México: Baillères, el heredero

San Julián era un poblado de unas 14 familias que se dedicaban al negocio maderero. Hasta que llegó a la comunidad la empresa Fresnillo PLC, perteneciente al tercer hombre más rico del país, Alberto Baillères González, con un proyecto de explotación de oro y plata y la promesa de generar 3 mil empleos para los habitantes de tres municipios de la zona: El Parral, Balleza y Guadalupe y Calvo.

Y en un par de años todo cambió. El “progreso” llegó aparejado del “desarrollo minero” al pueblo de San Julián, clavado en la sierra Tarahumara, una de las regiones más pobres y abandonadas del país. Ahora, los madereros han adecuado sus camiones para ser parte de ese desarrollo. Manuel Velázquez lo recuerda así: “Desde el 2000 más o menos, empezó a venir un señor que se llevaba a los chavos al cerro y que ‘ándale, llévanos unas soditas’ y ‘llévame esto’ y les pagaba. Andaban sacando piedritas. Ahí venía y hacía sus ensayos. De repente empezó a venir más gente con maquinaria. Era plan con maña. El señor ese venía solo, ahí con su mochilita. No había camiones como ahora, había veredas. Luego entraron las compañías, hace unos 8 años, y comenzaron a componer. Rehabilitaban el camino de día. Nosotros no conocíamos ni una retroexcavadora. ‘¿Pues qué será? Sepa’, decíamos. Fue entre el 2007 y 2008. Los que se beneficiaron fueron los que vendieron o regalaron, como haya sido. Pero se beneficiaron y se fueron de aquí. Y ahorita está destruido”.

Con la mina, dice, llegó mucha gente de fuera, los madereros se convirtieron en mineros, y ahora no se sabe ni quién entra y quién sale del pueblo.

“Ahí donde están los edificios –dice, señalando un campamento de trabajadores–, dijo mi compadre: ‘Oiga, yo aquí sembraba’. Pero yo digo: sí, sembró y nacieron edificios”.

El municipio en el que se ubica la mina, está en el llamado Triángulo Dorado, donde se cruzan las sierras de Chihuahua, Sinaloa y Durango, una zona golpeada por el crimen organizado, principalmente por el Cártel de Sinaloa, que además de homicidios, secuestros, extorsiones, ha generado los dos últimos años, un éxodo silencioso de comunidades indígenas. Desde el 2011 ha registrado una tasa de 205 homicidios por año según el Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública Federal, una tasa que supera a ciudades como San Salvador, o San Pedro Sula, en Honduras. Por eso, en la mina San Julián hay un fuerte resguardo de seguridad.

El proyecto minero está diseñado para 13 años, tiempo en que el gobierno de Chihuahua asegura que se convertirá en “la principal fuente de trabajo” del estado.

Manuel Velázquez no lo cree. “No tenemos un trabajo, los grandes, ni número de seguro, ya no admiten a uno trabajando. La mina no nos ha servido, sólo puede haber trabajo de velador”.

Un clan minero-banquero

Los pobladores de San Julián no saben que la mina que les ha quitado la calma es propiedad de una familia que ha amasado su fortuna construyendo minas y desarrollando bancos para mineros.

La familia Baillères tiene conexión con la minería desde principios del siglo XX. El patriarca, Raúl Baillères, dejó el negocio familiar de semillas en Silao, Guanajuato para mudarse a la Ciudad de México y entrar en el comercio de oro, plata y cobre en Casa Lacud. Al final de la década de los años 20, aprovechó las reformas de ley en materia de recursos minerales para comprar tierras de inversionistas extranjeros, explica en su tesis “Raúl Baillères y su Imperio” el sociólogo Jorge Zuarth.

Así se convirtió en el jefe de una familia de plateros. El siguiente paso fue crear, en 1934, el Crédito Minero y Mercantil, que era un puente entre el Banco Nacional y todos los orfebres y joyeros nacionales. Raúl Baillères constituyó en cinco años tres créditos y tres bancos, dos de ellos orientados a apoyar la minería, lo que le permitía tener información privilegiada de todas las empresas que buscaban su apoyo.

En 1961, después de 30 años en el negocio, compró –junto con José A. García- el 51 por ciento de las acciones de Industrias Peñoles, una compañía minera constituida desde 1887. Eran los días de la mexicanización de la industria minera y los extranjeros ya no podían operar en territorio mexicano si una empresa mexicana no era accionista mayoritaria.

Raúl Baillères murió en 1967 y el timón familiar pasó a su segundo hijo, Alberto, quien diez años después conseguiría tener todas las acciones de Metalúrgica Mexicana Peñoles y convertirla en la primera empresa minera cien por ciento mexicana.

