México: pronunciamiento de la Red por la Defensa de la Tierra y el Territorio de Chiapas en el marco de la conmemoración del aniversario del día de la Resistencia Indígena

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, Octubre 12 de 2006.

A LOS EJIDOS Y BIENES COMUNALES DE CHIAPAS Y DE MÉXICO.
A LAS ORGANIZACIONES INDÍGENAS Y CAMPESINAS.
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN NACIONALES E INTERNACIONALES
A LA OPINIÓN PÚBLICADE MÉXICO Y DEL MUNDO.
AL RELATOR DE NACIONES UNIDAS PARA PUEBLOS INDÍGENAS.
AL RELATOR PARA PUEBLOS INDÍGENAS DE LA CIDH.
AL RELATOR ESPECIAL PARA MUJERES DE LA CIDH.
AL COMITÉ DEL PACTO INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS ECONÓMICOS SOCIALES Y CULTURALES.

PRONUNCIAMIENTO

En el marco de la conmemoración del aniversario del día de la Resistencia Indígena, los abajo firmantes, comunidades y organizaciones que integramos la Red por la Defensa de la Tierra y el Territorio” en el estado de Chiapas, hacemos de conocimiento público:

- Que, conscientes de nuestra raíz indígena como pueblo mexicano, reivindicamos la visión originaria, de que la Tierra y la Naturaleza son la fuente primaria de la vida, que nutre, sostiene y enseña. Son núcleo madre de nuestra cultura y nuestra identidad.

- Que como tal, la Madre Tierra no puede ni debe ser vendida como una mercancía, ni maltratada como un objeto cualquiera.

- Que por su defensa y restitución, lucharon y murieron miles de indígenas y campesinos, encabezados por el general Emiliano Zapata.

- Que, en contra de todo ello: de nuestras raíces; de nuestra historia y de nuestra supervivencia como pueblo, como comunidades y cómo país soberano e independiente, los distintos gobiernos neoliberales, desde 1992 a la fecha, han impulsado contrarreformas a nuestra Constitución Política, encabezadas por la contrarreforma al artículo 27° y la contrarreforma indígena, mismas que, obedeciendo órdenes de los poderosos órganos que mandan hoy en el mundo globalizado, favorecen y protegen los intereses de empresas multinacionales y del gran capital.

- Que son los intereses de ese gran capital y de su Dios: el Dinero, los que a toda costa pretenden la privatización de las tierras ejidales y comunales, y con ello, la apropiación de nuestras valiosos recursos naturales y de nuestros saberes.

- Que, de igual forma, son esos mismos intereses y los gobiernos a su servicio, los que buscan negarnos nuestros derechos como pueblos y comunidades, a la autonomía y libre determinación, buscando destruir nuestra soberanía alimentaría y nuestra vida comunitaria. Esos, y no otros, son los verdaderos propósitos de las contrarreformas constitucionales expresadas en la Ley Agraria y en la llamada Ley Indígena.

- Que para lograr lo anterior, el gobierno mexicano ha venido instrumentando -entre otros- los programas PROCEDE/PROCECOM, incurriendo en actos ilegales, engaños, presiones, amenazas, represión e incluso asesinatos, además de condicionar de forma chantajista obras, servicios y programas gubernamentales. Todo lo anterior significa la violación de los más elementales derechos colectivos de nuestros Pueblos, contemplados en distintos tratados internacionales como el Convenio 169 de la OIT, la Convención Interamericana de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la reeciente Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indios de la ONU, entre otros. Lo ha hecho incluso, violando impunemente la Constitución Política, y diferentes normativas y leyes nacionales vigentes.

- Que somos testigos directos de que, en esta estrategia de violación de derechos y de imposición ilegal, se encuentran coludidos los tres niveles de gobierno: federal, estatal y municipal, a través de sus distintas instancias como la Procuraduría Agraria (P.A.); el Tribunal Superior Agrario; la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA); el Registro Agrario Nacional (RAN); la Secretaría de Agricultura, Ganadería, y Recursos Pesqueros (SAGARPA); la Comisión Federal de Electricidad (CFE); la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT); la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR); la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL); las Delegaciones Regionales de los Gobiernos Estatales; las Presidencias y Agencias Municipales,. Así como los distintos partidos políticos, sin distinción.

