México: Guerrero, un pueblo amenazado y un gobierno al servicio de los megaproyectos

La represión no detiene la lucha contra la presa La Parota

Por Carolina Bedoya Monsalve

“Estamos ante una escalada represiva en Guerrero, única forma de actuar que le queda al gobierno. La fabricación de delitos es la manera de disuadir y generar temor entre la población y las organizaciones. Cualquier persona que se oponga a los lineamientos políticos es un candidato a sufrir represalias”: Abel Barrera.

México, D.F. “Ellos piensan que la resistencia recae en un líder, lo que no saben es que recae en un pueblo, y que estamos más encabronados y unidos que nunca, que el gobierno sepa que no descansaremos hasta que Marco Antonio esté libre. Cada vez somos más y no estamos solos”, denuncia Esmeralda Delgado, integrante del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la hidroeléctrica La Parota (CECOP), después de la detención de uno de los líderes del movimiento contra la presa que los gobiernos federal y el de Guerrero, y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), quieren imponer a 30 kilómetros de Chilpancingo, la capital.

En el año 2003, la CFE presentó un proyecto hidroeléctrico para el cauce del río Papagayo. De acuerdo a información del Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”, la cortina de la presa tendrá unos 200 metros de altura. La zona, advierten, es altamente sísmica y estará en terrenos ejidales de La Parota, donde perjudicará a más de 47 comunidades y ejidos anexos, además de las afectaciones ambientales, motivos que detonaron el descontento de los pobladores.

Además de la inundación total de 13 poblados, la hidroeléctrica traería como consecuencia la reubicación de más de 20 mil habitantes que obligados a abandonar sus hogares (de los cuales el 76 por ciento se dedica a la actividad agrícola); la inundación de 14 mil 213 hectáreas; la desaparición de los mantos freáticos que abastecen de agua al Puerto de Acapulco y el embalse de 13 mil 728 hectáreas de superficie.

Marco Antonio Suástegui Muñoz, uno de los opositores, fue detenido el 17 de junio del 2014, acusado de tentativa de homicidio. Días después fue trasladado a una cárcel de máxima seguridad en Nayarit. “El traslado de Marco es una decisión meramente política, estamos hablando de un supuesto delito común, que además deben probarlo; a él se le quiere mostrar como un delincuente de alta peligrosidad y al mismo tiempo mostrar como una persona que no tiene nada que ver con las luchas sociales”, denuncia el director de Tlachinollan, Abel Barrera Hernández.

Para el director del centro de derechos humanos, la detención de voceros de las organizaciones opositoras a la hidroeléctrica, forma parte de una estrategia del gobierno para denigrar y no reconocer la lucha de muchos hombres y mujeres que han defendido sus tierras, ante los proyectos de supuesto desarrollo que sólo traen el exterminio de la vida, las tradiciones y la cultura de los pueblos.

Los acuerdos de Cacahuatepec

El CECOP exigió la firma de los acuerdos de Cacahuatepec al gobierno estatal, ante los reiterados incumplimientos de las dos administraciones pasadas, informa el Centro de Derechos Humanos, estos acuerdos están conformados por cinco puntos, que han sido infringidos en su mayoría por el actual gobernador, Ángel Aguirre Rivero, que si bien reconoce la anulación del proyecto por parte del Tribunal Unitario Agrario, interviene en las asambleas electorales de comisariado ejidal para la aprobación de los pueblos al megaproyecto.

Los comisariados de Bienes Comunales son los representantes agrarios que tienen la facultad de convocar a una asamblea, explica Abel Barrera. El nombramiento de un comisaria de Bienes Comunales tiene que hacerse en asamblea donde participan sólo los que estén en el padrón, que es una lista del Registro Agrario Nacional, donde se comprueba si una persona pertenece a un determinado núcleo ejidal o no. El problema, indica Barrera en entrevista telefónica, es que “ese padrón no se encuentra actualizado y además está manipulado por los partidos políticos”. Lo que se está haciendo, explica, “es que la Procuraduría Agraria impone a la comisaría para que se garantice un trabajo apegado a los intereses de los políticos y las empresas. Los que deciden son un pequeño grupo de representantes agrarios, que fueron los que aceptaron la presa y trabajaron al interior de las comunidades convenciendo a la gente con proyectos asistencialistas, con el fin de dividir al movimiento que se estaba creando”.