Alberto siguió los pasos de su padre y en 1978 creó Banca Cremi a partir de la fusión de cuatro créditos: Crédito Minero Mercantil, Crédito Hipotecario –ambos fundados por su padre-, Crédito Hipotecario del Sur y Banco Minero y Mercantil. Aunque en realidad, la historia de Banca Cremi se remonta a 1905, con el antiguo Banco de Cananea, que daba servicio a los mineros de Sonora, según describe Javier López Cuellar en su tesis “ Modelo para la selección de la mejor alternativa de reestructuración financiera”.

Para 1982 Banca Cremi se ubicaba entre los 10 bancos más importantes del país. Pero en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari entró en el primer paquete de bancos a desincorporar, y en junio de 1991 pasó a manos de Grupo Empresarial de Occidente G.E.O y finalmente, en 1996 fue absorbido por BBVA Bancomer. En los hechos, regresó a sus creadores, pues Bancomer había sido fundado en 1936 por Raúl Baillères, Salvador Ugarte, Mario Domínguez y Ernesto J. Amezcua y Alberto Baillères es, actualmente, miembro de la junta directiva del grupo financiero.

Belisario y el clúster

En noviembre de 2015, Alberto Baillères recibió de manos del presidente Enrique Peña Nieto la máxima distinción que el Senado de la República da a un ciudadano: la medalla Belisario Domínguez, que se entrega “a los hombres y mujeres mexicanos que se hayan distinguido por su ciencia o su virtud en grado eminente, como servidores de nuestra Patria o de la Humanidad.”

El empresario, de 85 años, que según el proyecto aprobado btuvo la distinción “por su contribución a la generación de empleos, filantropía, e impulso a la educación y la salud”, exhortó a los legisladores y a la sociedad a seguir luchando contra las injusticias, como en su momento lo hizo el político chiapaneco. Uno de los 13 senadores que rechazaron la propuesta fue el panista Javier Corral (ahora gobernador electo de Chihuahua). Su argumento era simple: “Este no es el momento propicio para distinguir un perfil así en medio de profundas desigualdades, la enorme concentración de la riqueza en unas cuantas manos es el problema fundamental y estructural de México”, dijo.

En Chihuahua, Grupo Peñoles tiene 3 mineras: Bismarck, Naica y San Julián; a través de siete empresas subsidiarias, Baillères acumula 107 concesiones para explotar 354 mil hectáreas, lo que equivale a dos veces el territorio de la Ciudad de México.

Entre 2009 y 2015 las mineras de Baillères extrajeron oro equivalente a más de 200 mil millones de pesos. Pero sólo se quedó el 1.18 por ciento en el estado. Y en la Tarahumara, la región donde está la mina San Julián, mucho menos que eso. “Para uno como viejo no hay ningún beneficio”, insiste Manuel Velázquez.

El gobierno mexicano no lo ve así. Dos meses antes de que Baillères fuera condecorado, en septiembre de 2015, la titular de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano del gobierno federal, Rosario Robles, participó en la instalación del Comité para el Desarrollo Regional de Zonas Mineras de Chihuahua y ahí, acompañada del gobernador César Duarte, anunció que se canalizarían 241 millones de pesos para infraestructura, combate al rezago y pobreza en las comunidades que extraen minerales. El recurso, dijo, sería derivado de los impuestos mineros.

La promesa de apoyar a los pequeños y medianos mineros ha sido una constante de los últimos 80 años. Primero fue a través de la Comisión de Fomento Minero (Cofomi) que se creó en 1934; luego fue Minerales no Metálicos Mexicanos (un fideicomiso para fortalecer la participación de ejidos, comunidades rurales y pequeños propietarios); y finalmente se el Fideicomiso de Fomento Minero, un fideicomiso público sectorizado a la Secretaría de Economía del gobierno federal.

En 2008, el Fifomi autorizó un programa para el proveer una cartera de crédito mediante el impulso de clústeres mineros. Un clúster es una cadena de suministros de proveedores para las unidades mineras, con el propósito de que tengan, en un tiempo corto, todos los insumos necesarios para la actividad. Hasta 2013, sólo había clústeres constituidos en Zacatecas y Chihuahua, dos de los estados donde están las minas de Baillères. En 2014 nació el clúster de Sonora.

Aunque Baillères no puede considerarse un minero pequeño o mediano, tampoco es ajeno a estos instrumentos. El presidente del Clúster Minero de Zacatecas (Clusmin), por ejemplo, es Jaime Lomelín Guillén, un ingeniero químico que ha trabajado con la familia Bailléres desde hace 45 años y que fue Director General de Peñoles durante dos décadas.
Además, forma parte de la junta directiva de 14 empresas de Grupo BAL, el corporativo que aglutina a las empresas de la familia Baillères, entre ellas, la cadena de tiendas departamentales Palacio de Hierro; la aseguradora Grupo Nacional Provincial GNP; el Grupo de Salud Médica Móvil; la administradora de pensiones Grupo ProFuturo; la casa de Bolsa Valores Mexicanos (Valmex); el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM); Peñoles; y de reciente creación, Grupo Petrobal.