- Que sin embargo, a pesar de toda esa estrategia de imposición, enmarcada dentro de las citada contrarreforma al Artículo 27 Constitucional y de la llamada Ley Indígena, encontramos que muchos son los pueblos que han resistido y están resistiendo, a todos esos embates del Estado, y que la mayoría de los que por diversas razones han aceptado el PROCEDE/PROCECOM, no han llegado hasta la aceptación de la certificación individual de parcelas y menos aún, al llamado dominio pleno que significa ya la privatización total de la tierra y de los recursos naturales. Esto muestra que es falso el discurso triunfalista del gobierno -basado en cifras manipuladas, que no corresponden a la realidad- cuando nos dice, que el 98% de los ejidos y comunidades, ya han aceptado totalmente dichos programas.

- Que lo anterior nos hace temer que, para el próximo sexenio, con un presidente ilegitimo y un gobierno totalmente entregado a los intereses de los organismos multilaterales (OMC-Banco Mundial) y de las corporaciones multinacionales, se profundizará la aplicación de estas políticas y programas individualizantes y privatizadores, independientemente del cómo se vayan a nombrar ahora.

Ante todo ello, como Red Estatal por la Defensa de la Tierra y el Territorio, ratificamos nuestro compromiso de:

a) Fortalecer la unidad y fortaleza comunitarias, a través de sus asambleas ,y prácticas solidarias, bajo una visión territorial y de autonomía, promoviendo –a la vez- la construcción de alternativas para el manejo y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, y para una producción agroecológica basada en la autosuficiencia local y la soberanía alimentaría, fomentando mercados regionales que rescaten el trueque como medio de intercambio.

b) Generar una intensa campaña de información y difusión, a niveles local, nacional e internacional, acerca de lo que han significado y significan, las contrarreformas anticonstitucionales: engaños, despojos, confrontación, destrucción del tejido social comunitario y discriminación (étnica y de género) a la vez que la destrucción, el saqueo, la contaminación y el envenenamiento de nuestros recursos naturales.

c) Realizar diversas acciones de carácter jurídico, nacionales e internacionales, que documentarán las acciones ilícitas cometidas por el Estado mexicano, en su afán de imponer estas contrarreformas, acompañando esto de movilizaciones sociales en nuestro estado y sus regiones.

Hacemos un llamado a todos los ejidos, bienes comunales, organizaciones indígenas y campesinas del estado y del país, a unirse a la lucha por la defensa de la tierra y el territorio, lo cual significa entre otras cosas, derogar las contrarreformas agraria e indígena de 1992 y 2001, recuperando el espíritu original del Artículo 27 Constitucional por el cual han muerto muchos miles de campesinos e indígenas de todo México, y, los compromisos establecidos en los Acuerdos de San Andrés.

¡LA TIERRA NO SE VENDE, SE TRABAJA Y SE DEFIENDE!

RED ESTATAL POR LA DEFENSA DELA TIERRA Y EL TERRITORIO

Movimiento de Resistencia Popular del Sureste de Petalcingo, Resistencia Civil de Benemérito de las Américas, Pueblos Unidos por la Defensa de la Energía Eléctrica (PUDEE), Colectivo Tsoblej-UNACH, Organización Campesina Emiliano Zapata (OCEZ), Organización Proletaria Emiliano Zapata (OPEZ-histórica), Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC- Jitotol), Sociedad Civil Las Abejas, ARIC–Independiente y Democrática, AUPSEC de San Andrés Tuxtla, Colectivo Feminista Casa de Apoyo a la Mujer Ixim Antsetik, Bats`il Yajval Lum de Palenque, Comité de Derechos Humanos de Napité Zona Indígena, Kichan Kichañob, Red de Defensores de Tila, Maderas del Pueblo del Sureste, Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, Fundación León XIII-CDC Chiapas, Movimiento de Resistencia Popular del Sureste(MRPS), Comité de Derechos Humanos Fray Pedro Lorenzo de La Nada, Frente Democrático Regional de Obreros y Campesinos(FEDROC), Organización Yomlej, Nuevo Amanecer de Chilón, Centro de Derechos Indígenas(CEDIAC), Movimiento Agrario Indígena Zapatista(MAIZ), Xi`nich, Antena Civil de La Selva, Enlace Comunicación y Capacitación, K’inal Antsetik, Foro para el Desarrollo Sustentable, Red de Comunicadores Boca de Polen, Melel Xojobal, Servicios y Asesorías para la Paz (SERAPAZ), Bienes Comunales de Nicolás Ruiz, Ejido Sitalá, Resistencia Civil del Ejido Aguacatenango, Ejido Emiliano Zapata de Marques de Comillas, Ejido Nueva Magdalena de Benemérito de las Américas, Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, Coordinadora Nacional de Pueblos Indios (CNPI); Antena Civil, Sociedad Cooperativa la Selva de Frontera.