales, estudiante de la Maestría de Sociología de la Benemerita Universidad Autónoma de Puebla y colaborador de Colombia Informa en México.

Notas

[1] Tan sólo en lo que va del año han sido asesinados dos defensores del territorio. En varios puntos de la región ha habido amedrentamientos y amenazas. Algunos defensores están siendo criminalizados, enfrentando actualmente procesos legales. Este último caso lo está acompañando Amnistía Internacional, que a través de su página web está recolectando firmas: aquí

Fuente: Colombia Informa