En 2008, el mismo año en el que Fifomi autorizó el programa para impulsar clústeres, Peñoles reestructuró sus operaciones mineras, que dividió en dos empresas: la de metales preciosos (oro y plata) y la de metales base (zinc, plomo, cobre). Para la explotación de metales preciosos se creó Fresnillo PLC. Peñoles tiene 77 por ciento de las acciones.

En todo caso, el programa no ha tenido la demanda esperada, según el informe de cuentas de Fifomi 2006-2012. A pesar de que en 2015 aumentó de 5 a 25 millones de pesos el crédito para las empresas y que este año el Fondo Minero entregará 444 millones de pesos a los alcaldes de 16 municipios que tienen actividades mineras (para obras sociales), la Cámara Minera de México (Camimex) asegura que las pequeñas empresa no están obteniendo los apoyos necesarios.

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De Naica a San Julián

Naica fue la primera mina en explotar plata, plomo y zinc en territorio mexicano. Sus primeras vetas salieron a la luz en 1794. Por muchos años, diversos grupos excavaron en la región, hasta 1962, cuando se cerraron las puertas para todos (excepto para Peñoles).

El 1 de enero del 2015 flujo extraordinario de agua proveniente de la estructura geohidrológica inundó todo: la mina, la plata, los cristales y el futuro de los habitantes de Saucillo, Chihuahua.

La empresa tenía una concesión para extraer más de 66 mil metros cúbicos de agua de un pozo a 200 metros de profundidad, según la investigación de Cartocrítica y Fundación Heinrich Böell.

El 21 de octubre de 2015, Naica cerró y Peñoles liquidó a 700 empleados. Según Fernando Alanis, CEO de Industrias Peñoles, a 200 de ellos se les trasladó a trabajar a la nueva mina de la empresa: San Julián.

Por el cierre de la mina Naica, el municipio de Saucillo dejó de recibir cerca de 8 millones de pesos del Fondo Minero. Hasta ahora el presupuesto de 2015 sólo contempla el encarpetado de cuatro calles como beneficio para la comunidad. Es lo que dejó la mina más vieja de México a la población de Saucillo.

A 400 kilómetros al sur de Saucillo, en Guadalupe y Calvo, industria Fresnillo invirtió 515 millones de dólarespara la exploración y construcción de la mina en la que, además del oro y plata, se encontró Coltán, un mineral conocido también como “oro azul” que sirve como conductor de energía eléctrica, tiene alta resistencia a la corrosión y se utiliza en la elaboración de productos de alta tecnología.

Ahí es donde empiezan los problemas. Las autoridades de Guadalupe y Calvo han comenzado a presionar a la comunidad de Chinatú, en donde se ubica un manantial considerado reserva ecológica, para que compartan el agua con otras comunidades cercanas. Sin embargo, los pobladores acusan de que comenzaron a contaminarse las salidas de agua. La Secretaía de Medio Ambiente y Recursos Naturales diagnosticó que todo está en regla, pero en Agua Amarilla, los indígenas han detectado un cambio del color en el agua, porque el agua comienza a llegar sucia de los trabajos que realizan en la mina, según denunciaron las autoridades indígenas en una reunión de gobernadores.

Ángela González concede la entrevista con la condición de que sea breve, porque ahora que debe atender una fábrica de tortillas de harina en su rancho, La Papa, no tiene tanto tiempo como antes. La Papa está ubicada a unos 20 minutos de San Julián. Es una comunidad rodeada de un paisaje majestuoso, como toda la Sierra Tarahumara, que lentamente ven morir sus habitantes.

“Era un rancho sencillo –dice-. Se alteró la manera de convivir. San Julián antes era un pueblito como La Papa y ahora el agua en el río está muy contaminada, de hecho antes la usábamos en tiempo de secas para lavar, para ir a bañarse uno. Ahora ya no sirven para lavar, está muy blanca, ya no la utilizamos”.

Este texto es una publicación de Pie de Página. Es una investigación de la Red de Periodistas de a Pie y fue realizada como parte de la Beca Mike O’Connor, del International Center for Journalist (ICFJ) y de la Iniciativa para el Periodismo de Investigación en las Américas, que ICFJ tiene en alianza con Connectas.

Texto: Ana Cristina Ramos y Patricia Mayorga

Fotografía: Mónica González y Arón Venegas - VER AQUÍ.

Fuente: Desinformémonos