Otro de los puntos del acuerdo es que el gobierno se comprometía a no reprimir a los movimientos sociales, pero en lo que va de la administración de Ángel Aguirre, hay dos estudiantes normalistas muertos en Ayotzinapa después de ser desalojados en una movilización; y con Marco Antonio son cuatro las personas de diferentes organizaciones que están detenidas en prisiones de máxima seguridad: “La detención de Marco condensa toda la estrategia que tiene el gobierno de diezmar el movimiento para imponer sus proyectos, porque no tiene otra estrategia”, manifiesta Barrera Hernández.

Desarrollo se escribe con E de ecocidio

LA CECOP ha ganado durante más de once años de resistencia, cinco denuncias ante el Tribunal Agrario, pero para los gobiernos estatal y federal prácticamente hay “borrón y cuenta nueva”, refiere el antropólogo y defensor de derechos humanos. Los gobiernos, dice, “están buscando las condiciones para construir la presa sin un movimiento opositor, sin estudios de impacto ambiental, y sin una consulta a las comunidades”, pero “lo que hay es un rechazo total a la obra y aún no se ha construido por el impedimento de los pueblos al ingreso de maquinaria a Salsipuedes, una de las comunidades afectadas”.

En el Informe de las grandes represas en Américade laAsociación Interamericana para la Defensa del Ambiente, se destaca la biodiversidad de esta zona, y se advierte que la presa afectará de manera directa a por lo menos 95 especies endémicas y a 113 en peligro de extinción y alrededor de 40 plantas endémicas; además de los daños irreversibles en cauces de ríos y cientos de áreas de bosques no intervenidos, y otras más dedicadas a los cultivos para consumo local.

“Los gobiernos tienen una postura inflexible a pesar de todas las victorias en los juicios agrarios del movimiento que se opone a la presa, y al rechazo rotundo de los pobladores a través de una consulta por usos y costumbres”, declara Abel Barrera, la cual se organzó ante la negativa de una consulta como lo exige la ley y ante el mediocre estudio de impacto ambiental realizado por la Universidad Nacional Autónoma de México.

Los pueblos, un talón de Aquiles del progreso

“Es muy sintomático que después de que detienen a Marco Antonio, de repente algunos dirigentes del Partido de la Revolución Democrática (PRD), como Cuauhtémoc Cárdenas, sin que les preguntara nadie, así solitos, ya estaban hablando de la importancia de la construcción de la presa, lo que quiere decir que las autoridades municipales y estatales de cualquier partido político, están alineadas a que se construya La Parota”, denuncia el entrevistado.

El gobierno y la CFE, declara por su parte la activista Esmeralda Delgado, ya no tienen argumentos para la construcción de la presa, “pues el proyecto es inviable por donde se mire, no hay un proyecto serio, pero lo principal es que las comunidades que habitan este territorio no lo aceptan. Estamos agotando todos los recursos jurídicos para frenar esta obra y agotaremos los de la lucha también, defenderemos nuestros territorios con la vida”, dice.

Once años de lucha han demostrado que la palabra la tienen las y los comuneros “ellos se han mantenido firmes, todos están indignados por la forma en que fue tratado Marco y como está siendo procesado. La gente se está reorganizando para defender con todo su territorio y no permitir la construcción de la presa. Estamos en alerta máxima; depende del gobierno generar o no un conflicto, aunque sus cálculos políticos les digan que tienen las condiciones para impulsar nuevamente este proyecto, durante más de una década han defendido su territorio y lo van a seguir haciendo incluso con su propia vida”, expresa Barrera Hernández.

La fabricación de delitos, arma de defensa del gobierno

En un proceso plagado de irregularidades, hasta seis días después de su detención Marco Antonio Suástegui, pudo rendir su declaración y hasta ese momento se enteró dónde se encontraba y cuáles acusaciones que había en su contra. “Marco manifiesta que se encuentra lastimando, dice que cuando lo detuvieron lo golpearon, lo trasladaron al penal de La Unión, y ahí lo tuvieron durante dos horas desnudo, recibiendo golpes, lastimándole la columna. Luego lo trasladaron a Nayarit, y en todo el trayecto sufrió torturas por parte de los oficiales. Todas las irregularidades y tratos degradantes iniciaron con la detención”, relata su hermana Guillermina Suástegui

“Estamos ante una escalada represiva en Guerrero, única forma de actuar que les queda. La fabricación de delitos es la manera de disuadir y generar temor entre la población y las organizaciones. Ellos nos mandan el mensaje de que cualquier persona que se oponga a los lineamientos políticos que ha definido el gobierno, es un candidato a cualquier tipo de represalías”, denuncia el defensor de derechos humanos de la Montaña.

Esmeralda Delgado añade que a Marco se le está arrebatando el derecho a una defensa adecuada, ahora se encuentra prácticamente aislado de sus familiares y abogados y eso es irregular en la detención por un delito común.

“Se ha convertido en todo un calvario la defensa de Marco Antonio, por todas las trabas que nos ponen; su caso lo lleva un juzgado común, pero en Nayarit. Para nosotros es inconcebible que estando la denuncia en Acapulco, lo sacan del estado y se lo llevan a un penal de máxima seguridad”, manifiesta el defensor de Tlachinollan.

“Marco ha sido lastimado como si fuera un delincuente, y sólo es un hombre que ha luchado por las comunidades, por la tierra. En el pueblo las fuerzas públicas están hostigando a la gente, requisándola y amedrentándolas, ya no hay paz”, puntualiza Guillermina Suástegui y añade que las comunidades no van a permitir que el gobierno entre de manera ilegal a despojarlas de sus tierras, y que el hecho de que Marco Antonio esté preso, no los detiene, al contrario, dice, “van a continuar con más ganas y se va a presionar más al gobierno para que respete la decisión de los pueblos”.

Esmeralda Delgado concluye: “la presa no va, primero tienen que pasar sobre nosotros y nosotras. La detención y el traslado tan inmediato de Marco es algo meramente político, que el gobierno no crea que somos ignorantes, ellos piensan que sin él, el movimiento se va a debilitar, pero no será así”, por lo que, anuncia, reactivaran los plantones, informaran más a la gente, establecerán redes de solidaridad con México y el Mundo, y continuarán exigiendo al gobierno federal la desmilitarización de Cacahuatepec y la cancelación de la hidroeléctrica.

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Desarticular a la CRAC, estrategia maquiavélica del gobierno para servir a las empresas mineras

Por Edith Na Savi

La estrategia para desarticular a la CRAC se observa con mayor intensidad desde enero de 2013, con los acercamientos del gobierno del estado al territorio comunitario, pero el territorio ha sido amenazado desde el 2009, año en el que empezaron a otorgarse 27 permisos de concesión minera.

Tlapa, Guerrero. En unos cuantos meses el gobierno del estado está logrando desestabilizar a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias Policía Comunitaria (CRAC-PC) de la Costa y Montaña de Guerrero, surgida en la base de las comunidades hace casi 19 años. Pero no logrará terminar con lo sembrado por la CRAC en los pueblos. El gobierno se equivoca, los líderes no son la CRAC. La CRAC somos los pueblos que día a día construimos la vida comunitaria, defendemos y pisamos el territorio comunitario y las asambleas de comunidad. El gobierno ve un nombre: CRAC, y nosotros vemos pueblos, que son la base sobre la que se funda el proceso de la policía comunitaria.

La estrategia para desarticular a la CRAC se observa con mayor intensidad desde enero de 2013, con los acercamientos del gobierno del estado al territorio comunitario, sin dejar de recalcar que este territorio ha sido amenazado, según datos oficiales, desde el 2009, año en el que empezaron a otorgarse 27 permisos de concesión minera con estatus vigente, otorgados a particulares y algunas filiales a empresas transnacionales como la Vendome Resources Corp, de capital canadiense, y la Hochschild Minning, de capital peruano, para exploración con miras a la explotación de minerales en esta región1.

La CRAC, sin duda, representó el principal actor en la región con fuerte y clara oposición a la instalación de estas empresas en territorio comunitario, y no permitió en un primer momento la entrada tan sencilla a esta zona, razón por la que el gobierno poco a poco fue diseñando una estrategia para acabar con el enemigo más inmediato a sus intereses voraces: la CRAC. Una campaña organizada desde dentro al cooptar a los dirigentes que dejaron sobornarse, aún por encima de lo que es el proyecto de la policía comunitaria, con pleno desconocimiento del proyecto político de la CRAC.

Avances de la estrategia de desarticulación

Algunos acontecimientos que dan muestra de la estrategia de desarticulación, corresponden a la fuerte campaña mediática en los medios, con la intención de confundir a la CRAC-policía comunitaria con los grupos de autodefensa de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), que apenas se estaban organizando, en tanto que la CRAC tiene más de 18 años de existencia.

Por otro lado, está la firme intención del gobierno de “acercarse” para financiar a la CRAC. Se habló de 1.5 millones de pesos, la construcción de las cuatro Casas de Justicia de aquel entonces, el equipamiento a la organización con armas, uniformes y camionetas y hasta ambulancias. Causalidad o no, una demanda que la CRAC había hecho en más de 10 años, de la noche a la mañana les fue otorgada sin ningún pretexto,

Se invitó a la CRAC a formar parte de la Comisión para la Armonía y el Desarrollo de los Pueblos, donde junto a la UPOEG negociarían con el gobierno del estado, proyectos productivos, financiamientos y apoyos para las familias de los comunitarios, todo con el respaldo del gobernador, con intermediación de Jaime Martínez Veloz, comisionado del gobierno federal para promover “la resolución de conflictos”, ofreciendo dinero a las comunidades.

Lo que siguió ya todos lo conocen. Eliseo Villar, con pocos meses en el cargo de coordinador de la Casa de Justicia de San Luis Acatlán, aceptó la credencialización de los policías comunitarios de la CRAC, hecho que significó un gran retroceso para la organización, pues algo que fue defendido por años, de un momento a otro se aceptó sin consultar a las asambleas.

Luego siguieron las detenciones de los comunitarios. Actualmente se tienen recluidos a seis comunitarios de El Paraíso y uno de Zitlaltepec en penales en el estado; mientras que otros tres: Nestora Salgado, Arturo Campos y Gonzalo Molina están encarcelados en penales de alta seguridad.

Al interior de la CRAC empezaba a diferenciarse las posturas; por un lado, estaban los que eran respaldados por el gobierno, como Eliseo Villar, en ese entonces coordinador de la CRAC; y por el otro, los que fueron fuertemente reprimidos por el gobierno por exigir el derecho de los pueblos de tener sus propios sistemas de justicia comunitaria, sin subordinarse al Estado.

Revisemos cómo es que llegamos hasta aquí.

Los primeros acercamientos del gobierno del estado. “Les quiero decir una cosa, jamás seré elemento de fractura o división de pueblos indígenas, mi participación estará basada en ser el instrumento que pueda limar cualquier tipo de asperezas. No debe haber divisiones, pues la lucha es la misma, trabajar intensamente para brindar seguridad, pero también en proyectos productivos, obras de infraestructura y en eso tendrán mi respaldo”2, fueron las palabras del actual gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, durante su visita el 21 de enero de 2013 a San Luis Acatlán, donde entregó cuatro camionetas rotuladas, mil 200 uniformes, una ambulancia y anunció la entrega de 1.5 millones para infraestructura y equipamiento la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) policía comunitaria.

Este fue el acercamiento más fuerte que tuvo la CRAC después de 17 años de ser una institución comunitaria cuya relación con el gobierno había sido limitada a los apoyos recibidos. Jamás se habló de que el gobierno tuviera que financiar este proceso de los pueblos.

La visita del gobernador tuvo doble intencionalidad; por un lado, los apoyos por el “reconocimiento al trabajo de la CRAC –PC”; y por el otro, aprovechó para insistir en la propuesta de un decreto que permita un marco jurídico a la CRAC, para que funcione como Policía Auxiliar de las corporaciones policiacas oficiales, tanto a nivel estatal y federal, para lo cual tendría que estar en permanente capacitación. El argumento: que la CRAC lograra su “regularización y no contraviniera al marco constitucional y legal”.

El 27 de enero, Salgado Gómez indicó que “la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) mantendrá el sitio que se ha ganado con los policías que se han integrado a esa asociación.

Se le preguntó si con el decreto la rectoría de la policía comunitaria ya no la tendría la CRAC, y respondió que no se trataba de quitarle la rectoría, sino que el decreto daría la posibilidad a los pueblos indígenas de afiliarse, de constituirse de acuerdo con la decisión de sus pueblos, con sus usos y costumbres, “pero debidamente enmarcados en nuestras leyes”3.

No pasó mucho tiempo después de la visita cordial del gobernador a la CRAC. Días después anunció la promulgación de un decreto para regular las policías comunitarias, que sería enviado al Congreso local para su aprobación. Desde la lógica del estado, todos eran iguales. La CRAC con sus 17 años de historia, junto a los grupos de autodefensa que habían proliferado en todo el estado, así como en Michoacán.

En ese momento, el estado vivía una situación de tensión por la inseguridad desenfrenada en las distintas regiones y la clara violencia que a diario los pobladores vivían. Esta situación generó que a principios de enero, habitantes de Ayutla de los Libres y Tecoanapa se levantaran contra la delincuencia organizada.

En Guerrero se generó una gran confusión, ya que los propios líderes de estas agrupaciones las autonombraban “policías comunitarias”, lo que a la CRAC cuestionó, y desmintió en un comunicado, declarando que estos levantamientos no eran de miembros de la CRAC. Pero no hubo suficiente impacto, y los grandes monopolios televisivos dejaron ver a la CRAC, la UPOEG y los demás grupos de autodefensas como uno solo.

Una tras otra aparecían declaraciones de los levantamientos de los grupos de autodefensa denominados “policía comunitaria”, y la prensa, los monopolios televisivos, empezaron a satanizar a estos grupos, incluyendo a la CRAC, calificándolos como grupos “violentos que tomaban la justicia con mano propia” y que representaban un peligro. Argumentos que apuntaban a la incorporación de todos, sin distinción, al proyecto de “Policía Rural” en el estado de Guerrero”.

En el marco de estos acontecimientos, el 4 de febrero el gobernador instaló la Comisión para la Armonía y Desarrollo de los Pueblos Indígenas, cuyo interlocutor sería Jaime Martínez Veloz, cuyo trabajo se conoce bien como “mediador”, pues a donde llega a resolver conflictos, todo lo quiere arreglar con dinero para los indios.

Aguirre Rivero justificó la creación de dicha comisión porque, dijo, “es mucho más lo que nos identifica como guerrerenses, que lo que puede distanciarnos y dividirnos”, amén de que permitirá unir esfuerzos, voluntades y recursos para que “cerremos la puerta a males comunes generando oportunidades de justicia y desarrollo”4.

Un dato importante: el 15 de febrero la CRAC fue convocada a una reunión con el Secretario de Gobierno, para tratar lo relacionado al decreto para reglamentar a las policías comunitarias. Da la casualidad que antes de terminar la reunión, sin acuerdos concretos, Jaime Martínez Veloz aprovechó la ocasión para presentarse y para hablar sobre el desarrollo que se quiere para los pueblos. Detalló los proyectos sentados en territorios indígenas como la minería, cuyo principal problema, según él “es que no dejan las ganancias a los pueblos y se llevan todo”.

De una reunión donde se discutía el decreto que amenazaba la existencia de la CRAC, este individuo llegó para hablar de “desarrollo” y de la bondad del gobierno para acompañar a los como pueblos.

Los protagonismos, los liderazgos mal entendidos, nos están amenazando. Como pueblos de la CRAC urge unidad para el territorio comunitario.

Si reflexionamos un poco, sobre lo que acontece en la CRAC, nos permitirá poco a poco reconstruir la organización. Recordemos que los acercamientos que en los últimos años se hicieron con el gobierno del estado, para hablar de apoyos a la CRAC, no fueron decisión directa de la asamblea regional, es decir, de todos los pueblos que pertenecen a la CRAC. Este tipo de acciones fue debilitando el proceso interno de la CRAC que, sin darse cuenta, traerían consecuencias graves. Si algo había sostenido un proceso como el de la policía comunitaria de Guerrero, fue la fuerza de las asambleas regionales, la voz de los pueblos informados para decidir el rumbo de su organización comunitaria.

Se apuntó a la negociación con el estado, confiando que éste cedería el supuesto apoyo económico sin pedir algo a cambio, sin tener intenciones ocultas como la desintegración de la CRAC. Pero los malos gobiernos jamás permitirían que la CRAC caminara en autonomía, aún con el discurso de los “apoyos trabajando de la mano”, como repitió el gobernador.

A partir de estos acercamientos con el gobierno, la CRAC empezó a jugar en el terreno de ellos, y más adelante bajo sus propias reglas. Quien se saliera de este marco sería reprimido y duramente castigado, como son los casos de los policías comunitarios detenidos en penales del estado, como Bernardino García Francisco, Abad Francisco Ambrosio, Eleuterio García Carmen, Ángel García García, Benito Morales Bustos y Florentino García Castro (Casa de Justicia de El Paraíso) y Samuel Ramírez Gálvez (Casa de Justicia de Zitlaltepec)- Mientras que Nestora Salgado García, Arturo Campos Herrera y Gonzalo Molina González están recluidos en penales de alta seguridad fuera del estado. Y recientemente, la detención del vocero del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras de la Presa La Parota (Cecop), Marco Antonio Suástegui Muñoz.

Recordemos que el Cecop recientemente se incorporó a la CRAC, lo que implicó una alianza de pueblos organizados, que representó un peligro al gobierno del estado por la posible articulación en momentos donde la CRAC atraviesa una fuerte crisis orquestada, sin ninguna duda, por el gobierno estatal utilizando a un fiel servidor: Eliseo Villar Castillo.

¿Y quién es Eliseo Villar? Eso lo veremos en la siguiente entrega.

Fuente: Desinformémonos